La nariz: Juicios, poder y narcotráfico en Honduras

presidentes de América dando se la mano

Los acuerdos de extradición entre Honduras y los Estados Unidos han habilitado que desde el lunes 8 de marzo, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, sea el escenario de un juicio histórico. Sin embargo, el foco sobre la persona que se está juzgando es confuso. Es que el contexto general del juicio y las declaraciones del fiscal a cargo, Jacob Gutwillig, han contribuido a que la figura de Geovanny Fuentes, el acusado, quede en segundo lugar frente al rol que le asignan en el tráfico de sustancias ilegales al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH). ¿Cómo se relacionan Geovanny Fuentes y JOH? 

En primer lugar, cuando se piensa en la seguridad en Centroamérica, es importante no englobar a todos los actores en una misma problemática. Frecuentemente se cree que las maras centroamericanas ocupan de manera homogénea un rol clave en el tráfico de drogas en los tres países que conforman el Triángulo Norte Centroamericano. No obstante, es necesario aclarar que en cada país se tejen diferentes tramas entre el delito y la corrupción. Tanto es así que en Guatemala, los kaibiles han cooptado las principales instituciones del Estado, como demostró el accionar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); mientras que en El Salvador, la presencia y control territorial de las maras mediante el cobro de extorsiones ha tentado a varios líderes políticos a dialogar con estos actores en aras de perseguir fines electoralistas.

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Para estudiar el caso hondureño, es central conocer el rol que cumplen los transportistas en el tráfico de estupefacientes. Este engranaje de la cadena se encarga de la recepción, acopio y trasiego de las drogas por el istmo. En esta línea, según un informe de Insight Crime (2014), “Los Cachiros”, bajo el liderazgo de los  hermanos Javier y Devis Leonel Rivera Madariaga, fueron el principal grupo transportista de Honduras, llegando a cobrar entre US$2.000 y US$2.500 por cada kilo que movían. Además, se calcula que también controlaban el 90% de las pistas de aterrizaje clandestinas del país. 

Pero el reinado de Los Cachiros se derrumbaría en el año 2015. Presuntamente, como resultado de un acuerdo negociado con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el temor de ser asesinados, los hermanos se entregaron a la justicia norteamericana. En las declaraciones realizadas en el marco de su juicio, los Rivera Madariaga involucraron a miembros de la élite política y económica en actividades de narcotráfico y sobornos. Entre las figuras políticas más destacadas se encontraron el hermano del presidente actual de Honduras, Antonio “Tony” Hernández, el expresidente Porfirio Lobo y su hijo Fabio.

En 2018, continuando la investigación, Antonio “Tony” Hernandéz fue detenido en el aeropuerto de Miami. Se lo acusó de ayudar a procesar, recibir, transportar y distribuir cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras a través de aviones, helicópteros y lanchas rápidas. Además, según la Fiscalía, Hernández también controlaba laboratorios en suelo hondureño y colombiano y, a veces, participaba o coordinaba en la provisión de armamento pesado para el transporte de droga a través del país, contando con el apoyo de personal de la Policía Nacional (Triomphe, Leiva, 2019). En 2019, por todos estos delitos “Tony” Hernandéz  fue encontrado culpable por el tribunal. Sin embargo, el juicio se fue aplazando por diferentes motivos y recién en la próxima semana se conocería efectivamente la pena. De acuerdo a la periodista del New York Times, Emily Palmer, los fiscales sugirieron que Hernández sea condenado a cadena perpetua y se lo obligue a perder $138.5 millones y a pagar una multa de $10 millones. 

Es así como llegamos a los eventos de la semana pasada, con la captura y enjuiciamiento de Geovanny Fuentes. A Fuentes se lo acusa de conspiración para enviar cocaína a los Estados Unidos y de posesión de armas de fuego. Extrañamente, a cualquier lector que esté siguiendo el juicio le será difícil dilucidar el vínculo entre Geovanny Fuentes y los hermanos Rivera Madariaga, el cual se limita a clasificarse como co-conspiración. Esta situación surge del interés de la Fiscalía de presentar los hechos de manera que prime el cuadro de corrupción política hondureña. Por tal motivo, los testimonios reflejan el monto de los sobornos que pagaron los hermanos Rivera Madariaga a la élite y las múltiples reuniones mantenidas entre Geovanny Fuentes y el actual presidente, JOH, para garantizarle seguridad durante el tránsito por el país. 

Asimismo, Devis Leonel Rivera Madariaga declaró haber pagado en el año 2006, 500 mil dólares a Manuel Zelaya; en el año 2012, medio millón a Ricardo Álvarez – quien fuera alcalde de Tegucigalpa y actual vicepresidente – y 250 mil dólares a JOH (Redacción Radio HRN, 2021). Sin embargo, en el año 2012, JOH no era aún presidente y por este motivo son tan importantes las declaraciones de Geovanny Fuentes. De acuerdo informó Emily Palmer en su cuenta de Twitter, Fuentes sostuvo que se reunió con el presidente durante el año 2014, cuando JOH ya ocupaba la silla presidencial, para “meter toda la droga que sea posible en las narices de los gringos”. En orden de demostrar tales vínculos, la Fiscalía presentó fotos, la cuenta de gmail y el número de teléfono de JOH en el celular del imputado. Además, la Fiscalía presentó un testigo, el contador José Sanchéz (utilizando ese nombre falso para proteger su identidad) quien dio cuenta de haber presenciado las reuniones entre el mandatario y Fuentes. 

De cara a esta situación, JOH siempre responde con el mismo argumento. Desacredita a los imputados y afirma que los “gringos” negociaron con los narcos.  Si bien JOH mantendrá la cooperación internacional, amenazó a los Estados Unidos en su cuenta de Twitter diciendo: “¿Pero el próximo gobierno y los de otros países? ¿Cómo sería el futuro si los narcos ganan beneficios de USA por sus falsos testimonios, con mentiras obvias?”. 

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El mandatario hondureño se mantendrá en el cargo hasta el 2022 y amparado en su protección política, podrá eludir a la justicia. En un país azotado por la pandemia y por dos huracanes, el cual ha aportado últimamente el mayor caudal de migrantes, será el pueblo hondureño el encargado de relevar mediante el voto popular a su presidente para que pierda sus fueros y pueda ser juzgado. Hasta ese entonces, no es políticamente beneficioso para los norteamericanos pedir su extradición, dado que el plan económico y de seguridad de Biden para evitar la migración masiva precisa de la colaboración del presidente centroamericano. En fin… todo dependerá de la astucia de Juan Orlando Hernández de ser capaz de ver más allá de la nariz.

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Escrito por

Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR) Periodista internacional para El País Digital y Conclusión. Conductora del programa Café Internacional. Docente y apasionada por la cultura

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