El 15 de agosto de 2021, los talibanes se hicieron con Kabul, capital de Afganistán y último bastión del gobierno afgano apoyado por Estados Unidos. Las imágenes de caos en el aeropuerto y la desesperación de los afganos por huir del país quedaron grabadas en la retina de la opinión pública internacional. El mundo contemplaba con preocupación cómo Afganistán retornaba a escenas que parecían pertenecer al pasado.
Sobre todo para las mujeres y niñas afganas, este retorno de los talibanes después de veinte años significó un profundo retroceso en términos de derechos. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, muchas de ellas habían logrado acceder a la educación, al mercado laboral y a distintos espacios de participación pública. En los cinco años transcurridos desde entonces, buena parte de esos avances fueron desmantelados.
Entre 2001 y 2021, las mujeres afganas experimentaron avances sustanciales, aunque paulatinos e insuficientes, en materia de derechos civiles, políticos y sociales. Recuperaron el derecho al voto y se convirtieron en profesoras, deportistas y parlamentarias. Su creciente participación en la vida política y social afgana fue presentada ante la comunidad internacional como una de las principales expresiones del proceso de nation-building impulsado por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto no logró consolidar reformas suficientemente duraderas como para garantizar la continuidad de esos avances. Las instituciones construidas durante esas dos décadas conservaron importantes fragilidades, que quedaron expuestas con la retirada estadounidense y el rápido colapso del gobierno afgano en 2021. En palabras del general estadounidense David Petraeus, antiguo comandante de las fuerzas internacionales en Afganistán, Estados Unidos terminaría lamentando la decisión de retirarse. Petraeus sostuvo posteriormente que la salida estadounidense, que implicó también la pérdida de apoyo aéreo y logístico, contribuyó a debilitar la capacidad de resistencia de las fuerzas afganas.
Promesas de moderación
Antes de recuperar el poder, los talibanes intentaron proyectar hacia el exterior una imagen diferente de la que habían mostrado durante su primer gobierno. En febrero de 2020, Sirajuddin Haqqani, uno de sus principales dirigentes, publicó una columna en The New York Times en la que sostuvo que el movimiento había aprendido de los errores del pasado y expresó su disposición a alcanzar un acuerdo político que contemplara los derechos de los afganos, incluidas las mujeres.
Estas declaraciones fueron recibidas con escepticismo por buena parte de la comunidad internacional. A medida que los talibanes avanzaban sobre las principales ciudades del país durante 2021, Estados Unidos, la Unión Europea y distintos organismos internacionales observaron con creciente preocupación el deterioro de la situación. La caída de Kabul, el 15 de agosto, terminó por materializar esos temores: miles de personas intentaron abandonar Afganistán de manera urgente y, pese a los esfuerzos de evacuación realizados por distintos países, muchas otras quedaron atrapadas bajo el nuevo régimen.
Los talibanes desarrollaron una estrategia paradójica y contradictoria: mientras establecieron medidas altamente represivas en materia de política interna, realizaron esfuerzos por sostener vínculos y negociar con distintos actores de la comunidad internacional. Lejos de mostrar la versión moderada que habían prometido, profundizaron las restricciones sobre los derechos y libertades de las mujeres afganas. Este retroceso se hace evidente en el día a día de las mujeres afganas, progresivamente excluidas de la educación, del mercado laboral y de la vida pública, además de quedar sometidas a crecientes restricciones sobre su circulación, vestimenta y expresión. Entre las medidas más recientes, las autoridades talibanas incluso impusieron restricciones sobre la posibilidad de hablar o cantar en público. Este sistema de exclusión y subordinación ha sido caracterizado por especialistas, activistas y representantes de Naciones Unidas como una forma de apartheid de género.
En paralelo con este endurecimiento de la política interna, los talibanes buscaron reducir su aislamiento internacional y fortalecer sus vínculos con otros actores. China profundizó sus relaciones diplomáticas y económicas con Kabul, mientras que Rusia avanzó aún más, al convertirse en julio de 2025 en el primer país en reconocer formalmente al gobierno talibán. Otros Estados, aunque sin otorgarle reconocimiento oficial, también mantuvieron o ampliaron sus vínculos con las autoridades afganas.
De esta manera, cinco años después de la caída de Kabul, el régimen talibán continúa sin alcanzar un reconocimiento internacional generalizado, pero ha logrado establecer relaciones pragmáticas con distintos actores del sistema internacional. Esta situación contrasta con el endurecimiento de sus políticas internas y, particularmente, con las crecientes restricciones impuestas a las mujeres.
El futuro de Afganistán
Cinco años después del retorno de los talibanes al poder, la situación plantea un dilema difícil de resolver para la comunidad internacional. La falta de reconocimiento formal no ha impedido que el régimen profundice sus políticas represivas ni que, al mismo tiempo, amplíe sus vínculos diplomáticos y económicos con otros países. Esto abre el interrogante sobre hasta qué punto esa normalización puede avanzar sin exigir cambios concretos en materia de derechos humanos.
Para el pueblo afgano, y especialmente para las mujeres y niñas, esta tensión no constituye solamente un problema diplomático. Mientras los talibanes buscan consolidar su lugar en el sistema internacional, millones de personas continúan viviendo bajo un régimen que ha restringido de manera sistemática sus derechos y sus posibilidades de desarrollo. El desafío hacia el futuro será determinar si la apertura internacional del régimen puede convertirse en una herramienta de presión para modificar esas condiciones o si, por el contrario, terminará contribuyendo a consolidarlas.
Politólogos al Whisky 
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