El 4 de septiembre de 2022, los chilenos rechazaron con casi el 62% de los votos un primer intento de reforma constitucional que había sido elaborado por una Convención Constituyente electa por el voto popular. Los resultados del plebiscito de salida, sin embargo, no cambiaron el parecer de la sociedad que no aceptaba la redacción propuesta pero seguía en un 67% apoyando la modificación de la Carta Magna, a tan sólo una semana de haberse manifestado en contra de una primera propuesta.
Desde entonces, el gobierno del presidente Gabriel Boric debió encarar una negociación política para establecer los pasos a seguir ante un reclamo social que se mantenía desde el epílogo del estallido social ocurrido en 2019, cuando el expresidente Sebastián Piñera firmara lo que se conoce como el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. El mecanismo resultante de las protestas había fracasado, a pesar de atar el partido oficialista Convergencia Social su destino político a la reforma, y ahora el mandatario sólo podía encontrar respuestas en base al liderazgo y la iniciativa a demostrar en dicho contexto.
Naturalmente, los sectores más conservadores y de derecha (ante el contenido profundamente reformista del primer texto presentado para una nueva Constitución) se mostraron en desacuerdo con la continuidad del diálogo en este sentido, con expresiones como la de Jose Antonio Kast al considerar que “el pueblo chileno se levantó contra lo que proponía la izquierda radical”. No obstante, en apenas una semana, Boric logró reanudar las negociaciones para redactar una segunda propuesta con representantes de la derecha sentados a la mesa, aunque pidiendo “cautela y responsabilidad” ante diferencias con sectores más progresistas.
La gestión de turno rápidamente comprendió que el proceso constitucional era inevitable y que las consecuencias de no relanzarlo oportunamente podrían ser graves, ante los efectos visibles de no haber escuchado anteriormente a la ciudadanía en la crisis de finales de 2019. Boric, en este sentido, sostuvo que la falta de solución derivaría con total seguridad en una futura nueva crisis, cuando entonces sería “muy difícil decirle y convencer a la ciudadanía de que la política se va a poner de acuerdo y va a cambiar la Constitución”. Previamente, el politólogo chileno Mauricio Morales había afirmado que “Chile no aguanta otro fracaso constitucional”.
Las encuestas durante la negociación política mostraban un apoyo del 58% a una convención mixta como mecanismo para redactar una segunda propuesta de reforma constitucional y un primer borrador de acuerdo para mediados de octubre último redundaría en el llamado “Acuerdo por Chile”, firmado el 12 de diciembre a casi 100 días del rechazo. Entre los puntos destacados, el documento establece que Chile será una república democrática con soberanía en el pueblo; conformándose un Estado unitario y descentralizado; poniéndole un límite a la soberanía en la dignidad y los derechos humanos de las personas; con reconocimiento de los pueblos indígenas; constituido por los tres poderes tradicional, siendo el legislativo bicameral; y comprometiéndose al cuidado y conservación de la naturaleza.
Simultáneamente el convenio dispuso la conformación de tres órganos separados para encarar el proceso, cuya propuesta luego deberá ser convalidada o no por un nuevo y segundo plebiscito de salida. El primero de estos cuerpos colegiados es el Consejo Constitucional, a ser integrado por 50 personas electas mediante el voto popular y con el objetivo de “discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución”. El segundo será la Comisión Experta con 24 miembros “de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica” ya definidos en partes iguales por el Senado y la Cámara de Diputados para la redacción del anteproyecto base para la discusión en el Consejo. Por último, el Senado ya conformó a propuesta de los diputados un Comité Técnico de Admisibilidad de 14 integrantes dedicado a “la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias” con el fin de “determinar una eventual inadmisibilidad” si contradicen las bases institucionales.
Cabe destacar que la Comisión Experta se incorporará al Consejo Constitucional una vez presentada la idea matriz y tendrá la facultad para entregar un informe al mismo con observaciones para mejorar el texto sobre la base de la propuesta formal ya armonizada que surja. Este grupo de especialistas tiene prevista su instalación para el próximo 6 de marzo y tendrá que cumplir con su finalidad en el plazo máximo de tres meses. Simultáneamente la población elegirá el 7 de mayo próximo a las partes del Consejo Constitucional, que entrará en funciones el 7 de junio y contará con un plazo máximo de cinco meses para expedirse.
Finalmente, y con la comunicación del nuevo texto constitucional al presidente, Boric deberá convocar al plebiscito de salida en 45 días desde la publicación de la propuesta en el Diario Oficial. Esto está previsto que suceda el 7 de diciembre, de forma tal que los chilenos aprobarían o rechazarían una segunda versión de reforma constitucional el domingo 17 de diciembre, más de cuatro años después del estallido. El primer obstáculo al proceso fue superado entre el compromiso del oficialismo y el diálogo de los partidos políticos que llevaron al acuerdo, ahora un formato mixto de redacción con delegaciones más pequeñas deberá demostrar que las lecciones del rechazo fueron aprendidas y configurar una nueva Carta Magna a la altura de los deseos de una ciudadanía que quiere abrirle las puertas a un nuevo Chile.
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