Ya es claro que la recuperación económica depende del avance del proceso de vacunación para una apertura paulatina pero constante de las economías nacionales. Sin embargo, la aplicación de las dosis concentrada en los países más ricos a través de los contratos bilaterales con las farmacéuticas, ha relegado a los países con menos recursos a la espera del lento proceso del mecanismo COVAX, o incluso donaciones. Si bien con las menores cantidades de casos a nivel regional, la lenta inmunización en Centroamérica dificulta la recuperación económica de países que requieren de la reactivación de su sector turístico, el comercio exterior, y el funcionamiento de sus pequeñas y medianas empresas, aún afectadas por las medidas de restricción vigentes.
A nivel subregional, la aplicación de las primeras dosis también fue desigual. Costa Rica comenzó liderando el proceso el 24 de diciembre pasado, seguido por Panamá el 20 de enero. Hasta el momento, ambos países han aplicado mayoritariamente dosis de la vacuna Pfizer, tras cerrar negociaciones con la farmacéutica. El siguiente ha sido El Salvador, quien comenzó las aplicaciones el 17 de febrero, convirtiéndose en el primer país del llamado Triángulo Norte, tras una compra de 20.000 vacunas AstraZeneca. Al final del listado quedaron Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes recibieron los primeros lotes tras donaciones de India, Israel y Rusia. En todos los casos, la vacunación se encuentra en su primera fase. La diferencia en cuanto al comienzo del proceso y la forma de adquisición (compra, donación, COVAX) puede explicarse justamente por los mayores recursos de países como Panamá y Costa Rica, que les permitieron cerrar contratos con Pfizer. Sin embargo, todos se encuentran en la lista de países latinoamericanos que recibirán (algunos ya lo hicieron) vacunas a través del mecanismo promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el plano multilateral todos ellos, más República Dominicana, forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), quien tiene un rol activo como organismo regional en la promoción y facilitación comercial, y en áreas como medioambiente, infraestructura y salud. En esa línea, el pasado 10 de marzo los ministros de relaciones exteriores de los países miembros se reunieron con la directora de la OPS/OMS, Carissa Étienne, y expusieron la necesidad de contar con un mecanismo regional “que asegure transparencia, acceso universal, equitativo, eficiente, oportuno y ágil a vacunas”, adicional al mecanismo COVAX. Por su parte, recientemente la OMS solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avanzar seriamente en la exención de la propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus, de tal manera de reducir los costos y hacerla más accesible.
A pesar de los esfuerzos conjuntos, una reciente investigación realizada entre Fundación Directorio Legislativo y Red Palta revela cómo, al menos trece países de la región, han modificado sus leyes para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, en lo que incluye contratos de confidencialidad, exención de impuestos, e inmunidad a las farmacéuticas. Incluso también el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ha referido a la posibilidad de firmar convenios con privados para que estos puedan vacunar a sus empleados “con el compromiso que sea gratuita”. La necesidad de reactivación económica, el lento avance del mecanismo COVAX y la falta de recursos podría abrir el espacio para la participación de privados en la compra y distribución de vacunas en la región.
Ahora bien, la crisis económica, claramente consecuencia de la crisis sanitaria, enfrenta también otros desafíos en diferentes planos. Según el FMI, “la plena recuperación está aún muy distante”, en tanto los niveles de ingreso no regresarán a los niveles pre pandemia hasta 2023. Por otro lado, los huracanes ETA e IOTA que azotaron a algunos países en noviembre pasado dejaron devastadoras consecuencias en términos de pobreza e inseguridad alimentaria que los países deben abordar y destinar recursos.
En términos políticos, las elecciones de El Salvador en febrero pasado y las que se esperan en Honduras, Nicaragua y Costa Rica en términos de un año podrían modificar las relaciones de fuerza en la región. Mientras que en términos de transparencia y anticorrupción, el malestar social podría aumentar. Por mencionar algunos casos, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se encuentra en investigación judicial por el supuesto delito de violación de datos personales de los costarricenses en lo que se conoce como el “Caso UPAD”, mientras que Juan Orlando Hernández de Honduras fue señalado por la justicia de los Estados Unidos por colaborar con un cártel local en el narcotráfico hacia el país norteamericano.
En una región históricamente inestable, y con problemas producto de la corrupción, la violencia, la inseguridad, la vulnerabilidad climática, y las migraciones, el avance del proceso de vacunación no debería ser un problema más hacia la reactivación económica, ahondando en la crisis en la cual ya se encuentra. Más bien, el rápido avance de este proceso debe ser visto como necesario para garantizar la estabilidad de los gobiernos y sus consecuencias regionales y continentales. Ejemplo de ello, Estados Unidos no podrá apostar al desarrollo regional a través de millones de dólares en el Triángulo Norte sin antes asegurar un adecuado desembolso. Siguiendo la línea de lo sostenido por el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “la distribución desigual de las vacunas no es solo un ultraje moral, también es económica y epidemiológicamente contraproducente”, en tanto mientras el virus y sus variantes continúen circulando, el comercio y los viajes seguirán siendo interrumpidos, retrasando la recuperación económica de un mundo globalizado.
