Paz, guerra y democracia: la compleja situación de Centroamérica

Hace unos días, las imágenes del Congreso de Guatemala ardiendo conmocionaron a la comunidad internacional. Sin embargo, la historia y las tradiciones de los países centroamericanos están marcadas a fuego, donde lo que sorprende no es la violencia sino la ausencia de esta. En aras de comprender mejor lo vivido en Guatemala, el siguiente artículo propone tres ejes de análisis. Empezando por el nacimiento y gestación de las frágiles democracias luego del conflicto armado de los años ’80, se visitan las tensiones ocurridas en la actualidad. Para finalizar, se estudia el rol de los Estados Unidos en la política interna centroamericana y la influencia del hegemón en las cuestiones nacionales de los distintos países. 

La implantación de la democracia

En el año 1992, El Salvador fue el primer país en celebrar elecciones transparentes. Dos años después le seguía Nicaragua y, por primera vez en 30 años, Guatemala asistía a sus primeros comicios libres en 1995. Antes de analizar cómo estos países transitaron por estos procesos, es importante describir brevemente la situación en Honduras. Calificada de excepcional, la ausencia de guerra civil en Honduras se explica por su estructura económica. Como señala Torres Rivas (2007) la tardía injerencia militar de autocrática, se volvió populista – en el sentido peyorativo del término–, llevando a cabo una experiencia reformista agraria de la mano del pequeño campesinado que limitó el poder de los grupos de izquierda. Lo cierto es que esta experiencia no modificó el núcleo central de la economía extractivista hondureña, las plantaciones de banana. Así, los gobiernos militares de ese país, más que violentos se destacaron por la corrupción que significaba la aceptación de los sobornos dados por la United Fruit Co., quien designaba el militar a cargo, de acuerdo a sus intereses. En síntesis, a pesar de que Honduras no estuvo signada por las guerras civiles que atravesaron sus vecinos, esto no quita que no haya vivido una transición a la democracia igual que aquellos. 

La transición a la democracia en Centroamérica estuvo atravesada entonces por la paradoja de que las elecciones fueron convocadas por los mismos gobiernos militares cuando, además, los conflictos armados se encontraban en los puntos más álgidos. Podríamos decir, siguiendo a Torres Rivas (2007), que no se negoció el conflicto sino la paz. En este sentido, ¿qué factores posibilitaron la celebración de elecciones en medio de una guerra? El autor resalta dos puntos centrales. Por un lado, afirma que los gobiernos castrenses utilizaron los comicios como una estrategia contrainsurgente más. La guerra condicionaba la forma de identidad del régimen, permitiendo cambiar esa calidad y legalizar los métodos para la continuación del conflicto. El reclamo por la democracia de la izquierda guerrillera perdía vigencia dado que la puja ya no se daría con un gobierno autoritario sino con gobiernos civiles electos. Pero además, hay un segundo argumento que refuerza el primero y tiene que ver con la influencia de los Estados Unidos en el transcurso de todo el proceso. Para el autor, la llegada de la democracia en Centroamérica solo se explica en el marco del fin de la Guerra Fría. En sintonía con lo anterior, el cuerpo legislativo norteamericano votó los créditos militares necesarios para apoyar la contrainsurgencia cuando El Salvador eligió a Duarte, la ayuda económica llegó a Guatemala cuando se legitimó el gobierno de Cerezo y la conformación de los Contras en Nicaragua, confirma la hipótesis de que la ayuda norteamericana estaba ideológicamente condicionada: para el resto de América Central la ayuda se limitó a los gobiernos legítimos, negándose a considerar la calidad democrática del régimen revolucionario nicaragüense. 

Estas democracias nacidas del seno de las guerras contemporáneas americanas más crueles son categorizadas por Torres Rivas como escenarios protodemocráticos, donde la rutina electoral es necesaria pero insuficiente para construir una democracia moderna. Estos escenarios buscaron ser superados con la implantación de una estructura político electoral y un fluyente apoyo político y financiero de la comunidad internacional. Sin embargo, de acuerdo al analista, el resultado en estos países fue un régimen electoral que no va más allá del mínimum electoral de la democracia liberal. 

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Las elecciones no fueron suficiente

Luego de los Acuerdos de Paz que sellaron el conflicto armado, los gobiernos producto del proceso antes descrito, no sólo se lanzaron a la difícil tarea de gobernar una sociedad que todavía no se había transformado culturalmente, sino que inmediatamente las tendencias internacionales presionaron a las recién llegadas democracias a la reforma del Estado mediante los postulados del Consenso de Washington. Este paquete de medidas económicas significó una reducción de la presencia estatal, el impulso de una legislación laboral más flexible, una mayor apertura de los flujos financieros, una privatización de los servicios públicos, entre otras. 

La implantación democrática y la difícil situación económica producto del modelo económico neoliberal, impactaron con gran dureza en los últimos años. Es así cómo es posible ver un conjunto de tensiones que florecen en las democracias centroamericanas. 

El primer gran cimbronazo data del año 2009, cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya fue desplazado de su cargo mediante un golpe de Estado. Zelaya buscaba reformar la Constitución para poder ser reelecto cuando las fuerzas armadas en conjunto con el poder legislativo detuvieron al presidente, obligándolo a exiliarse. Ante este hecho, la Organización de los Estados Americanos instó a la normalización democrática del país y el Banco Interamericano de Desarrollo así como la Unión Europea suspendieron sus créditos hasta que la situación recuperara su cauce constitucional. Sin embargo, cuando se le cedió el poder a Porfirio Lobo, un político de derecha que había participado de los comicios del 2009 por el Partido Nacional de Honduras, los Estados Unidos rápidamente reconocieron su legitimidad y fue seguido por distintos países latinoamericanos, como Colombia y Perú. En ese reconocimiento se sepultó el reclamo en favor de Zelaya. El sucesor de Porfirio Lobo fue Juan Orlando Hernandéz Alvarado del mismo partido, quien continúa en su cargo. Es necesario recordar que esta figura realizó la modificación constitucional que Zelaya buscaba llevar a cabo pero, en esta oportunidad, el Partido Nacional de Honduras contó con el apoyo del Poder Legislativo y del Tribunal Supremo Electoral. Con posterioridad, las elecciones del año 2017 fueron categorizadas como fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional y el régimen democrático perdió todo atisbo de legitimidad. Juan Orlando Hernández iba perdiendo en los comicios cuando se cortó la luz. Al regresar, los números lo mostraban como el vencedor de las elecciones. Múltiples protestas surgieron en todo el país, pero ningún poder cuestionó la validez de las elecciones (Salomón, 2018). 

Luego de la situación en Honduras, siguieron las conmociones en Nicaragua. En el año 2018, la población se volcó a las calles cuando, mediante un decreto presidencial, Ortega buscó modificar el sistema de seguridad social. El conflicto social fue duramente reprimido, inclusive uno de los pocos medios críticos al régimen, el Confidencial, sufrió literalmente la ocupación de su edificio, el cual continúa todavía bajo el poder del presidente. La centralización de las decisiones en la pareja presidencial conformada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo; la subordinación de los demás poderes estatales al Ejecutivo; el abandono del Estado de derecho y la restricción progresiva de los derechos fundamentales, especialmente el derecho al voto, la libertad de expresión y la libertad de movilización son las características que se resaltan de la situación actual (Cuadra Lira, 2018). 

En este contexto, lo que llama la atención no es la explosión de Guatemala recientemente, sino por qué tardó tanto en implosionar. Una posible explicación de la resistencia de la democracia guatemalteca viene dada por la actuación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta comisión, que fue conformada a pedido del país, tenía como objetivo ayudar a fortalecer el sistema de justicia. Se pensaba que una comisión internacional sin intereses políticos o criminales locales no solo podría investigar la corrupción, sino también proteger a los socios locales y sostener una nueva generación de investigadores, policías y jueces. Efectivamente, la comisión de la CICIG comenzó desde arriba, investigando a fiscales y directores de policía. Y funcionó. En una década de trabajo constante con la oficina del Fiscal General, la CICIG desmanteló las estructuras criminales y eliminó redes corruptas de policías y funcionarios gubernamentales. Más audazmente, en 2015, la CICIG acusó al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti de encabezar una red corrupta dentro de la administración aduanera. Ambos terminaron en prisión (Dada, 2020). También, a instancias de la CICIG, el Congreso aprobó una reforma electoral que impuso restricciones al financiamiento de campañas, abriendo efectivamente la puerta a una legislatura más plural. Las investigaciones contra la financiación ilícita de campañas llevaron a la cárcel a miembros de la élite económica. 

Como señala Dada (2020) este fue el principio del fin de la CICIG. Los guatemaltecos más acomodados comenzaron a hacer lobby en Washington para disminuir el apoyo bipartidista del Congreso a la comisión. El republicano Marco Rubio inició una campaña contra la CICIG y el presidente guatemalteco Jimmy Morales declaró a Iván Velásquez, el jefe de la comisión, persona non grata. En 2019 el gobierno de Morales puso fin al acuerdo con la ONU y la CICIG fue desmantelada. En ese marco, junto con la llegada al poder de Giammattei, los hechos del mes pasado se tornan mucho más comprensibles. 

El último caso de análisis es El Salvador. Luego del conflicto armado, el Frente Martí de Liberación Nacional (FMLN), se transformó en un partido político, el cual tenía capacidad para competir en los comicios electorales. Es así como desde el año 1992, el Partido Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA) ubicado a la derecha del espectro ideológico y el FMLN en la izquierda, fueron ocupando la silla presidencial. La llegada a la presidencia de Nayib Bukele, por el partido Nuevas Ideas, es el resultado de los vergonzosos escándalos de corrupción de los cuales fueron parte ambos partidos políticos tradicionales. La cobra de coimas, las negociaciones con los grupos mareros en contraposición al empeoramiento de las condiciones de vida de la población, llevaron al intendente de San Salvador a ocupar el puesto más alto de la política salvadoreña. Sin embargo, el estilo autoritario de liderazgo de Bukele ocultado por el marketing político y la catarata de tweets mediante los cuales gobierna, pone en riesgo una democracia que día tras día se va desmantelando. 

Para sostener esta hipótesis, es posible recordar dos hechos claves de la gestión de Bukele (que sólo lleva un año). En primer lugar, es posible traer a colación la compleja situación que se vivió en el mes de febrero cuando Bukele amenazó con cerrar el Congreso si el mismo no aprobaba el pedido de créditos internacionales para la tercera fase del Plan de Control Territorial –la estrategia de seguridad y combate a las maras del presidente–. El presidente ingresó al Congreso con el Ejército y luego de retirarse a rezar sostuvo que Dios le había pedido que sea paciente. El segundo hecho que muestra la tensión que se vive en El Salvador fue un tweet del presidente Bukele desobedeciendo las sentencias de la Corte Suprema contra sus decretos de emergencia, que incluían medidas que permitían a la policía detener a personas en las calles por violar la cuarentena: “Cinco personas (los jueces de la Corte Constitucional) no decidirán la muerte de cientos de miles de salvadoreños”, escribió. Sus acciones han recibido la condena de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como del Defensor del Pueblo salvadoreño (Dada, 2020). 

Por último, Bukele ha atacado recientemente al medio periodístico el Faro, por revelar una serie de documentos que permiten afirmar el diálogo del equipo presidencial con los principales grupos mareros de El Salvador. A pesar de toda esta situación, una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), mostró la increíble popularidad del presidente, quien podría obtener la mayoría en el Congreso el próximo año y así lograr avanzar con sus acciones autoritarias. 

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El rol de los Estados Unidos 

En el primer apartado se afirmaba que el rol de los Estados Unidos en la implantación de la democracia centroamericana había sido clave. En este sentido es válido preguntarse qué motivos llevan a que los Estados Unidos continúen dando el apoyo a personas como Juan Orlando Hernández o Nayib Bukele. Lo cierto es que el mantenimiento de los cuestionables gobiernos centroamericanos ha sido una válvula de escape frente a uno de los temas prioritarios del hegemón hacia la región: la inmigración. Este tema, que tiene vigencia desde al menos la presidencia de Bill Clinton con la Ley de Reforma del Inmigrante y la Responsabilidad del Inmigrante del año 1996, se securitizó muy especialmente con la llegada de Donald Trump al poder. Así, los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) firmaron el Acuerdo de Asilo o de Tercer País Seguro que implica que los centroamericanos que busquen pedir asilo en Estados Unidos, deberán hacerlo primero en sus países vecinos. Inclusive la inminente salida de Trump no ha frenado estos acuerdos, a pesar de que Biden afirmó que no los comparte y la caravana de migrantes que antes se veía en las fronteras mexicanas, hoy en día se pueden ver en Guatemala. 

Mientras Estados Unidos no cambie su posición con respecto a su primer anillo de seguridad, mientras que no fomente el desarrollo de una democracia sustantiva en estos países, mientras que se sigue entrometiendo en los asuntos internos de los Estados securitizado conflictos de índole social, no es posible esperar resultados diferentes. Porque como indica Torres Rivas, no es viable hablar de democracia sin un Estado. La democracia electoral, al ejercitarse en una sociedad cruzada por profundas desigualdades sociales, heterogeneidades estructurales agudas, grandes contrastes culturales, hace que el Estado se acomode a esa realidad y produzca resultados en esencia contradictorios con los principios mismos de la democracia (Torres Rivas, 2007). Sin un cambio sustantivo de la política exterior de los Estados Unidos hacia la región, donde el hegemón deje de planificar en base a sus intereses de Estado y se comporte como un proveedor de bienes públicos globales que contribuyan a la solidez de los Estados centroamericanos, es probable que el resto de la comunidad internacional deba acostumbrarse a congresos –e instituciones y sociedades– on fire

Escrito por

Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR) Periodista internacional para El País Digital y Conclusión. Conductora del programa Café Internacional. Docente y apasionada por la cultura

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