El domingo a la noche concluyó definitivamente una práctica del coalicionismo argentino que mostró su rostro más nocivo durante la actual gestión del Frente de Todos: el loteo. Vigorizado por el imponente triunfo electoral del 2019, tres corrientes abastecen principalmente las carteras disponibles para funcionarios del nuevo gobierno. El kirchnerismo, encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el massismo, liderado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y un sector cuya composición comprendimos en profundidad una vez con Alberto Fernández a cargo del ejecutivo, y que es llamado comúnmente albertismo. El juego de aportes y concesiones durante la campaña se transformó, entonces, en una división de la torta administrativa: un ministerio para vos, otro para mí. Distribución que incluso se mostró heterogénea en las entrañas de estos ministerios repartidos. Así fue como, por ejemplo, Justicia -con Marcela Losardo- y Producción -con Matías Kulfas- recayeron en sujetos afines al presidente, Transporte -con Mario Meoni- y Desarrollo -con Daniel Arroyo- fueron a actores leales al líder del Frente Renovador e Interior -con Wado de Pedro- y el PAMI -con Luana Volnovich- pasaron a dirigentes de confianza de la expresidenta.
Esta hoja de ruta de la convivencia oficialista, inaugurada aquel 10 de diciembre hace ya tres años, culminó definitivamente en la noche del domingo. Mientras Estela de Carlotto unía telefónicamente al binomio presidencial enfrentado desde hace meses, media docena de manifestantes se agolpaban en la puerta de la Quinta de Olivos sin un reclamo identificable y Silvina Batakis era confirmada como nueva Ministra de Economía (por Twitter, ya que el barullo de los pocos manifestantes fue motivo suficiente para suspender una conferencia de prensa), crujía y se desmembraba la mencionada táctica del loteo que cimentó la lógica de los gabinetes del Frente de Todos.
La burocratización anexada a la labor de diferentes áreas del Estado se tornó en un crisol ideológico: kirchneristas, albertistas, massistas, activistas de movimientos sociales e independientes (¿los hay?) se pisaron entre sí al momento de debatir políticas públicas y aceitar los tiempos de gestión. El Frente de Todos quedó con un broche cohesionador el cual se centra en su rechazo a Mauricio Macri, Juntos por el Cambio en sí o la propuesta neoliberal de turno: el rostro del adversario puede variar (pero enfrentarlo en las urnas será cuesta arriba si se sostienen las disputas actuales).
Una historia de larga data
Repasemos algunos casos: posterior a la derrota en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 2021, dónde el oficialismo realizó una flojísima performance, los funcionarios de Pedro, Martín Soria, Luana Volnovich, Fernanda Raverta y Roberto Salvarezza, entre otros, pusieron su renuncia a disposición del presidente. Todos los que ejecutaron dicho proceso, responden a Cristina Fernández de Kirchner. Si bien gran parte de esas renuncias jamás se concretaron, fue una muestra a cielo abierto de que los hilos del gabinete no dependían únicamente de las manos del presidente de la nación. El eco de un “vaciamiento” quedó resonando como una posibilidad en caso de crisis de la alianza. CFK lo desmintió en diferentes oportunidades: decía que no repetiría la pésima convivencia que atravesó con su vicepresidente entre 2007 y 2011, refiriéndose al radical Julio Cobos.
Otro caso significativo es el de la vía navegable Paraná-Paraguay que obtiene el nombre de Hidrovía Sociedad Anónima a partir de su privatización en 1995. Con el Ministerio de Transporte a cargo de administrar la nueva concesión de la misma en el año 2020, con la posibilidad desde el Estado de hacer pié en ella y administrar con un modelo híbrido el sitio por dónde pasan el 80% de las exportaciones nacionales, los ministros Meoni y, tras su fallecimiento, Alexis Guerrera, mostraron poco interés en profundizar en el debate soberano por el Río Paraná. De hecho el propio Alberto Fernández auspicio extender vía decreto las concesiones a privados que venían del menemismo, y rezongando explicó que el Estado buscaría cobrar peajes como modo de intervenir tras dos décadas y media en su principal vía navegable, en el marco de una entrevista por Twitch con Pedro Rosemblat. Uno de los máximos referentes de la reivindicación por el activo rol estatal en el Paraná, Jorge Taiana, hoy Ministro de Defensa, debió rebajar su activismo en el área una vez incorporado a la administración. Sin embargo, la mayor militancia por incluso la estatización de la vía navegable provino de sectores mayoritariamente afines al kirchnerismo o a la rama progresista del FDT, que a la fecha siguen desencantados por el manejo “centrista” que se le dio a la cuestión.
Finalmente, tenemos el detonante de la salida del ministro de economía, Martín Guzmán, y el posterior descalabro que sacudió a la coalición durante todo el fin de semana, a partir de las dificultades por parte del economista de diseñar un plan que afecte y reconfigure a la política energética, sin encontrar resistencia desde funcionarios por debajo de su despacho. Administración de recursos, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la política de tarifas son pesos pesados de la cuestión pública cuyo eje pasa por el sector energético, en dónde Darío Martínez encabeza la Secretaría de Energía y Federico Basualdo la Subsecretaría de Energía Eléctrica. Dos adherentes al kirchnerismo en posiciones claves del área. La disputa tarifaria, ligada a la segmentación y a la quita de subsidios acordada con el FMI, era entonces un dolor de cabeza constante para Guzmán, quien jamás pudo coordinar esfuerzos y visiones con el dúo en cuestión.
Mediáticamente, trascendió que al otrora docente universitario se le obstaculizó todo proceso burocrático y técnico para consumar la segmentación pactada. Al mismo tiempo, sectores cercanos al kirchnerismo cuestionaron de Guzmán la falta de experiencia, sensibilidad social y muñeca política: como si interpretara con una fría calculadora lo que debía visualizarse con el corazón. Metáforas fuera, lo único cierto es que la tensión se volvió ralentización, luego frustración y, finalmente, motivó para que el ahora exministro confirmara su renuncia al cargo durante un discurso de Cristina Fernández de Kirchner: un funcionario que se basaba en la prioridad de normalizar la economía de un fluctuante país como la Argentina se encontraba dificultades puertas adentro de su propia oficina, en un quehacer cotidiano que se tornó inviable.
Podemos seguir sumando casos: nos horrorizamos con la siesta demócrata que permitió que Donald Trump engrosara la Corte Suprema estadounidense de conservadores, pero el gobierno actual se ha negado a siquiera asentar el debate por ocupar la vacante en la entidad equivalente a nivel nacional, tras la salida de Elena Highton de Nolasco: apostó a un proyecto por la ampliación de tribunal, de dudoso apoyo legislativo y cuyos principales auspiciantes, los gobernadores, manifestaron durante el caótico fin de semana su disconformidad con su baja influencia en el armado del gabinete.
La lista puede continuar con el Gasoducto Néstor Kirchner y la renuncia de Antonio Pronsato, quién encabezaba de la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto, a partir de las ralentizaciones en el avance de la obra que medios expertos en la materia identificaron como provenientes de la mencionada cartera energética. Dichas observaciones venían por el llamativo transitar con pies de plomo que funcionarios encargados de la administración de la construcción del gasoducto estaban aplicando a las licitaciones y logística requeridas, en base a un supuesto temor a la judicialización de lo que rodeaba a la obra. Aquello que de hecho se volvió realidad -con Pronsato ya afuera- no por una voz de la oposición sino por… el off que motivó la salida de Matías Kulfas del gobierno. Otro exministro que junto a Guzmán componían el riñón económico del albertismo el cual, en cuestión de semanas, quedó desierto.
Finalmente, una rareza de este cada vez más exótico (y frustrante) andar del Frente de Todos nos encuentra con el director del Banco Nación, Claudio Lozano, quién presentó una cautelar para que cesaran los pagos al FMI hasta que el Congreso de la Nación evaluara la legitimidad de la deuda tomada por la administración Macri. El funcionario, siempre desde adentro de la gestión, es un activista a tiempo completo contra las transferencias al Fondo y el legitimar la deuda en cuestión. Un caso insólito pero opacado por la baja influencia del dirigente en el gobierno y, más aún, por la contraposición al acuerdo exhibido en la propia arena legislativa por propios diputados del Frente de Todos, el más simbólico siendo Máximo Kirchner.
Un agrimensor que labure un domingo
El desglose de las aventuras de la familia frentetodista es avasallador como guión de comedia, desconcertante como plan de gobierno y frustrante para el análisis de aplicación de políticas públicas. Bien adelantó el periodista y economista Alejandro Bercovich sobre el panorama con el cual amanecerá la era Batakis: “Ahora cabe preguntarse ¿le responderán a la ministra los encargados cristinistas del área energética? ¿Coordinará mejor que Guzmán con el Central del albertista Pesce? ¿Y con la CNV massista? Otra vez, más que superministros falta un acuerdo sobre hacia dónde ir y cómo hacerlo”. El ejemplo podría venir de arriba, y quizás eso es lo que falla: no en vano una Abuela de Plaza de Mayo debió interceder para que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner intercambiaran un llamado. De allí para abajo, las parcelas en las entrañas de la gestión pública son administradas por recelo por el potencial adversario que yace en la oficina de al lado.
El loteo fracasó abismalmente. Acuerdos mínimos, políticas transversales y causas que igualen a los integrantes del oficialismo pueden ser materia prima para la reconstrucción del consenso. En una coyuntura que jamás jugó a favor del oficialismo -por factores impredecibles, como una pandemia, y por falencias propias, como la escalada inflacionaria y los salarios que no alcanzan- colocar en el norte a las necesidades básicas de la sociedad parece imprescindible. Decirlo es sencillo, de hecho suena a sentido común, pero en la práctica el gran armado oficialista del 2019 no puede dar más de un par de pasos hasta no caer en la discusión interna y en la frustración de lo inaplicable. Renuncia a dar batallas y se dedica a acumular poder por fuera y disputarlo adentro. Pensábamos que era al revés.
En esto de las parcelas, delimitaciones y fronteras ideológicas, bien le vendría al gobierno incorporar a unos cuantos agrimensores para delimitar, identificar y re-administrar el juego político interno. La convocatoria responde a que las entidades que podrían haberse encargado de ello, como la Jefatura de Gabinete del albertista Santiago Cafiero y del hoy decaído Juan Manzur, o la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo del enigmático Gustavo Béliz, brillaron por su ausencia al momento de administrar tensiones.
