El pasado 7 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios en Nicaragua, donde el presidente en ejercicio, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato con el 74,99 por ciento de los votos. Ortega, de 75 años, un revolucionario que ayudó a deponer la dictadura de la familia Somoza a fines de la década de 1970, lleva 15 años consecutivos en el Ejecutivo, desde que volvió a la Presidencia en 2007. Su primer Gobierno lo ejerció entre 1985 y 1990.
El líder político ha gobernado junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de 70 años, portavoz oficial del Gobierno, desde principios de 2017. El propio Ortega no escatima a la hora de reconocer su importancia. “Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, aquí tenemos una co presidencia con la compañera Rosario”, dijo a finales de octubre pese a que dicho cargo no existe en Nicaragua. Siempre junto a él en sus discursos y apariciones públicas, Murillo se ha convertido en una figura tan poderosa como polémica, especialmente a raíz de su papel durante las protestas ciudadanas de 2018.
Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, proclamó como ganadora a la fórmula y estimó la participación en el 65 por ciento del padrón electoral, lejos de las valoraciones que hicieron otros organismos. Este órgano está conformado por una mayoría de magistrados afín al partido gobernante, el Frente Sandinista (FSLN), luego de que su nombramiento fuera aprobado por el Congreso el pasado mayo.
Las elecciones fueron criticadas por diversos sectores y por la comunidad internacional por diferentes sucesos. En primer lugar, por el arresto de siete precandidatos a la presidencia de la oposición, seguido por la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringen la participación en el proceso. El 23 de junio, Ortega brindó un discurso en el que justificó sus detenciones: “No estamos juzgando a políticos ni candidatos. Estamos juzgando a criminales que han atentado contra el país al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado”, dijo haciendo referencia a las manifestaciones en contra del gobierno que iniciaron el 18 de abril de 2018 y cuya represión estatal, según organismos internacionales, dejó al menos 325 muertos.
Como era de esperarse, las elecciones fueron desconocidas de inmediato por Estados Unidos. “Lo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue la pantomima de una elección que no fue libre ni justa y ciertamente no fue democrática”, dijo el presidente estadounidense Joe Biden a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca. El lunes el secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró que Washington continuará imponiendo “sanciones” al gobierno de Ortega.
Costa Rica, país fronterizo, también rechazó el resultado de los comicios, ya que hay un gran número de voces disidentes en el exilio por falta de garantías en suelo nicaragüense. Su presidente, Carlos Alvarado Quesada, informó el domingo que su gobierno no reconoce las elecciones celebradas en Nicaragua “por su carencia de condiciones y garantías democráticas”, según escribió en Twitter. Quesada agregó en el mensaje, que iba acompañado de un comunicado de prensa, que “Hacemos un llamado al gobierno para que libere y restituya los derechos de los presos políticos, así como a la comunidad internacional a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en Nicaragua”.
Otra oposición fue la de la Unión Europea (UE), que afirmó que el resultado de los comicios carece de legitimidad por la ausencia de garantías democráticas, y agregó que el país está gobernado ahora por un “régimen autocrático”. Ortega, afirmó que el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, “eliminó toda competencia electoral creíble” con la detención de siete aspirantes presidenciales antes de las elecciones. En consonancia, el gobierno del Reino Unido criticó al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por los resultados preliminares de las elecciones del domingo.
Los Estados sudamericanos tampoco se quedaron atrás. El diplomático uruguayo compartió un informe de la Secretaría General de la OEA en el que se indica que “Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia”. El gobierno de Chile tampoco reconoció las elecciones del domingo de Nicaragua y señaló que no contaron con las condiciones necesarias para ser válidas y transparentes. La jornada se realizó en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución sistemática a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación.
En el lado opuesto, Rusia, aliado tradicional de Ortega, salió en defensa del presidente nicaragüense y elogió la forma en que se llevaron a cabo los comicios. Las elecciones se han celebrado de forma “organizada” y “han cumplido con la legislación local”, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. A su vez, agregó que la cita con las urnas se desarrolló en medio de “presiones sin precedentes” sobre las autoridades de Nicaragua y denunció que Estados Unidos protagonizó una campaña para evitar el reconocimiento de los resultados.
Al igual que Rusia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Nicaragua por sus elecciones en “una jornada de paz”.
Los comicios celebrados el domingo profundizan la crisis política en Nicaragua que se desató con las protestas reprimidas de 2018 contra el gobierno, en las que se registraron al menos 328 muertos, cerca de dos mil heridos, miles de detenidos y más de diez mil nicaragüenses que abandonaron el país, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2020. Luego de esas protestas, también fueron arrestados unos 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales de las principales fuerzas de oposición, entre quienes destaca Cristiana Chamorro, precandidata del Partido Restauración Democrática (PRD), quien se insinuaba en los sondeos con posibilidades de disputarle el poder a Ortega.
El papel de la Organización de Estados Americanos (OEA)
El régimen nicaragüense podría ser sancionado incluso con la suspensión del organismo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en una conferencia de prensa que “el tema de la crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización. Obviamente, serán los países los que decidirán el nivel de aplicación de la Carta Democrática”, que en sus medidas más extremas incluye la suspensión del país del organismo continental.
El secretario general admitió este miércoles que se maneja la alternativa de aplicar “dos artículos de la Carta Democrática Interamericana”, en alusión a los artículos 20 y 21 de ese documento. El artículo 20 prevé la convocatoria por parte de cualquier país miembro o del propio secretario general, de un Consejo Permanente “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. Dicho Consejo buscaría iniciar las “gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios”, en busca de la normalización de la institucionalidad democrática, según estipula la Carta. El artículo 21 contempla la posible suspensión de un Estado miembro donde “se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático”.
En respuesta a estas acusaciones, el embajador de Nicaragua ante la OEA pidió el miércoles que los Estados miembros de la organización dejen de entrometerse con la soberanía de su país tras las críticas que éste recibió por las elecciones presidenciales del domingo.
La Posición Argentina
Nuestro país, a horas de haber finalizado el acto eleccionario, mantuvo la tradición de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones. “En Argentina entendemos que la democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones”, expresó Cancillería.
Curiosamente, en el mismo documento, el ministerio de Cafiero sí habla de temas internos de Nicaragua al hacer referencia a los presos políticos del régimen, aunque sin vincularlos con el acto eleccionario. Pese a no condenar las controvertidas elecciones, el Gobierno argentino reiteró su “preocupación ante la detención de dirigentes opositores” y “la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población”.
El pasado 20 de octubre, su gestión se abstuvo de condenar al régimen en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exigía “la liberación inmediata” de los opositores detenidos en Nicaragua antes de las elecciones que finalmente se celebraron este domingo 7 de noviembre y que fueran condenadas por las principales democracias del mundo.
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Se estima que de haber una votación sobre en la Asamblea de la OEA, Santiago Cafiero opte por abstenerse, tal como ha ocurrido en otras oportunidades. Allegados al canciller explicaron que la estrategia de la Argentina es jugar el rol de “amigo malo” de Nicaragua o de Venezuela. Es decir, no intervenir en sus procesos electorales por más que estén viciados de irregularidades, pero no por ello dejar de denunciar la violación de derechos humanos.
En esta misma línea de “amigo malo”, el gobierno cree que es mejor mantener un diálogo con el régimen de Ortega para disuadirlo de su posición autoritaria antes que avanzar en “bloqueos físicos y financieros que solo llevan a agravar el sufrimiento de su pueblo”, según reveló un funcionario cercano al canciller Cafiero. Para la Argentina el camino de la “presión económica y mediática” no es una solución a la crisis de Nicaragua ni a la de Venezuela. Prefieren la diplomacia de la disuasión, aunque sea más controvertida, lleve más tiempo y quede bajo la lupa de Europa o Estados Unidos.
Desde un principio, la Argentina sostenía en el seno de la OEA, junto con México, Bolivia y la propia Nicaragua, que el organismo no debía inmiscuirse en los asuntos internos de ese país, a pesar de las innumerables denuncias de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos presentadas por distintas organizaciones internacionales. Los organismos expertos en el tema señalaron que este principio no corresponde en los casos de violaciones a los derechos humanos y muchos criticaban que la Argentina, que desde los tiempos de la dictadura es un tradicional referente en la materia, mantuviera esa posición.
En ese marco y en una señal de acercamiento a los Estados Unidos, el 12 de noviembre la Argentina marcó un giro en su postura, se distanció de Nicaragua y acompañó la votación general de la Asamblea (solía abstenerse), que por mayoría consideró que las elecciones carecían de “legitimidad democrática” porque los principales competidores estaban arrestados. La resolución contenía además fuertes críticas a las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Ortega.
Este documento, además, instaba además al Consejo Permanente del organismo a analizar el caso y posibles sanciones por violación a la Carta del organismo, que contempla la suspensión de un país si viola la democracia. Esto es precisamente lo que comenzó a estudiar el Consejo, aunque Nicaragua se anticipó y pidió días atrás por su cuenta el retiro de la OEA, un proceso que puede llevar hasta dos años.
La decisión llegó luego de que la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución en rechazo de las últimas elecciones presidenciales en el país al indicar que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, incluido el de la Argentina, siete abstenciones, y apenas un voto en contra.
Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen dictatorial de Daniel Ortega, Denis Moncada, anunció que Nicaragua inició de forma oficial el proceso de salida de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ante lo que consideró continuas muestras de injerencia en los asuntos internos, el jefe de la diplomacia nicaragüense confirmó que, siguiendo las instrucciones del presidente Ortega, procedió a presentar al secretario de la organización, Luis Almagro, una denuncia por intromisión en los asuntos internos que motivó el abandono de la entidad.
En el plano de la política internacional, muchas veces se juegan intereses que afectan al conjunto de los países que conforman la OEA. No es la primera vez que se tilda de poco democratico una eleccion en paises de America Latina. Lo cierto es que detrás hay intereses económicos y políticos que hacen que los países están obligados a pronunciarse ante hechos de esta naturaleza. Estados Unidos promete sanciones económicas que hundirán mas al país centroamericano.
En febrero El Parlamento nicaragüense, dominado por el partido de Gobierno, aprobó,“con carácter de urgencia”, la nueva “reserva de Biósfera” en un territorio que por años estuvo sumergido en un conflicto limítrofe entre Managua y Bogotá hasta 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló y delimitó la plataforma continental entre ambos países. El principal reclamo de la Cancillería de Colombia es que la “reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense” incluyó “porciones del mar Caribe colombiano como suyo”. Algo que, indefectiblemente, lleva a Colombia a pronunciarse en contra de las elecciones pasadas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este jueves que detrás de las recientes protestas opositoras en Nicaragua, donde se registraron hechos violentos y al menos una decena de fallecidos, están los mismo intereses extranjeros contra Venezuela.
Nicaragua posee un grupo de poder económico bancario conformado por familias hegemónicas que han pasado de lógicas netamente de agro producción y exportación en la década de los setenta a lógicas completamente enfocadas a la rentabilidad que genera los procesos especulativos que brinda el sistema financiero desde ya hace más de dos décadas, teniendo como eje fundamental los bienes sociales como lo son el suelo y la vivienda, entre otros. Al tener el control de un considerable poder económico, su presencia en los mercados condiciona medularmente la existencia de políticas públicas de carácter social y un marco legal jurídico que cuando menos le ponga límites a los intereses que estos entes poseen en el desarrollo de expansión de sus riquezas, que se traducen en lo territorial en zonas comunes dentro de la ciudad. Proyectos de urbanización residencial y comercial de carácter privado, satisfacen únicamente sus arcas, y sobre todo condicionando la posibilidad de accesibilidad y de un hábitat digno de millones de personas que no pueden competir de ninguna forma contra esos procesos opresores de urbanización y se sumergen en la precariedad y círculo de pobreza que les proporciona los territorios ocupados por ellos en las periferias y guetos urbanos dentro del centro de la ciudad.
En efecto las elecciones en Nicaragua se dieron en un marco de crisis política: con opositores encarcelados y un antecedente en 2018 de manifestaciones opositoras que terminaron con la represión en las calles. Pero no menos cierto es que, desde hace ya muchos años, intereses por petróleo, marítimos y económicos en general sacuden los suelos Latinoamericanos.
Un comentario en “Democracia bajo la lupa en Nicaragua”