Los cinco magistrados que ocupaban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador fueron destituidos en un procedimiento express en el primer día que la Asamblea bukelista tomaba posesión. Minutos después también destituyeron al Fiscal General de la República. 

¿Qué sucedió? 

El 1 de mayo iba a ser un día tranquilo y protocolar en El Salvador. Los nuevos miembros elegidos en las elecciones democráticas de Febrero, tomarían posesión de sus cargos en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en el transcurso del día, una serie de eventos fueron generando más preocupación sobre la institucionalidad democrática. 

En primer lugar, la diputada Suecy Callejas Estrada, elegida como primera vicepresidenta de la Junta Directiva del órgano legislativo, presentó una pieza de correspondencia para la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los argumentos presentados para avalar tal medida se remontan a los hechos de agosto del 2020, cuando este órgano buscó limitar los decretos sobre circulación establecidos por Nayib Bukele. En este momento, Bukele advirtió “Salvás mil vidas a cambio de cinco”. Era un sentencia. 

Para el oficialismo, se obstaculizó el trabajo del Ministerio de Salud, comportándose además la Sala de lo Constitucional como un “Súper Poder” en tanto pretendía establecer regulaciones arbitrarias y discriminatorias que violaban la separación de atribuciones y competencias de los órganos del Estados, especialmente del Ejecutivo.

Luego de la destitución, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la medida, sosteniendo tres argumentos: violación de la independencia judicial, incumplimiento de las garantías e invalidez de los causales de destitución. Frente a esto, Bukele respondió mediante Twitter con un tono claramente burlón. 

Siguiendo la vorágine, minutos después – literalmente se dieron cinco minutos para revisar los perfiles– eran designados los nuevos miembros: Óscar López Jerez, Elsy Dueñas, Javier Suárez, Héctor García y José Ángel Pérez. Pero la jornada no terminaría ahí, a continuación la nueva Asamblea también destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, para reemplazarlo por Rodolfo Delgado. 

¿Cuáles fueron las respuestas internacionales? 

Desde los Estados Unidos las respuestas no tardaron en llegar. Tanto mediante los miembros de la Oficina de los Asuntos del Hemisferio Occidental como son Juan González y Julie Chung , así como por el mismo Secretario de Estado Antony Blinken, las muestras de descontento por las decisiones tomadas en la jornada de ayer se hicieron presentes. 

Asimismo, múltiples organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil se manifestaron en contra de lo sucedido en el día de ayer. Entre ellas se puede encontrar: Diego García Sayán , relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados; Paulo Abrao, defensor de Derechos Humanos; José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch; Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente, con bastante demora, Organización de los Estados Americanos. 

Frente a todos estos pronunciamientos, Bukele explicó que están limpiando su casa y que esa tarea no es de incumbencia internacional. 

¿Qué impactos pueden tener estas decisiones? 

La gran mayoría de los periodistas de El Salvador, así como los partidos opositores a Bukele ya hablan de golpe de Estado. Por fuera de El Salvador, son pocas las voces que deciden tomar un posicionamiento sobre la situación. 

A pesar del poco tiempo transcurrido, los hechos acaecidos se asemejan a la categorización de “autogolpe” utilizada por la Dr. María Eva Pignatta, en su tesis doctoral “Multilateralismo y defensa de la democracia: el accionar de la Organización de Estados Americanos frente a crisis político-institucionales (1990-2009). Los autogolpes no son entendidos como golpes que el ejecutivo se hace a sí mismo, sino sobre otros poderes. Los gobiernos elegidos democráticamente devienen no democráticos declarando la suspensión inconstitucional de instituciones básicas. Es cierto que Pignatta, al utilizar el concepto está pensando en la disolución del Congreso con la complicidad del poder militar, cosa que no sucedió ayer en El Salvador. Pero sí, el poder Legislativo avanzó sobre el poder Judicial en compañía de la Policía Nacional Civil. 

En definitiva, aunque parece apresurado establecer una categorización de los hechos, lo cierto es que la situación democrática en El Salvador corre extremo peligro y los sucesos que tengan lugar en estos días serán claves para el devenir del país centroamericano.