Diciembre del 2022 fue el punto final a los 16 meses de gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien inesperadamente produjo el desenlace tantas veces proyectado a su gestión. En la mañana del 7 de diciembre se esperaba una nueva votación para remover al mandatario, que hasta ese momento no reunía los 87 votos necesarios para sacarlo del cargo. Por ende, era de esperar que continuara ejerciendo las funciones para las que había sido electo a mediados de 2021.
Sin embargo, contra todo pronóstico y sin mayor preaviso, Castillo optó por emitir un mensaje a la Nación anunciando un cierre del Congreso (no avalado constitucionalmente) y la imposición de un gobierno de excepción que gobernaría por decreto y reformaría el sistema judicial hasta que se pudiera volver a conformar el parlamento por la vía electoral. Automáticamente la oposición y los medios de comunicación calificaron su decisión como un golpe de Estado a la espera de que el resto de las instituciones democráticas respondieran para evitarlo.
Efectivamente esto fue lo que sucedió al nunca llegar a publicarse las medidas dadas a conocer por el expresidente y dando espacio en el interín a que los congresistas adelantaran la votación de la vacancia a la que – contrariamente a lo esperado en horas de la mañana – le terminarían sobrando 14 votos. A partir de entonces, Pedro Castillo fue detenido cuando, en teoría, se encontraba camino a la embajada de México en busca de asilo y se lo acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La democracia y sus salvaguardias constitucionales dieron salida una vez más a una crisis recurrente, pero no sin graves consecuencias. En las últimas semanas de 2022 tuvo lugar una serie de protestas a lo largo de todo el país (con un foco importante en el sur, más específicamente en las zonas de Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho). Los hechos dejaron más de una veintena de muertos en enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas (autorizadas a operar dentro del país al decretarse el estado de emergencia) y centenares de varados, turistas incluidos, hasta que se lograse la primera votación para adelantar los comicios.
Dos versiones de un mismo interrogante persisten entonces. ¿Cuál es la salida a un grado de inestabilidad tal que impide el avance del Perú? O bien, ¿hasta cuándo resistirán los mecanismos previstos para preservar el régimen democrático ante alternativas mucho peores? No hay una respuesta previsible a estas cuestiones, pero sí un deterioro progresivo en la situación que enfrenta el país después de cada vacancia. Pasando de una renuncia presidencial tras serias acusaciones de corrupción en 2018 al último intento de golpe de Estado, que hubiese tenido graves consecuencias de no haber sido evitado por el Congreso.
Cabe destacar que existe un abuso de parte de las autoridades (tanto ejecutivas como legislativas) de las herramientas provistas para resolver las diferencias entre ambos poderes del Estado. La fragmentación del sistema de partidos, la dificultad para reunir consenso en torno a leyes aprobables y la incapacidad de diálogo entre presidentes y congresistas ha llevado al constante uso de artículos constitucionales pensados originalmente para situaciones excepcionales. La cotidianidad de la discusión de sucesivas vacancias quita incentivos a la negociación política necesaria, con ambos poderes a la defensiva ante una amenaza constante.
Asimismo, la vacancia es una figura más bien asociada a un modelo parlamentario en que el primer ministro es removido del cargo al perder la confianza de su bancada en el parlamento. Perú, por el contrario, es claramente un sistema presidencial con el juicio político como herramienta para quitar del poder al mandatario de turno en caso de que cometa algún delito. No obstante, esta figura nunca ha sido siquiera considerada, dados los fundamentos de incapacidad moral con que la vacancia permite quitar de sus funciones al presidente.
Ahora Dina Boluarte como titular del Ejecutivo ya ha descubierto que no cuenta con el respaldo político ni popular para llegar hasta la finalización de este período de gobierno, a pesar de haber llegado al cargo como segunda vicepresidenta. Incluso el propio partido oficialista, Perú Libre, está dividido a la hora de apoyarla y Vladimir Cerrón (presidente del partido) ha considerado a su gobierno como una dictadura militar-parlamentaria después de no haber podido él ocupar la segunda vicepresidencia al estar sentenciado en causas de corrupción. Perú enfrentará en 2023 un camino riesgoso pero que debería aportar previsibilidad a su futuro. La mandataria ha presentado un proyecto para adelantar las elecciones al 2024 (pendiente de segunda votación en la próxima legislatura), en vistas de que le sería muy complicado entregar el gobierno dentro de tres años y medio. Llegar hasta la próxima votación ya será lo suficientemente difícil (ver Proyecciones 2023), mas no pueden existir atajos para reformar una democracia sin respuesta en su sistema de partidos. Establecer un modelo de primarias que reduzca la oferta electoral, consolide la representación y viabilice el diálogo es el objetivo para cerrar una década perdida.