Días oscuros parecen devenir para la institucionalidad de algunos países centroamericanos. A un mes de haber juramentado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala votaron de forma unánime una resolución que avala la restricción de los derechos civiles en el país. Los cinco miembros titulares resolvieron denegar de manera definitiva los amparos presentados por varias organizaciones de la sociedad civil, que buscaban suspender la entrada en vigencia de un polémico decreto legislativo que restringe la libertad de funcionamiento de las ONGs.

¿Qué ocurrió?

El 12 de mayo el tribunal constitucional dejó sin efecto el amparo provisional que previamente había otorgado a las organizaciones civiles, dando vía libre al Poder Ejecutivo de Guatemala para la implementación de dicho decreto. Entre sus disposiciones más controversiales, el texto del Legislativo establece que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”, avalando la posterior cancelación del registro de la ONG y su imputación conforme a la legislación penal y civil vigente. Ello sin duda le permitiría al gobierno nacional cancelar y disolver cualquier organización civil que se manifestase en contra de sus acciones políticas, bajo el argumento de alteración del orden público, restringiendo notablemente la libertad de reunión, expresión y asociación.

De la misma forma, el decreto deja bajo completa órbita del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, la posibilidad de sancionar y disolver a las ONGs no solo ante el incumplimiento de la ley, sino también nuevamente bajo el argumento de que realicen actividades “contrarias al orden público”, sin brindar una definición del concepto y dando lugar a interpretaciones arbitrarias. Sumado a ello, se establecen numerosos requisitos de inscripción en diferentes dependencias del Estado que las organizaciones deben cumplir durante los primeros seis meses de entrada en vigencia de la ley, a riesgo de ser disueltas por incumplimiento.

Originalmente, el decreto había sido aprobado por el Congreso guatemalteco y sancionado por el presidente Alejandro Giammattei en febrero del 2020. Sin embargo, ante los atropellos mencionados anteriormente, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar su entrada en vigencia. El 2 de marzo, la CC dio lugar a los mismos y suspendió su reglamentación. Pero solo hasta hace algunos días, cuando la nueva Corte revocó la suspensión temporal que ella misma había otorgado.

Entre los argumentos planteados, el tribunal sostuvo que “los amparos no se erigen como la vía pertinente” ante las denuncias efectuadas por las organizaciones, en tanto considera que más bien lo que corresponde es un análisis de control de inconstitucionalidad del decreto. Básicamente, los magistrados se niegan a otorgar la revisión pretendida por los solicitantes en tanto el amparo protector no constituye la vía adecuada.

Por otra parte, en su fallo la CC desestimó las quejas de tres diputados de que la ley se aprobó mediante una moción privilegiada y sin el debido debate. Ante esto la CC responde que no puede cuestionar una decisión que se aprobó por mayoría parlamentaria.

Dudas sobre el Poder Judicial

Ahora bien, ¿qué pasó entre que la CC de marzo 2020 dio lugar al amparo y la que en mayo 2021 lo deniega? Sencillamente los magistrados ya no son los mismos. El 14 de abril del 2021 la nueva Corte entró en funciones y ninguno de los magistrados que había votado a favor de otorgar el amparo el año pasado fue reelegido.

Sumado a ello, según consiga el medio No Ficción, la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) “cuenta con mayoría de magistrados afines a los sectores que buscan garantizar la impunidad en Guatemala”. Respecto al polémico decreto en contra de las ONGs, dos de los magistrados ya habían anticipado su decisión, en tanto la única que había votado en contra de otorgar el amparo el 2020 fue reelecta, y el otro expresó dudas sobre el destino de los fondos de estas organizaciones.

Entre aquellos que hoy no están en funciones se destaca la figura de Gloria Porras, quien se desempeñaba desde el 2011 como magistrada de ese tribunal, y reconocida internacionalmente por su lucha contra la corrupción y a favor de la justicia independiente en Centroamérica. En un país donde la justicia es señalada por estar cooptada por grupos de poder, su designación al frente de otro período era algo a evitar. El 13 de abril se llevó adelante en el Palacio Legislativo la juramentación de los nuevos magistrados, a la cual Porras fue invitada. Sin embargo, al momento de hacerlo las autoridades se negaron argumentando que había recursos judiciales sin resolver que impedían su designación. Ese mismo día Porras salió del país hacia los Estados Unidos temiendo ser detenida, anticipando que quedaría sin inmunidad.

El intento de avance sobre la figura de la ex magistrada por sus decisiones en contra de la corrupción no es nueva, como cuando votó para detener una reforma de ley que impulsaba una amnistía para los acusados de delitos de lesa humanidad; o cuando, junto pidió al Congreso excluir a los candidatos señalados de corrupción para ocupar cargos en órganos de justicia. Desde el 2015, ha tenido 53 causas en su contra. En una entrevista para El País, Porras afirmó que le “preocupa el Estado de derecho y la forma en la que están utilizando las leyes para alcanzar objetivos aviesos”.

Esto también ha repercutido en las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos. Desde Washington han insistido en que la designación del tribunal constitucional se lleve delante de manera transparente, garantizando la independencia de la justicia. Y es que para el país norteamericano la lucha contra la corrupción es clave en los países del Triángulo Norte para evitar la inseguridad que obliga a miles de ciudadanos centroamericanos a emigrar hacia los Estados Unidos. Esto merece una lectura en clave regional, en tanto a principios de mayo cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador fueron destituidos por la Asamblea bukelista.

Para The Washington Post,  la destitución de estos jueces constitucionales constituye una alarma en torno a que estos países avancen más bien hacia un régimen autoritario. La semana anterior a lo sucedido con Porras, el enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, Roberto Zúñiga, se había reunido con ella y le había expresado su “total apoyo” tanto a ella como a otros jueces en su lucha contra la corrupción. El funcionario estadounidense había expresado el deseo de la administración Biden de colaborar con los países de Centroamérica “para reducir la corrupción y promover la transparencia”, como condición para la atracción de inversiones.

El Ejecutivo guatemalteco deberá resolver esta cuestión o ensayar una respuesta a menos de un mes de la visita programada para el 7 de junio de la vicepresidenta Kamala Harris. La administración Biden se ha propuesto como meta la reducción de los flujos migratorios y los países del Triángulo Norte necesitan de los Estados Unidos para contrarrestar las consecuencias que ha tenido la pandemia sobre sus economías. Ya en diciembre del 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes había solicitado a la administración Biden que elabore una lista, antes de finales de junio, de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte a quienes les prohibiría la entrada al país.

Reacciones de la sociedad civil y respuestas internacionales

Las respuestas de la sociedad civil no tardaron en llegar. Tal ha sido el caso de la Red de Defensoras de derechos Humanos de Guatemala, que sostiene que el “retroceso democrático afectará el accionar de las defensoras y limitará el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de organización y emisión del pensamiento”. Incluso, la han calificado de “Ley Mordaza”.

Mientras tanto, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) sostuvo la ley “reprime, disuelve y anula a quienes luchan contra la corrupción, a quienes defienden derechos y por el fortalecimiento del estado de derecho”. Por su parte, en conferencia de prensa, la Asamblea Social y Popular (ASP) expresó su rechazo al fallo y convocó a una movilización.

En cuanto a sus repercusiones internacionales, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, calificó a la ley de ambigua en manos de funcionarios corruptos. Mientras que desde Estados Unidos, Julie Chung, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y Samantha Power resaltaron la importancia del rol de la ONGs en la participación democrática.

¿Qué sucederá ahora?

Al momento de cerrar esta nota ni el Ejecutivo ni el Legislativo se habían pronunciado al respecto. La secretaria de prensa del mandatario Alejandro Giammattei, Patricia Letona, dijo el 13 de mayo que la Presidencia aún no ha sido notificada y que no podía comentar al respecto hasta el momento.

Según al artículo 272 de la Constitución guatemalteca, un amparo impuesto contra el Congreso o el Poder Ejecutivo será evaluado en única instancia por la Corte de Constitucionalidad (CC). Por ende, el fallo de la CC sería definitivo y su resolución inapelable, permitiendo que el decreto que arremete contra las organizaciones civiles quede formalmente listo para aplicarse.

Por el momento, las opciones de la sociedad civil serán movilizarse para reflejar el repudio a este tipo de leyes. Mientras que, al mismo tiempo, y mientras el gobierno del presidente Giammattei desoiga, deberá recurrir a otras vías jurídicas que impidan que ahora sea Guatemala la que retroceda sobre su democracia y la vigencia de sus derechos civiles.