Análisis de los Acuerdos de Paz con las FARC y los desafíos actuales que este plantea.

Los especuladores del futuro incierto que imprime el contexto actual de Colombia permite preguntarse si los polémicos “Acuerdos de Paz” entre el Estado y las FARC realmente marcaron un precedente o solo es una fachada en el cual se pueden distinguir las diversas fallas de la consolidación del proceso que acarrea al país desde los años sesenta. 

Por el 2016 la comunidad internacional festejaba vigorosamente y consagraba al presidente Juan Manuel Santos como el promulgador de la Paz mundial, galardonando al mismo con el Nobel en el rubro de la Paz. Lejos de eso, el panorama colombiano se encuentra sumido en un contexto en el cual la veracidad de los acuerdos consagrados se ponen en duda y la comunidad internacional empieza a ver con recelo procesos que llevan más al retroceso que a la consolidación del plan original colombiano. 

Los principales puntos del acuerdo de La Habana en 2016 se resumen en seis puntos fundamentales; En primer lugar la consolidación de una Reforma Rural Integral (RRI) colombiana, en la cual se busca la transformación del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural. Esta se reduce en reformar las políticas para el acceso y el uso de las tierras, promover Planes Nacionales para la erradicación de la pobreza de la población rural, establecer un sistema para la garantía del derecho de la alimentación de la población rural y por último, la consolidación de un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

El segundo bastión de los acuerdos se basa en la Participación Política y la apertura del sistema democrático para la inclusión de los ex combatientes de la FARC. Esto se da a través de la creación de una Comisión para definir los lineamientos para defender y promover el reconocimiento de los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política. Por otro lado, se prevé un desarrollo gradual de la inclusión de nuevas coaliciones políticas en el sistema colombiano a través del establecimiento de mecanismos democráticos para la participación ciudadana, basados en el pluralismo, la libertad, el acceso a la información, el desarrollo de los medios de comunicación sin censura y la paz de los connacionales. 

El punto tres es el más importante ya que habla del Fin del Conflicto, a través de la ratificación del Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas. En este se establecen los protocolos para poner en funcionamiento ambos tratados a través de un procedimiento coordinado de las Fuerzas Armadas colombianas y en conjunto con las cabezas de las FARC. En este también se plantea la incorporación de las FARC – EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político por medio de un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio que considerará los intereses de la comunidad en su conjunto. 

El apartado cuarto del Acuerdo se basa en la Solución al problema de las drogas ilícitas. En este, se da las instrucciones para la intensificación de la lucha contra el narcotráfico y una estrategia combativa para el cultivo, la producción y la distribución de las drogas a manos de las FARC. 

El quinto punto se basa en el Acuerdo sobre las víctimas en el conflicto, para un posible desarrollo de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este plan se basa en un proceso en el cual anhela recomponer una parte de la historia colombiana recuperando y poniendo a disposición de la justicia el debido proceso para consolidar la justicia de los afectados por el flagelo de la guerrilla. Este Sistema se da a través de tres agencias excepcionales creadas específicamente para combatir esta problemática; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción para la Paz. Cada una cuenta con atributos propios y mecanismos únicos que contribuyen con el Poder Judicial para el cumplimiento de la justicia en el contexto de la guerra. 

Y por último, los procesos y los marcos de implementación de los acuerdos incorporados desde el 2016 a través de la creación de la Comisión de Implementación y Seguimiento para dar por efectivo los puntos anteriormente planteados. 

Extrapolando los puntos que presentan valores alentadores para la sociedad colombiana y del resto del globo con la actualidad se denota un declive en los procesos de consolidación ya sea de la paz efectiva, como de la reincorporación de la sociedad en la vida pública / política y los planes para la reestructuración económica de las zonas rurales del país cafetero. 

En la actualidad, tres años después de los compromisos adquiridos en La Habana, se vive un retroceso que hizo que tres mil guerrilleros retomen la vía armada para combatir las dificultades del sistema colombiano, sumado al cambio de gobierno en el cual el presidente Duque, expresó la necesidad de reformular el Acuerdo. Por otro lado, se ve un abandono y un deterioro notable de las zonas rurales en las cuales se prometió la Reforma Agraria y un desarrollo sin precedentes. Parece ser, que este desarrollo se quedó estancado en decisiones políticas. 

Por otro lado, una comitiva enviada por la ONU supervisó el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los acuerdos y los resultados de la misma son poco alentadores, en primer lugar, se expresó que al menos 500 activistas y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia. Eso afecta uno de los principales objetivos del acuerdo: brindarles seguridad y estabilidad a los ciudadanos. Se constituye un proceso en el cual la violencia viene en incremento constante frente a la pasividad de un gobierno que no ha sabido tener la cintura política ni el planeamiento estratégico para la erradicación efectiva del conflicto en el Estado. 

Las Fuerzas Armadas Colombianas y el gobierno en curso se debaten un nuevo paradigma, en el cual el tumulto y complejo contexto político social pone en jaque los avances a la consolidación de la paz. 

Donde muchos críticos de la administración actual sostienen que este último es cómplice de los retrocesos y las obstrucciones de un planeamiento que acompañe la ratificación del acuerdo, este se encuentra con la necesidad de estructurar una estrategia y un planeamiento para el apaciguamiento del conflicto que acompañen los ideales porque en este camino, las palabras se quedan sin su operacionalización y no se prevé un mejoramiento en la condición de la nueva realidad colombiana, con las FARC incluida en el cálculo de la seguridad interna del país.