El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción el pasado viernes 19 de junio con el objetivo de frenar el severo desabastecimiento provocado por siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras. La medida extrema busca restablecer el orden público y garantizar el libre tránsito en las rutas estratégicas del país, permitiendo la intervención de las fuerzas de seguridad para despejar las vías, aunque sin suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Bolivia llegó a este punto crítico tras casi dos meses de conflictos ininterrumpidos. Las protestas, que incluyeron masivos bloqueos en carreteras campesinas y calles urbanas, provocaron una grave asfixia económica. Ante un panorama de desabastecimiento generalizado, el mandatario boliviano justificó la medida argumentando la extrema gravedad de la coyuntura nacional y la necesidad de usar este recurso constitucional límite para proteger a la población.
El acuerdo con la COB
El mismo 19 de junio, antes de anunciar el Estado de excepción, el presidente Paz firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los principales sindicatos del país. En este pacto, el Ejecutivo se comprometió formalmente a no privatizar las empresas estatales y a mantener relaciones cordiales con las mismas, apostando por la concertación en lugar de la confrontación para achicar diferencias con los sectores que presentan demandas legítimas.
Sin embargo, la tregua fue parcial. El acuerdo con la COB fue rechazado de inmediato por los movimientos campesinos de La Paz y por los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales. Para el presidente Paz, este rechazo responde a una estrategia mayor. El mandatario denunció que detrás de la persistencia de las protestas hay un intento de «ruptura democrática» y un «golpe de Estado» promovido por grupos que calificó como «narcoterroristas», reiterando sus acusaciones contra estructuras políticas organizadas que operan desde el Chapare y el trópico de Cochabamba, el bastión político de Morales.
El Estado de excepción
Bajo el marco legal vigente, este estado de excepción se aplica con restricciones muy específicas: no incluye la suspensión de derechos ciudadanos, pero prohíbe taxativamente cualquier tipo de bloqueo de vías, así como el uso de armas, explosivos u otros elementos violentos. Asimismo, faculta el apoyo temporal de la policía y las fuerzas del orden para resguardar la seguridad. De acuerdo con la Constitución boliviana promulgada en 2009, la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con un plazo estricto de hasta 72 horas para aceptar o rechazar la medida dictada por el Ejecutivo.
Los operativos de las fuerzas del orden y maquinaria pesada comenzaron el sábado 20 de junio para retirar los escombros y materiales que obstruían los accesos en ciudades clave como El Alto. Para el inicio de las tareas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registraba aún 44 puntos de bloqueo activos distribuidos en cuatro de las nueve regiones del país: 19 cortes de ruta en La Paz, 12 en Cochabamba (con fuerte despliegue policial), 11 en Oruro y dos en la región oriental de Santa Cruz. En puntos estratégicos y de alta tensión, como el sector de Parotani, se dispuso el resguardo de efectivos militares para evitar que los manifestantes vuelvan a instalar los bloqueos.
El despliegue de las fuerzas del orden bajo control legislativo actúa como un paliativo necesario frente a la emergencia económica, equilibrando la urgencia del libre tránsito con el respeto a los derechos humanos. No obstante, la medida por sí sola no resuelve las profundas fracturas políticas e ideológicas de fondo. El éxito a largo plazo de esta estrategia dependerá de que este alivio temporal abra una ventana a un diálogo genuino con los sectores disidentes, evitando que la fuerza se normalice como una herramienta ordinaria de gobernabilidad.
Politólogos al Whisky 
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