La explotación petrolera es una actividad que implica una cantidad de riesgos imposibles de mitigar. Alcanza con observar la cantidad de derrames de crudo que se produjeron en los últimos años en países como Argentina y Perú: en el primer caso registrándose un promedio de 840 ‘incidentes ambientales’ para el período 2015-2018 en el yacimiento Vaca Muerta (ubicado principalmente en la provincia de Neuquén) y en el segundo alcanzándose el vertido de casi 9800 barriles de petróleo en la última década (De la Torre, 2019).

No obstante, entre finales de 2021 y principios de 2022, el sector de los hidrocarburos volvió a ser noticia al aprobarse la exploración sísmica (Boletín Oficial, 2021) en tres áreas del mar argentino -en las cercanías del litoral de la provincia de Buenos Aires- y producirse el derrame de más de 11900 barriles de petróleo en Ventanilla (apenas unos 30 kilómetros al norte de Lima, capital del Perú). 

Primero, el gobierno del presidente Alberto Fernández publicó el decreto con la autorización mencionada el 30 de diciembre de 2021, después de haber realizado anteriormente una audiencia pública (Bellato, 2021) para evaluar los riesgos de buscar combustibles fósiles en el mar y registrado la preocupación del sector pesquero y los cuestionamientos ambientales. Estas críticas resurgieron en forma de movilización (bajo el nombre de ‘#Atlanticazo’) tras la decisión de seguir adelante con la exploración del lecho marino en pos de las inversiones.

Días más tarde, el 15 de enero de 2022 tuvo lugar uno de los derrames petroleros y desastres ambientales más importantes de los últimos tiempos al vertirse sobre la plataforma continental peruana más de 11900 barriles de petróleo (superando de una vez la marca alcanzada anteriormente en más de un década). El accidente tuvo lugar mientras la embarcación ‘Mare Dorcium’ abastecía a la refinería La Pampilla de la empresa española Repsol, debido a lo que se supone habría sido una fisura en el sistema de carga, según especialistas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Ambos acontecimientos evidencian la necesidad de avanzar en materia de transición energética y de preservar el océano, fuente de absorción de un 30% de los gases de efecto invernadero (GEI) y del 80% del calor que estos generan (Oceana, 2009). Es importante no perder de vista que esto implica modificar “un mundo en el que el consumo se ha convertido en el medio central de diferenciación social” (Beling, 2019)  y encontrar alternativas al desarrollo propuesto por ‘el modo de vida imperialista’, bajo “normas de producción y consumo del Norte global, que […] se han generalizado” (Brand & Wissen, 2019).

Dicho esto, y a pesar de la controversia, el ministro de Ambiente argentino Juan Cabandié dió una entrevista (C5N, 2022) en que defendió la continuidad de la actividad petrolera en las zonas adjudicadas a la empresa noruega Equinor y argumentó que “creen en la transición energética y ecológica, por lo que para llegar al punto de sostenibilidad hay que tener dólares para comprar paneles solares y molinos eólicos”. También afirmó que “todos los países utilizarán durante una ventana de 25 a 30 años hidrocarburos”, en contradicción con la meta comprometida en el marco del Acuerdo de París para el año 2030 (NDC Argentina, 2021).

La diferencia respecto al caso peruano radica en que el desastre y la afectación de ecosistemas, fauna, flora y vidas humanas en el mar argentino todavía son prevenibles. Actualmente cerca de 140 kilómetros de la costa del Perú se encuentran afectados producto de las corrientes marinas, así como de la deficiente respuesta ante lo ocurrido. Asimismo, hubo un segundo derrame de unos ocho barriles y se analiza la hipótesis de que lo sucedido no esté vinculado con un oleaje anómalo tras la erupción del volcán en Tonga como señalara la petrolera.

En este sentido, organizaciones ambientales argentinas como Ecos del Mar se oponen a la autorización entregada por el gobierno argentino en vistas de la riqueza en materia de biodiversidad, la presencia de reservas naturales y el potencial impacto sobre la fauna, la flora y los seres humanos del área. Por su parte, el Departamento de Investigación y Política para la Sostenibilidad de Eco House Global publicó un comunicado en que destacó que “no se trata sólo de los potenciales derrames de petróleo, que según estudios tienen altas probabilidades de ocurrir” sino que “a esto se le suman las emisiones de gases de efecto invernadero que genera este tipo de combustible, las cuales potencian la crisis climática”.

Perú finalmente decidió paralizar todas las actividades en el mar peruano por parte de la empresa española, hasta que “ofrezca garantías técnicas de que no habrá nuevos derrames de petróleo”. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la compañía podría llegar a ser multada con el pago de 53 millones de euros -como mecanismo de valorización económica del medio ambiente y los recursos naturales que lejos está de ser unívoco y suficiente (Azqueta, 2007)- si no cumpliese con medidas administrativas como la identificación de las zonas afectadas, la limpieza de las playas o la gestión de residuos. Argentina parece entonces estar viendo su futuro, si no modifica la resolución ni abandona políticas como el proyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos con beneficios para el sector privado a 20 años.