El oficialismo no consiguió hasta el momento los votos necesarios para aprobar la reforma del régimen de tierras rurales. La iniciativa busca flexibilizar los límites a la propiedad extranjera con el argumento de incentivar la llegada de inversiones, pero reabrió una controversia sobre el control del suelo, la preservación de los recursos hídricos y los límites de la soberanía nacional.
La propiedad del suelo en el centro de la agenda pública
La reforma formaba parte de la denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», un proyecto más amplio impulsado por el Poder Ejecutivo que también incluye cambios en materia de expropiaciones, desalojos y regulación de áreas afectadas por incendios. En lo referido a las tierras rurales, la propuesta buscaba modificar estructuralmente el régimen establecido por la Ley 26.737, sancionada en 2011.
La versión original eliminaba gran parte de los límites vigentes sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ante las dificultades para reunir apoyo en el Senado, el oficialismo propuso conservar un límite general, pero elevar del 15 % al 25 % la proporción de tierras rurales que podría quedar bajo titularidad extranjera. La concesión todavía no había sido suficiente para garantizar la aprobación del capítulo.
El debate enfrenta dos visiones contrapuestas sobre el desarrollo del país. Por un lado, el Gobierno sostiene que los límites actuales a la titularidad extranjera constituyen una traba burocrática que desincentiva el ingreso de capitales en sectores clave como el agro, la minería y la energía. Por el otro, diversos analistas, constitucionalistas y bloques opositores advierten que una mayor flexibilización podría debilitar el control sobre bienes comunes finitos y favorecer la concentración especulativa de la propiedad rural.
Choque de modelos
El núcleo de la polémica radica en el papel que debe cumplir el Estado frente al mercado inmobiliario rural.
La premisa de la libertad de mercado: el oficialismo sostiene que el capital carece de nacionalidad y que las restricciones a la compra de tierras agrícolas o mineras por parte de inversores extranjeros limitan la posibilidad de que las provincias reciban divisas, infraestructura y tecnología. Bajo esta lógica, la flexibilización de las regulaciones nacionales o la transferencia de mayores facultades a las jurisdicciones provinciales darían mayor dinamismo a las transacciones de activos rurales.
La perspectiva de los recursos estratégicos: los sectores críticos sostienen que la tierra rural no constituye una mercancía convencional, sino un activo territorial con valor ambiental, alimentario y estratégico. Desde este enfoque, la intervención estatal resulta imprescindible para evitar una concentración excesiva de la propiedad y preservar la capacidad de regulación sobre áreas y recursos sensibles.
Los frentes críticos de la controversia
Los posibles efectos de la reforma pueden analizarse a partir de tres dimensiones estratégicas.
1. Recursos hídricos y fuentes de agua dulce
La legislación de 2011 restringe la venta a extranjeros de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. La propuesta de modificación reabrió el debate sobre la gestión de las fuentes de agua dulce en un contexto global marcado por el estrés hídrico. Quienes cuestionan la flexibilización advierten que una mayor concentración privada de estas tierras podría dificultar el acceso público y reducir la capacidad de las comunidades y del Estado para intervenir en su protección y aprovechamiento.
2. Soberanía productiva y cadenas de valor
Las tierras de alta aptitud agrícola constituyen un insumo central para la producción de alimentos y la generación de saldos exportables. Desde una perspectiva crítica, la adquisición de grandes extensiones por parte de fondos de inversión o corporaciones transnacionales puede reorientar el uso del suelo hacia monocultivos o actividades extractivas y desvincular parte de la producción de las necesidades alimentarias locales y de los proyectos de agregación de valor en origen.
3. Zonas de frontera y subsuelo estratégico
El control territorial en áreas próximas a los límites internacionales responde a criterios de seguridad nacional y vigilancia fronteriza. A su vez, la titularidad de la superficie puede condicionar el acceso físico y el desarrollo de proyectos vinculados con minerales de la transición energética, como el litio y el cobre, así como con reservorios de hidrocarburos no convencionales.
La posible flexibilización de los mecanismos de supervisión del Estado nacional genera cuestionamientos sobre su capacidad para controlar quiénes adquieren tierras y desarrollan actividades en zonas consideradas sensibles.
Tendencias internacionales y contexto regional
Distintos países con grandes extensiones territoriales mantienen mecanismos para registrar, revisar o limitar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Australia aplica controles federales y registros específicos, mientras que Brasil establece restricciones sobre la superficie rural que puede quedar bajo titularidad extranjera. En Estados Unidos y Canadá, los controles varían según la jurisdicción y el tipo de comprador, con especial atención a las tierras agrícolas y a las áreas próximas a instalaciones consideradas estratégicas.
El oficialismo todavía no consiguió los votos necesarios para aprobar el capítulo referido a las tierras rurales y continúa negociando apoyos con las provincias y los bloques aliados. Aunque el Gobierno no informó cómo avanzará si no logra reunirlos, puede optar por presentar el tema como un proyecto separado, negociar una versión más acotada o postergar nuevamente el debate hasta contar con una mayoría más favorable.
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