Orígenes

El pasado 15 de abril el presidente colombiano Iván Duque anunció un proyecto de reforma fiscal bajo el nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible” que desató manifestaciones en todo el país. Este proyecto pretendía ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

Además, buscaba cobrar el Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos de primera necesidad (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos. Como también añadir un “impuesto solidario” a los mega ricos.

“Colombia es el tercer país de la región con el peor manejo de la pandemia”

Sin embargo, el proyecto de reforma tributaria no fue la única razón de las protestas. El desacuerdo hacia el gobierno por sus políticas económicas y sociales se viene cultivando desde fines del 2019, y este rechazo se vio agravado por la pandemia. Un reciente estudio realizado por el COLMEX posicionó a Colombia como el tercer país con el peor desempeño para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Algunos sectores de la población también señalan que la salida a las calles tiene mucho que ver con el retraso de las campañas de vacunación masiva que había prometido el gobierno nacional. Hasta la fecha, menos del 10% de la población ha recibido la primera dosis.

El jueves 23 de abril el Ministerio de Salud anunció que Colombia alcanzó los 2.740.544 casos de contagios por Covid-19, de los cuales, 105.254 se encontraban activos. Según Mariano Sánchez, investigador y coautor del informe del COLMEX, la falta de acceso a pruebas y el hacinamiento en los hogares y el transporte público fueron factores determinantes en el aumento de contagios en la población más vulnerable. “Todos estos elementos se suman como evidencia de que los más pobres estuvieron más expuestos al virus”, afirma Sánchez.

Protestas y Fuerzas Militares

Las manifestaciones comenzaron el pasado miércoles y se extendieron por todo el país. A pesar de que la mayoría de las protestas se realizaron de forma pacífica, el Gobierno de Duque decidió militarizar las calles. Afirmando también en una declaración en la Casa de Nariño que se apoya en las Fuerzas Militares para controlar los disturbios ocurridos en las distintas ciudades: “La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un algo riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población, está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá”, expresó Duque. Diego Molano, el Ministro de Defensa, afirma que los hechos de violencia son organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC.

Las protestas continúan en Bogotá, Medellín y Barranquilla, aunque la situación más preocupante se vive en Cali. La ciudad está militarizada, la violencia policial continúa y los disturbios y bloqueos en los comercios están provocando el desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Violación a los DDHH

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) ha expresado “profunda alarma” por la violencia en la ciudad colombiana de Cali. Afirmando también que la policía abrió fuego contra las personas que participaban en las protestas de manera pacífica.

En una conferencia en Ginebra, la portavoz María Hurtado recordó “a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de la persona, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”. La Unión Europea también se unió a este reclamo pidiendo a las fuerzas de seguridad evitar una respuesta de mano dura y condenando la violencia ocurrida en las calles de Colombia.

La Defensoría del Pueblo colombiana anunció que al día de hoy hubo al menos 19 muertos, 846 heridos y que la policía detuvo a 431 personas. También agregan: “la Defensoría, como representante de los derechos ciudadanos, solicita que se adelante la construcción de espacios de diálogo entre el gobierno y los distintos grupos sociales, con el fin de buscar acercamientos y llegar a puntos de entendimiento que solucionen la actual problemática nacional”. Tanto la oposición como las organizaciones de derechos humanos acusan a la policía de disparar directamente contra civiles.

El domingo el presidente Iván Duque ordenó retirar la propuesta de reforma tributaria, aunque afirmó que presentará un nuevo proyecto. Y el lunes Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, renunció a su cargo asegurando “mi continuidad en el gobierno dificultará la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”.

Aun así, las protestas continuarán, organizaciones y sindicatos convocaron a un nuevo paro nacional este miércoles 5 de mayo reafirmando que los manifestantes están exigiendo mucho más que el retiro de la reforma fiscal. El rechazo hacia la política económica y al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque se establecen como el enunciado de las manifestaciones que persistirán en Colombia.