Tras los eventos desatados por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, Perú cierra 2022 sumergido en su latente crisis de gobernabilidad, que no logra controlar desde la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018. El próximo año se espera que, en el corto plazo, el Congreso realice la segunda votación para aprobar la reforma constitucional que permita el adelanto de elecciones, a llevarse a cabo recién en abril de 2024.

Cabe destacar que los legisladores ya aprobaron la primera votación requerida para el adelanto de elecciones durante la sesión del 20 de diciembre, por una mayoría especial superior a los dos tercios como es requerido. Sin embargo, éste probablemente sea el único punto de consenso surgido de las manifestaciones ocurridas a lo largo del país. Todo lo contrario ocurre sobre la propuesta de Asamblea Constituyente que impulsa el partido oficialista Perú Libre, o al menos algunas de sus fracciones, ya que hasta el momento requiere un referéndum a ser convocado por el Ejecutivo, con previa autorización legislativa.

Si bien el escenario se presenta complejo, también abre la oportunidad a una serie de cambios que den certeza a la vida democrática del país en el mediano a largo plazo. El futuro peruano depende de una resolución entre las herramientas presidencialistas y parlamentarias mezcladas en su Constitución, que hoy permiten remover mandatarios pero dificultan una rápida transición del poder (por la anticipación requerida para la convocatoria a elecciones — 270 días — y la rigidez respecto de la fecha de asunción, prevista para el 28 de julio). 

Asimismo, los comicios 2021 demostraron la necesidad de atender a la debilidad del sistema de partidos que presentó 18 listas de candidatos, resultando en un grave fraccionamiento del Congreso e impidiendo hoy todo tipo de consensos. Lo anterior representa otro motivo para dar tiempo antes de volver a las urnas, de forma tal que se pueda poner en práctica un sistema de primarias que reduzca la oferta electoral de cara a la votación general. Léase entonces que los tiempos de las reformas necesarias no coinciden con la urgencia de la población y manejar el clima social será clave los próximos 12 meses, hasta al menos poder dar lugar a la campaña electoral. 

Las instituciones están resistiendo lo que el sistema electoral no logra ordenar, por lo que poner en práctica estas modificaciones y asegurar su cumplimiento, tanto como el nombramiento de candidatos en todos los cargos de la línea de sucesión, es el camino a emprender durante 2023. Sentar las bases del próximo período de gobierno es tarea de la presidenta Dina Boluarte y los 130 parlamentarios, si el gobierno que se espera asuma en 2024 tiene pretensiones de cumplir con los cinco años previstos constitucionalmente. Armonizar la gestión de autoridades en el Ejecutivo, dar tiempo al mandatario de turno para cumplir con lo que propone y respetar los períodos de gestión — desde la base de un mayor respaldo popular y un parlamento menos atomizado — permitirá poner fin a la disputa política y volver a pensar en el desarrollo. Perú se encuentra al principio de un largo camino, pero si consigue esto luego podrá pensar en una reforma constitucional seria y con propuestas claras, si así lo considera el pueblo.