Perú, Castillo y la crisis eterna

El presidente Pedro Castillo no termina de salir de una crisis que ya se encuentra con la siguiente. Tras obtener el voto de confianza para el gabinete que encabeza el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, y sobrevivir a la segunda solicitud de vacancia que no reunió los votos necesarios para removerlo, un paro de transportistas sumado a una decisión con un marcado rechazo popular lo colocan nuevamente en una posición de debilidad que podría haber evitado.

Desde el pasado 28 de marzo, el sector del transporte (principalmente camiones de carga pesada) decidió bloquear algunas de las principales rutas del Perú para manifestarse en contra del alza en el precio de los combustibles, producto en parte del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la lista de reclamos es bastante más larga e incluye la regulación del transporte internacional; la reserva de carga con tasas referenciales; la revisión de los contratos de los peajes; la eliminación del impuesto al rodaje; y una fórmula legal para que las licencias profesionales no caduquen, entre otras cosas.

Ante este contexto, el Poder Ejecutivo incluyó -vía decreto supremo– a los combustibles de 84 y 90 octanos en el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo por el plazo de 90 días calendario. Asimismo, Castillo también decidió eximir a los mismos tipos de gasolina del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo que redundaría en una baja de los precios finales al consumidor. 

La expectativa del oficialismo era lograr calmar la protesta para poder negociar, pero el lunes 4 de abril siete regiones del país amanecieron con bloqueos en sus carreteras y se dieron hechos de violencia durante la jornada. A las afueras de la capital tuvieron lugar saqueos, se quemaron varias casillas de peaje e incluso hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía nacional, que dejaron un saldo de cuatro fallecidos. Aquí surge la siguiente decisión del gobierno de imponer un toque de queda en la ciudad de Lima al día siguiente.

Más allá de la falta de argumentos para imponer esta medida, los errores de la administración fueron varios en este punto: desde la comunicación de la inmovilización total a partir de las 2:00 y hasta las 23:59 del 5 de abril con apenas un par de horas de anticipación, hasta las declaraciones de un congresista señalando que había rumores de que la población iba a bajar de los cerros a saquear la capital para justificar la severidad de lo definido. Al racismo inherente a dicha expresión también se le sumó el marcado desconocimiento del ministro de Justicia, Félix Chero, quien consideró que nadie iba a dejar de comer por un día no trabajado.

El desatino fue tan evidente y reiterado que la población salió a manifestarse en la calle, frente al Congreso Nacional donde iba a encontrarse el mandatario en diálogo con las distintas bancadas legislativas, e hizo caso omiso a la norma vigente que en teoría debería haber impedido toda libertad de tránsito. Castillo, una vez más, optó por la salida fácil a la crisis y abandonó la conversación de la que estaba participando con la excusa de derogar un toque de queda que finalmente nunca suspendió y rigió hasta la hora pactada.

Desde entonces tuvieron lugar tres hitos de relevancia: primero la aprobación de un exhorto -por parte de la oposición- que invita al presidente a renunciar; segundo la publicación de un nuevo decreto que pone en estado de emergencia a la Red Vial Nacional por el plazo de 30 días limitando ciertas libertades a partir del control que ejercerán la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas; y tercero la realización de dos consejos de ministros descentralizados (en Huancayo y Puno respectivamente) en días consecutivos, lo que pudo verse como un intento de recuperar cierto respaldo.

Surge entonces de cara al futuro una serie de interrogantes. ¿Cuántas crisis (muchas de ellas autogeneradas y en menos de un año) puede resistir un gobierno? ¿Es válido pensar en remover otro mandatario en tan poco tiempo dada la inestabilidad política del país? ¿Qué lectura podrían estar haciendo otros gremios del manejo del presidente durante esta crisis? ¿Qué potenciales consecuencias tendría la incapacidad del mandatario para dar respuesta a promesas de campaña hechas a sectores como el transporte?

La primera pregunta es una verdadera incógnita en el marco de la ingobernabilidad vigente hace ya más de cuatro años, pero la respuesta puede estar en empezar a resolver las situaciones y no aplicar paliativos para seguir adelante. Ciertamente Castillo y la oposición han destruido toda confianza posible para sentarse a consensuar el camino a seguir, mas otro recambio presidencial no sería beneficioso bajo ningún punto de vista. Será clave volver a la mesa del diálogo que permita soluciones duraderas y un respaldo al Ejecutivo para atender los pedidos de distintos sectores, poniendo fin al estancamiento de esta gestión.

Escrito por

Licenciado en Ciencia Política (UBA) y Periodista. Intento que las herramientas a mi alcance sirvan para comunicar mejor lo político.

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