El pasado 29 de agosto, el panorama internacional se sacudía con la noticia de que Iván Márquez, ex líder de las FARC, llamaba a retomar la lucha armada en el país cafetero, aludiendo de que los Tratados de Paz habían sido traicionados por la presente gestión presidencial (lease Colombia: el largo camino hacia la paz).

Tal como se expresó, pareciera que los Acuerdos de Paz colombianos se sostienen por un hilo demasiado fino que dependen de la predisposición de los ex guerrilleros de poder acatar con las implementaciones que estos pregonaban. 

Pasada la efervescencia post video donde se veía a Márquez alegar que retornaban a la selva y al rearme de la guerrilla, se puede dilucidar que las FARC se encuentran involucrados en dos estadios completamente antagónicos y fructíferos para la organización: siendo un partido político reconocido por el gobierno colombiano y una facción armada que se basa en el narcotráfico para su subsistencia. 

Frente a esto, la administración Duque se encuentra en un dilema frente al planteamiento de la seguridad nacional y como saldar los daños producidos por un acuerdo que parece poco eficiente a 3 años de salir implementado. 

Ahora bien, se puede deducir que los famosos Acuerdos de la Paz de La Habana en 2016 tenían falencias desde su concepción. En primer lugar, nunca se tuvo una opinión homogénea o en su defecto mayoritaria de la población con respecto al aprobarse los pactos. En este sentido, a pesar de que no hayan tenido el apoyo ciudadano el partido FARC obtuvo escaños en el Congreso, tal como lo expresaban en las cláusulas de lo firmado. Por otro lado, desde el momento que Santos celebraba su Nobel de la paz por lo conseguido, nunca se terminaron de especificar los mecanismos de implementación del acuerdo y más importante cómo controlar la parte del narcotráfico que le da vida a la guerrilla. 

Con estos falencias fundacionales, sumada a que la gestión Duque no favoreció a la conjunción de los esfuerzos para la “normalización” de la cuestión FARC, el retorno a las armas llama a la nación y en especial a sus dirigentes a un nuevo desafío para la consolidación, no de la paz (que en palabras sencillas parece imposible) sino del apaciguamiento y de la contención de los disidentes de la normalidad social de Colombia.

Se lo acusa a Duque de entorpecer las relaciones con la ex guerrilla en el sentido que obstruye el desembolso de subsidios que iban a los ex combatientes y de promulgar la sanción de leyes que solicitaban castigos más severos a los miembros de la FARC acusándolos de crímenes de guerra. 

Por otro lado, se habla de una “matanza sistemática” y “abandono” de los ex guerrilleros ya que por fuentes de ONU, unos 140 han sido asesinados. Por otro lado, se habla de que 13.000 guerrilleros viven en las Zonas de Integración (barrios creados para ex miembros de la FARC) y que las condiciones de vida en esas residencias son deplorables acusando al gobierno de abandono e incumplimiento de las cláusulas de “integración ciudadana” de los colombianos dispersos en la selva. 

Para Márquez el único camino que tiene la sociedad colombiana para la reestructuración social y una reconciliación de los poderes estatales con la guerrilla es la “derrota a los oligarcas de siempre que han impuesto a las mayoría la represión para mantener sus privilegios, sumiéndose en una guerra fratricida”.

En contraposición, los efectos internacionales no se hicieron esperar frente a los anuncios y la reconfiguración de la guerrilla colombiana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó la alerta naranja en la frontera con el país cafetero lo que implicó la militarización de la misma. Y frente a esto, la tensión entre ambas naciones inició un proceso de aumento cargada de acusaciones de querer iniciar un conflicto armado entre los dos Estados conforme a la amenaza del rearme de la FARC. 

En este sentido, los esfuerzos por un Acuerdo forzoso en su momento, quedan tambaleando ante los sucesos que sacuden no solo los pactos, sino que amenazan la institucionalidad y la gobernabilidad del Estado cafetero. 

Es por eso que el panorama colombiano se ve más oscuro que nunca, con una gestión que entorpece o no acompaña lo establecido en los Acuerdos, Colombia se encuentra en el dilema de poder encaminar y encauzar la cuestión FARC en marcos legales que cuenten con garantías para la sociedad y para aquellos que realmente están dispuestos a luchar por la tan ansiada y anhelada paz y que de respuestas ante la inminente subversión de los disidentes que atentan con la vida de la población y la nación.