La composición del gabinete de ministros en Perú consiste no sólo en el nombramiento del Presidente de la República (actualmente Pedro Castillo), sino también en la aprobación de la cuestión de confianza por parte del pleno del Congreso Nacional. Este procedimiento es “un mecanismo constitucional que plantea el Poder Ejecutivo de manera obligatoria cuando solicita la investidura del Presidente del Consejo de Ministros y su gabinete”. La dinámica bien podría otorgar un mayor respaldo a la gestión, aunque muchas veces resulta ser un obstáculo a la relación oficialismo-oposición, ya que además el mandatario puede disolver el parlamento “si se niega el voto de confianza a dos gabinetes”.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que poder conformar un consejo de ministros (integrado por la presidencia del consejo -PCM- y las 18 carteras) requiere reunir el apoyo de la mitad más uno de los congresistas, es decir, 66 votos. Ahora bien, las presidencias encabezadas por Pedro Kuczynski (Peruanos Por el Kambio – partido disuelto), Martín Vizcarra (Somos Perú – oposición) y Pedro Castillo (Perú Libre – oficialismo) han demostrado el impacto sobre la gobernabilidad de este proceso.

Este concepto no tiene una definición unívoca. Autores como Bertha Lerner, Ricardo Uvalle y Roberto Moreno señalan que la gobernabilidad es “la capacidad del gobierno para procesar demandas de la sociedad y darle respuesta oportuna” (Lerner, Uvalle & Moreno, 2012). Por su parte, el Banco Mundial habla de “un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales”, mientras que Paolo Colombo lo considera “un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, […] fuentes primarias de construcción del orden social” (Colombo, 2013). 

En el caso peruano, la marcada inestabilidad y mal uso de la cuestión de confianza prevista en la Constitución surge a partir de que Kuczynski -manchado por denuncias de corrupción- opta por renunciar ante la segura posibilidad de que los congresistas aprobaran la vacancia presidencial. Durante sus dos años de gestión, sólo debió conformar dos gabinetes mientras que su vicepresidente Vizcarra (y por ende sucesor), tuvo que hacerlo hasta en cinco ocasiones, en vistas de la relación inviable entre fuerzas políticas. 

Esta última situación llevó a la presentación de mociones cruzadas para remover a un segundo mandatario y disolver el parlamento, que terminarían dejando en el cargo a Francisco Sagasti y obligando a la renovación de la representación legislativa. De esta forma, el país enfrentaría una severa crisis política en medio de la pandemia y debería recurrir a las urnas en 2020 para volver a conformar el parlamento, antes de dar por concluido el período de gobierno iniciado en 2016 con la elección de Castillo en 2021.

La desconfianza en el sistema de partidos se mostró evidente al momento de las urnas, con la aparición de un total de 18 candidatos para asumir el gobierno durante el período 2021-2026. Dado el contexto, el nuevo mandatario todavía no logra ponerle punto final al problema, prolongándose una inestabilidad que impide el normal desarrollo de la vida política nacional, al ya haber tenido que designar cuatro consejos de ministros en siete meses. El último de sus consejos asesores todavía debe superar la cuestión de confianza.

Estos antecedentes le impiden a la administración de turno darse el lujo de seguir sin conformar un equipo como corresponde, ya sea para obtener una composición legislativa más favorable (improbable a juzgar por el 69% de imagen presidencial negativa) o por el sólo riesgo de que los representantes logren aprobar una nueva vacancia con los 87 votos necesarios. Cabe recordar aquí que este procedimiento no es equivalente al juicio político (previsto en la Constitución para infracciones a la ley o delitos), ya que la vacancia contempla “incapacidad moral o física declarada por el Congreso”, es decir, que suma un componente claro de subjetividad de los parlamentarios.

Hay dos asuntos imperantes por atender en pos de dar cierre a la situación vigente desde hace varios años: el correcto uso de la vacancia presidencial o disolución del Congreso (bien sea por responsabilidad de los políticos o vía actualización de la norma) y la designación de funcionarios idóneos que contribuyan al desarrollo de políticas públicas. Ciertamente el nombramiento de ministros durante el gobierno de Castillo sospechados de apología del terrorismo (Guido Bellido), violencia familiar (Héctor Valer), abuso policial (Alfonso Chávarry) o promoción de la pseudociencia (Hernán Condori) no contribuye a la solución.

La democracia, como la define Sartori, es “un sistema político, en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el pueblo”, dando la ingobernabilidad “prueba de la pérdida gobernante de los gobiernos y de su parálisis, pero no de su sustitución con el poder gobernante de los gobernados” (Sartori, 1993). Otra opción es “analizar grados y niveles de gobernabilidad” en base a acuerdos básicos entre las élites dirigentes, sin promover la remoción del mandatario de turno o considerar cualquier disidencia un posible golpe de Estado. Atender así a “las reglas e instituciones del juego político” como “al papel del Estado y sus políticas públicas” (Mayorga & Córdova, 2007) podría poner en marcha un gobierno en base a “la tradición de la justicia y de la legitimidad de un ordenamiento político-social” (Camou, 2013), que le devuelva la preciada estabilidad al gobierno peruano tras casi cuatro años sin encontrarla.