El pasado 15 de septiembre se retomó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el debate sobre el proyecto de Reforma Electoral Integral, enviado por el Poder Ejecutivo e ingresado a la Cámara alta el 22 de abril. La iniciativa había comenzado a tratarse en comisión el 13 de mayo y había quedado en cuarto intermedio. La reunión de septiembre tampoco produjo dictamen y el debate volvió a pasar a cuarto intermedio.
Esta reforma propone modificaciones en distintas áreas que regulan el sistema electoral nacional. En primer lugar, plantea una reestructuración profunda de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (N° 23.298), que modifica de manera directa las condiciones de existencia, funcionamiento y vigencia de las agrupaciones políticas en Argentina en varios aspectos. Entre ellos, fija un plazo de 90 días corridos para que los partidos en formación realicen las elecciones internas de sus autoridades definitivas y establece como plazo 70 días antes de la elección para solicitar el reconocimiento de alianzas. En cuanto a la personería nacional, eleva la exigencia de cinco a diez distritos reconocidos y exige que la suma de sus afiliados represente al menos el 0,1% del padrón nacional. A su vez, habilita la afiliación por medios electrónicos y la autenticación biométrica, sin eliminar la ficha en papel, y eleva del 2% al 3% del padrón del distrito el piso electoral necesario para conservar la personería.
En segundo término, modifica la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (N° 26.571). El proyecto adapta el funcionamiento del Consejo de Seguimiento al nuevo esquema electoral y establece que deberá constituirse dentro de los diez días de realizada la convocatoria a elecciones generales. El Consejo estará integrado por los apoderados de las agrupaciones políticas de orden nacional que participen en el proceso electoral y funcionará hasta la proclamación de los candidatos electos. A su vez, la Dirección Nacional Electoral deberá informar periódicamente sobre las distintas etapas del proceso electoral, así como sobre las modalidades y la difusión del recuento provisional de resultados. También plantea la derogación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
En cuanto al Código Electoral Nacional (N° 19.945), el proyecto introduce modificaciones al sistema de Boleta Única de Papel (BUP), vigente desde 2024, entre ellas, la incorporación de un casillero que permite optar por la lista completa. A su vez, mantiene en 60 días antes de la elección el plazo para la presentación de las listas de candidatos y conserva la prohibición de realizar actos inaugurales de obras públicas, lanzar o promover planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, realizar actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio durante los 25 días previos a la elección general.
Por último, la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (N° 26.215) introduce cambios en el régimen de financiamiento público y privado de las agrupaciones. Entre otras modificaciones, eleva los límites para los aportes privados, elimina el tope general de gastos de campaña y refuerza los mecanismos de control e información sobre los ingresos y gastos partidarios, incluidas mayores exigencias para la rendición de los gastos realizados a través de plataformas digitales. A su vez, reduce del 20% al 10% la proporción del aporte público anual que los partidos deben destinar a capacitación, formación política e investigación, e incorpora nuevas sanciones ante incumplimientos.
Si bien la reforma incluye varios cambios clave para el sistema electoral nacional, la eliminación de las PASO se convirtió en el principal punto de debate y desencuentro en el Congreso de la Nación.
De aprobarse la derogación, la selección de candidatos quedaría en manos de las agrupaciones políticas o alianzas, que deberán definir sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos. Desde el oficialismo argumentan que las elecciones primarias generan un gasto público excesivo, que el Gobierno estima en hasta US$ 250 millones, y que su eliminación evitaría someter a la sociedad a múltiples votaciones durante el año. Asimismo, sostienen que la ausencia de PASO obligaría a los partidos políticos a dirimir internamente la definición de sus candidatos, un escenario especialmente relevante para el peronismo ante la disputa entre los sectores de Axel Kicillof y Máximo Kirchner. En cambio, desde distintos sectores de la oposición sostienen que la eliminación de las PASO dificultaría la resolución de internas dentro de partidos y alianzas y podría beneficiar a los oficialismos, al reducir las herramientas disponibles para ordenar candidaturas opositoras.
En caso de aprobarse la medida, se reduciría la cantidad de instancias electorales durante el año y se modificaría el calendario de definición de candidaturas. También desaparecería la instancia entre las primarias y las elecciones generales que actualmente permite conocer el resultado de las internas y, a partir de allí, reconfigurar las estrategias de los distintos espacios políticos.
La eliminación de las PASO se convirtió en una de las prioridades del oficialismo dentro de la reforma, aunque la medida ha generado rispideces en el Senado, sobre todo entre aquellos bloques que consideran a las primarias una herramienta útil para ordenar la oferta electoral y resolver las disputas internas antes de las elecciones generales. Con el objetivo de alcanzar un acuerdo, incluso mediante una nueva suspensión como la implementada para las elecciones legislativas de 2025 a través de la Ley 27.783, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se ha reunido con distintos gobernadores para sumar los votos necesarios. Al tratarse de una reforma electoral, el proyecto requiere la aprobación por mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, lo que equivale a al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Hasta el momento, el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios y continúa las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.
En este contexto, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que el Gobierno aún no cuenta con los votos necesarios. Ante esta situación, entre las alternativas que aparecen en la negociación se encuentran una nueva suspensión de las primarias, como ocurrió en 2025, o propuestas para eliminar su carácter obligatorio.
No obstante, el factor tiempo apremia y condiciona la discusión, ya que la Cámara Nacional Electoral advirtió que cualquier modificación del régimen electoral que pretenda aplicarse en los próximos comicios deberá ser sancionada con suficiente anticipación para permitir su adecuada implementación. Por eso, los próximos meses serán determinantes, dado que el debate legislativo de la reforma no solo definirá qué sucederá con las PASO, sino también bajo qué reglas los partidos políticos deberán definir sus candidaturas para competir en las elecciones generales.
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