El sistema de partidos de Estados Unidos se caracteriza por ser bipartidista y varía entre dos de las categorías propuestas al respecto por Robert Dahl, acorde al nivel de cohesión interna en cada partido respectivamente (ya sea alto o bajo el grado de unidad). En este mismo sentido, Giovanni Sartori señala que en este tipo de modelos suele haber un partido en el poder con la voluntad de gobernar solo pero no de forma indefinida, es decir, que la alternancia se transforma en el distintivo de la estructura de gobierno. A estas bases fundacionales de la democracia estadounidense ataca desde hace un tiempo el ahora expresidente Donald J. Trump.

El pasado lunes 8 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la residencia del mandatario en el estado de Florida a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), según todo indicaría relacionado con la búsqueda de materiales pendientes de entrega a los Archivos Nacionales. Si bien este proceso puede parecer inofensivo, en el marco de más de 30 investigaciones que actualmente indagan sobre el accionar de Trump en distintos aspectos o situaciones, nada acaba por serlo cuando se trata de la principal figura política de relevancia en el Partido Republicano con intenciones de lanzarse nuevamente a la presidencia en 2024.

Vale la pena comenzar el argumento desde su accidentada salida de la presidencia a principios de 2021. Tras el asalto al Capitolio, en el cual se ha comprobado su participación en parte gracias a las audiencias de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación, el 45° Presidente de los Estados Unidos (POTUS45 en inglés) no sólo se llevó documentación de la Casa Blanca sino que continuó impulsando la idea del fraude electoral (actualmente conocida como “La Gran Mentira”), que en mayor o menor medida impacta sobre la credibilidad del gobierno se quiera o no. 

Sin embargo, al poco tiempo de retirarse a su casa ubicada al norte de Miami, la Cámara de Representantes conformó el denominado January 6th Committee (“Comisión sobre el 6 de enero”) que con el apoyo de la mayoría demócrata en dicho recinto revisó a puertas cerradas los hechos del intento de golpe de Estado. Apenas dos de sus nueve miembros son republicanos y conocidos por oponerse al expresidente (Liz Cheney y Adam Kinzinger), lo que supone un alto costo político – como se pudo ver en la derrota de la congresista en la interna partidaria para las elecciones de medio término. Ambos eran conscientes de que esas podrían ser las consecuencias, pero la pregunta es porqué sigue siendo el caso ante una figura cuestionable desde lo legal y principalmente lo democrático.

Las audiencias públicas de esta comisión comenzaron a llevarse a cabo durante el mes de junio, de forma televisada y en horario central, revelando los manejos y el conocimiento de la última administración a la hora de los hechos en el Capitolio, donde se trataba de certificar la victoria electoral del actual mandatario Joe Biden. Múltiples asesores o miembros del gabinete cercanos a Trump dieron testimonio de lo ocurrido o de las recomendaciones entregadas en busca de prevenir el agravamiento de la situación, desde el entonces fiscal general William Barr hasta la asesora del otrora jefe de gabinete Cassidy Hutchinson. Incluso este cuerpo reveló conversaciones o pruebas de video sobre lo acontecido.

Estas juntas fueron interrumpidas por el habitual receso legislativo de verano previsto para agosto y se espera que continúen ocurriendo a partir de septiembre, ya que no sólo han comenzado a esclarecer lo ocurrido sino que pusieron presión sobre el Poder Judicial para actuar al respecto. Quizás lo revelado por los legisladores sumado a las pruebas obtenidas por la justicia llevó al actual fiscal general, Merrick Garland, a librar la orden de registro en busca de información clasificada, de registros presidenciales y de datos de la defensa que todavía no se encontraba entre lo entregado por Trump al gobierno hace ya varios meses. Encontrándose así datos críticos de gobierno, sin el resguardo de seguridad correspondiente.

El avance de la justicia sobre un expresidente en otras circunstancias o en otros tiempos hubiese sido suficiente para descalificarlo de la vida pública, sin necesidad de que el Congreso le prohíba ejercer cargos de gobierno. Richard Nixon en su tiempo supo entender que era mejor la renuncia que el perjuicio a la institución presidencial. No obstante, el siglo XXI presenta reglas de juego muy distintas a las que aplicaban en la era Watergate: Trump, quien ya había dicho que lanzará su candidatura 2024 y que sólo resta determinar cuándo se harán los anuncios formales, no ha dejado de buscar sacar provecho del allanamiento al considerarlo motivado políticamente y llamar al público a donar dinero a su campaña.

Asimismo, él se encargó rápidamente de informar lo que estaba haciendo el FBI en su domicilio (vía redes sociales) y generó la obligación de respaldarlo entre las filas del Partido Republicano para todos aquellos que todavía tengan intenciones de mantener su carrera política. Arruinando en el proceso cualquier potencial competencia en las primarias presidenciales que comenzarían el año próximo y en las que se especulaba participarían al menos Ron DeSantis (gobernador de Florida) y Mike Pence (su exvicepresidente). Hasta el próximo recambio presidencial será clave observar si los demócratas salen fortalecidos o todo lo contrario en las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Es así como desde la perspectiva de la ética o lo moral no se entiende que todavía Trump sea en las encuestas el republicano con más chances de volver a quedarse con la candidatura del partido, aunque las reglas de la era digital lo logran explicar bastante bien, donde la publicidad reina y la veracidad de la noticia muchas veces le es esquiva al público general que no sabe en quién confiar. La incógnita persiste: hasta dónde podrá llegar el impacto del personalismo Trump en las instituciones democráticas, regidas por un sistema de partidos que ya sufrió un fuerte corrimiento hacia el conservadurismo y que todavía no logra reencauzar su equilibrio de antes. Tal vez sólo la justicia y un efectivo balance de poderes puedan dar respuesta llegado el momento.