Elecciones en Venezuela (II): oposición versus oposición

En el primer capítulo a esta cobertura al camino hacia las elecciones regionales y locales del próximo 21 de Noviembre en Venezuela y del retorno de la Oposición principal a la ruta electoral, se planteó que la(s) oposición(es) se encontraban en un laberinto de su propia creación. Gracias al reiterado empleo de la estrategia de llamado a la abstención y de desacreditamiento de la vía electoral como forma de enfrentar a Maduro. Sin embargo, esto solo les sirvió para fortalecer la incrustación de la fuerza oficialista en los aparatos e instituciones estatales y que derivó tanto en la pérdida de capacidad para removilizar electoralmente a la población opositora, como en prácticas autoritarias hacia dentro de la coalición opositora, donde el disentir con la línea oficial y el liderazgo de turno (hoy Guaidó, con la estrategia de su Gobierno Interino, de ahora en adelante, Interinato) implicaba la estigmatización e incluso la expulsión, acusados de colaboracionistas y cohabitadores “del régimen”, e incluso de alacranes (término que refiere a aquellos opositores creídos financiados por Maduro para disentir con los liderazgos principales de la oposición o incluso favorecer, presuntamente, a su fragmentación).

Y se dijo que el primer paso para poder salir de ese laberinto tendría que ser inscribir candidatos a estas elecciones, para lo cual había fecha hasta el 29 de agosto de este año. Como era esperado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió prorrogar la fecha para el 4 de septiembre y, el 31 de agosto, finalmente los partidos principales de la oposición finalmente anunciaron su participación en las elecciones bajo la rehabilitada tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (referible por igual como Unidad o MUD). El 6 de septiembre, el CNE anunció que el total de candidaturas inscritas fueron de 329 para las 23 gobernaciones, 4462 para las 335 alcaldías y de 65 mil aspirantes para diputados regionales y miembros de las cámaras municipales. Ahora bien, este primer paso solo reveló un nuevo reto para la Oposición: la exorbitante cantidad de candidatos solo inscritos por la Oposición exige el nuevo esfuerzo de concertar postulaciones unitarias y evitar una fragmentación de su electorado que pueda, el día de las elecciones, reducir el respaldo electoral frente a un chavismo que aún asiste unificado.

El principal conflicto enfrenta, por un lado al G4, como se le denomina comúnmente a la unión de los cuatro principales partidos de Oposición: el octogenario Acción Democrática o AD (de tendencia socialdemócrata liberal), Un Nuevo Tiempo o UNT (escisión regional de AD), Primero Justicia o PJ (de tendencia a la centroderecha) y Voluntad Popular o VP (defensores irrestrictos del Interinato); y por el otro lado, a Alianza Democrática, una nueva coalición, acusada de alacranismo y en el que se integran tanto partidos con administraciones ad hoc resultados de intervenciones judiciales (algo que se explicará a detalle más abajo). A su vez, cuenta con liderazgos de afincada base regional y con larga historia de moderación estratégica y decanto por la vía electoral, tales como Laidy Gómez, la adeca (partidaria de AD) que gobierna Táchira, y el excandidato presidencial, disidente chavista y dos veces gobernador de Lara (hasta el 2016); y finalmente, a otros partidos, como Fuerza Vecinal (partido de reciente formación y de base en Caracas y Miranda), que, aún alineados con el G4, han demandado la realización de primarias y cuestionan la imposición de candidaturas unitarias desde la dirigencia nacional de la oposición.

Este artículo tiene, entonces, por fin explorar y hacer crónica de tres de estos conflictos intraoposición, específicamente los casos de las gobernaciones de dos estados claves en el juego político nacional, Táchira y Miranda; y el de la Alcaldía del Municipio Libertador (que cubre todo el Distrito Capital y una mitad de la ciudad de Caracas), baluarte histórico del oficialismo. Pero, fuera de la rosca por las candidaturas, se incluye una crónica de lo que fue parte del lobby de Leopoldo López, líder de VP, contra el envío de la misión de observación electoral por parte de la Unión Europea a Venezuela.

Adeca contra adeco, Laidy Gómez contra Ramos Allup por el Táchira

La importancia del estado Táchira es doble: primero, porque este estado fronterizo ha tenido una relevancia simbólica para el humor político del país. Además de ser cuna de siete jefes de Estado venezolanos, es recordada por los opositores por su papel durante las protestas del 2014 y 2017, que mantuvo un ritmo propio y separado y tanto o más convulsivo que el del propio Caracas. Pero también goza de la segunda importancia de vivir en su interior quizás la escisión más fuerte dentro del partido Acción Democrática, donde otrora copartidarios compiten hoy por la misma gobernación.

Desde 2017, Táchira es gobernada por Laidy Gómez. Durante las elecciones regionales de ese año, en la que, si bien el G4 y la MUD habían llamado a la participación, fue respondida por una marcada abstención por parte de la población opositora; la Oposición solo logró conquistar cinco de las veintitrés gobernaciones: cuatro Estados se los llevó Acción Democrática, siendo uno de ellos Táchira con Gómez (que recibió el 63.19% de los votos), y uno Primero Justicia (que se llevó Zulia, con Juan Pablo Guanipa en la gobernación). Sin embargo, una fractura opositora ocurre en cuanto la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidió que los gobernadores, ante la situación de inhabilitación de la Asamblea Nacional, debían juramentarse ante aquella, o de otra forma, no serían reconocidos en el cargo.

Mientras Guanipa decidió no juramentarse, perdiendo efectivamente su cargo, los cuatro gobernadores electos de Acción Democrática, contrariando la postura de su partido, decidieron sí juramentarse ante la Constituyente. Laidy Gómez afirmó en ese momento que “cuando el Pueblo te implora que no le abandones, la humillación de un líder es un medio para lograr libertad”, señalando que, si era necesario pasar por la humillación de juramentarse ante la Constituyente para gobernar su estado, lo haría. Sin embargo, la consecuencia de esta decisión fue la autoexclusión de los cuatro gobernadores respecto a su partido, Acción Democrática. Al respecto, el secretario general de AD, Henry Ramos Allup afirmó lo siguiente: “fue muy explícita acerca de lo que yo le dije de su posible comparecencia (ante ANC). Les dije que me parecía que no debían ir. Ellos decidieron que iban a concurrir y que se exponían a las sanciones a que hubiera lugar.” Sin embargo, la autoexclusión de los cuatro gobernadores adecos no detuvo a los mismos de seguir dialogando con el G4 y operando en sintonía. 

Por los siguientes años, Laidy Gómez tuvo que mantener una gestión estatal retada por la designación de Freddy Bernal, entonces ministro de Agricultura Urbana y Periurbana de Maduro (y hoy candidato oficialista para Táchira) como protector de aquel estado, una figura inexistente en la legislación venezolana y que sirvió para competir funciones ejecutivas y administrativas a la gobernación del estado. Aún en esta situación, Gómez mantuvo una actitud proactiva de dialogar y negociar tanto con Bernal como con Maduro distintas propuestas y proyectos para su estado: evaluaron vías con ayuda internacional de suministro de medicinas, de suministro de insumos agrícolas y agropecuarios. Aún con las presiones y tensiones con el Ejecutivo Nacional y la existencia de un Protector, Gómez ha logrado mantener un buen margen de gobernabilidad y de gestión respecto al Táchira, gracias a esta postura más conciliatoria, que dista de la fuerte intransigencia tenida por el resto de la Oposición respecto al Oficialismo en estos años.

Este primer quiebre actitudinal respecto a Gómez de sus copartidarios con mayor cercanía al núcleo duro del G4 evolucionó en fracturas estratégicas en los años siguientes: en 2019 denunció haber recibido amenazas por no querer reconocer a Juan Guaidó y mientras rechazaba participar en la consulta popular organizada por aquel en 2020, alentó a la participación en las elecciones parlamentarias de dicho año. Henry Ramos Allup la acusó de traicionar a su partido (del cual, vale acotar, ya se encontraba autoexcluida en términos del propio Ramos Allup) y logró la expulsión de Gómez del Frente Amplio Venezuela Libre (organización de partidos opositores que vino a reemplazar en 2018 a la MUD luego de su inhabilitación). 

En enero de 2020, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, suspendió a la junta directiva de Acción Democrática e instaló una Mesa Directiva ad Hoc para un proceso de reestructuración de la organización. Esto implicó que jurídicamente, la dirección presidida por Ramos Allup perdiese los símbolos y credenciales del partido, que ahora serían poseídas por el exsecretario regional del partido, Bernabé Gutiérrez, acusado de traidor y alacrán por sus excopartidarios. Si bien de facto, esto no implicó que la organización partidaria pasase a obedecer a Gutiérrez, de iure, la organización dirigida por Ramos Allup ya no podría presentarse a elecciones como la histórica tolda blanca. En esta situación, Gómez, rechazada por la dirigencia de Ramos Allup, pasó a articularse en la nueva Acción Democrática dirigida por Gutiérrez y así, con esa tolda blanca, presentar listas para las elecciones parlamentarias del 2020 (sin embargo, llegada las elecciones, Táchira resultó ser el estado con la menor participación, con apenas 19,51% de votantes acudiendo a las urnas).

Con el retorno del G4 a la vía electoral, en Táchira hoy se disputa la gobernación no solo Freddy Bernal, sino también dos candidatos adecos: buscando la reelección, Laidy Gómez (aún con el AD de Bernabé Gutiérrez y bajo la tarjeta de Alianza Democrática), y el enviado de Ramos Allup, con la tarjeta de la MUD, Fernando Andrade

Si bien es un conflicto en el que se puede acusar, como opositores y académicos han hecho, entre una organización aparentemente favorecida intencionalmente por Maduro para fragmentar a la oposición (Alianza Democrática) y la MUD, no impide reconocer que el conflicto entre Laidy Gómez y Henry Ramos Allup supera este hecho, y refiere a una situación más compleja: la de una dirigencia local que ha roto con una dirigencia nacional que ha perseguido una estrategia fracasada reiteradas veces (la abstención) y ahora regresa sobre sus pasos sin enmendar con antiguos copartidarios.

La MUD contra Fuerza Vecinal por Caracas y Miranda

La lucha por las candidaturas unitarias por la alcaldía del Municipio Libertador y por la gobernación del estado Miranda, que en conjunto contienen tanto la capital, como todo su conurbano, han venido estrechamente enlazadas dentro de la Oposición y comienza con la formación en junio de este año de un nuevo partido, Fuerza Vecinal. Alcaldes opositores electos en 2018 para los municipios de Baruta, El Hatillo y Chacao (tres de los cuatro municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas), junto a otros opositores que decidieron no esperar a que el G4 y la MUD aceptasen retornar a la ruta electoral para ellos inscribirse. 

Este partido también decidió postular para el cargo a gobernador de Miranda a uno de sus líderes, David Uzcategui, exconcejal de Baruta por 13 años, miembro fundador de PJ y en algún momento candidato a la alcaldía de Baruta en 2013, pero inhabilitado a asumir cargos públicos previo a la elección por el poder judicial; y prestar su apoyo como candidato al Municipio Libertador a Antonio Ecarri, también de origen pejotista y que en 2010 funda su propio partido opositor, Alianza del Lápiz, con el cual hoy es aliado de Fuerza Vecinal.

El conflicto tiene así estos dos frentes. En el Municipio Libertador comienza primero con el cruce entre dos candidatos inscritos por la propia MUD: Roberto Patiño, pejotista y de origen caraqueño, y Tomás Guanipa, también pejotista, hermano de Juan Pablo Guanipa y de origen zuliano. Si bien Patiño había empezado velozmente su campaña, pronto el 11 de septiembre cedería su candidatura a favor de Guanipa, dado que ello fue una decisión consensuada en la Unidad. Ante cierto rechazo y reclamo por su candidatura (acusada de ser impuesta) y el retiro de Patiño, que era considerado un candidato más apropiado por su larga historia de trabajo de base en Caracas, Guanipa llegó a comentar que jamás “sería un candidato impuesto en un sitio donde no tuviera respaldo popular y mucho menos para un cargo ejecutivo”. Incluso candidatos que se retiraron como otros que no lo hicieron, afirmaban que era él quien lideraba las encuestas e intenciones de voto, y que su candidatura está fundamentada en encuestas y acuerdos del G4.

Y así, como principal candidato opositor retando la candidatura de Guanipa quedó Ecarri, del que vale mencionar su reclamo por la realización de primarias como medio para solucionar el conflicto por la candidatura unitaria, un reclamo/petición que de hecho fue también compartido por figuras de su frente, como lo fue Uzcátegui (a comentar más adelante), pero también Laidy Gómez en Táchira, que de hecho, llegó a un acuerdo con el excandidato de VP, Daniel Ceballos, para realizar unas primarias, en la que, si bien no participó el G4, logró unificar 9 candidaturas locales

En el segundo frente, en el estado Miranda, la temprana candidatura de Uzcátegui fue retada por la posterior candidatura por parte de la MUD de Carlos Ocariz, exdiputado nacional pejotista y en dos ocasiones alcalde del Municipio Sucre en el Área Metropolitana de Caracas. La respuesta de Uzcátegui es que no aceptarían imposiciones de candidatos por parte del G4 e invitaba a Ocariz a medirse en primarias, llegando a afirmar que la candidatura de Ocariz se imponía “al mejor estilo dictatorial”. El acuerdo alcanzado fue de realizar, en cambio, cuatro encuestas a la población mirandina y que el que venza en tres, sea el candidato unitario. En dos ruedas de prensa paralelas de ambos candidatos, donde los resultados de las encuestas no fueron presentados, Uzcátegui afirmó haber sido el ganador de tres encuestas, mientras que Ocariz afirmó que no se realizaron las auditorias necesarias y no aceptaría ese resultado.

Ambos candidatos continuaron sus campañas, hasta el 4 de noviembre, cuando Ocariz invitó por medio de este video a Uzcátegui a encontrarse con él a las 5 de la tarde en Santa Rosa de Lima (una localidad de Caracas) para llegar a un acuerdo respecto a sus candidaturas. A las 7 de la noche, se supo que aún Uzcátegui no había hecho aparición y Ocariz insistió en la urgencia de encontrarse. El 10 de noviembre, entre periodistas y políticos en redes empezó a rumorearse un presunto acuerdo entre la MUD y Fuerza Vecinal para que el segundo le retirase su apoyo a Ecarri en el Municipio Libertador a cambio de que la MUD retirase la candidatura de Ocariz a favor de Uzcátegui. El 11 de noviembre se hizo efectivo este rumor cuando Fuerza Vecinal anunció el retiro de su respaldo a Ecarri y a Alianza del Lápiz y Ocariz anunció el retiro de su candidatura a favor de la de Uzcátegui. Por su parte, Ecarri reaccionó afirmando que su partido no pacta con corruptos (aludiendo a la MUD) y que continuaría asistiendo a las elecciones de forma independiente.

Leopoldo López contra la Observación Internacional

La historia reciente de Leopoldo López, fundador de VP, ha venido marcada por una incansable (y no muy fructífera) lucha por aumentar su relevancia y su margen de poder en el escenario político venezolano. Pasó de ser un precandidato presidencial en 2012, que debió dimitir su candidatura al comprender el escaso de su respaldo electoral, a ser la figura central de las protestas del 2014, en el cual fue apresado, volviéndose prácticamente el mártir heroico en el imaginario opositor. En 2019, su margen de poder finalmente aumenta realmente en la medida en que VP asume el liderazgo de la oposición a través de la autoproclamación de Juan Guaidó, uno de sus copartidarios, como presidente Interino de Venezuela.

Si bien los frutos de la estrategia del Presidente Interino no dio los frutos deseados en el corto plazo, mejoró la situación de López. A fines de abril de 2019, con una Operación Libertad, donde Guaidó vendía una situación de insurrección y próximo golpe de Estado a Maduro, se logró (lo que pareciera ser el único verdadero objetivo de la operación) la fuga de López de su arresto domiciliario, para ir a ser recibido en la Embajada Española como refugiado. Eventualmente, en octubre de 2020, López logra su salida de la Venezuela, llegando a España, donde reside su familia. Vale mencionar que el padre de Leopoldo López es el Leopoldo López Gil, Eurodiputado por el Partido Popular.

Residiendo en España, con sus propios contactos, junto a los contactos de su padre y aprovechando ser el jefe del Partido del Presidente Interino de Venezuela, López tuvo una cantidad importante de oportunidades para participar en distintas actividades, reuniones, negociaciones y lobbies con figuras de la política europea. Recientemente, con los cambios políticos ocurriendo en Venezuela, el objetivo de sus actividades en Europa ha sido uno: proteger el reconocimiento de Guaidó como Presidente Interino (reconocimiento que, de perder, le restaría las cuotas de poder que cree haber obtenido), manteniendo una campaña activa para cuestionar y deslegitimar las elecciones de este 21 de noviembre.

La legitimidad de la Presidencia Interina de Guaidó en el plano internacional he dependido de que se mantenga el supuesto de que no hay resolución electoral al conflicto venezolano y, por lo tanto, Maduro solo puede usurpar el cargo de la presidencia hasta que se logre o su derrocamiento militar, una negociación o una renuncia forzada de Maduro. Que sea posible una salida electoral, por tanto, solo vendría a revelar que la estrategia de este Interinato, además de haber sido un despilfarro de gastos, no tiene más necesidad de ser.

En consecuencia, el lobby de López en Europa ha apuntado, primero, a desincentivar el envío por parte de la Unión Europea de una Misión Técnica de Observación, como ya se estaba evaluando desde agosto de este año. Leopoldo López sostuvo recientemente en una reunión con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ditta Charanzanová, que “Venezuela no cumple con los estándares para una misión de observación electoral de la Unión Europea” y que le preocupa “que bajen los estándares de lo que es una elección libre porque eso solo blanquearía al régimen y sería muy peligroso” y que “una misión como esta no cumple con las condiciones, porque una misión de observación electoral es un proceso largo, de meses”

Sin embargo, su estrategia no pudo sino fallar: no solo la Unión Europea decidió enviar una Misión de Observación (la primera desde 2006), sino que también tanto el Carter Center como la Organización de Naciones Unidas, por invitación del CNE, desplegarán una Misión y un Panel de Expertos Electorales respectivamente. A pesar de esto y negando la posibilidad para que las próximas elecciones sean “libres y justas”, Leopoldo López ha insistido en la necesidad de seguir reconociendo a Guaidó como Presidente Interino.

A Modo de Conclusión

A la fecha de publicación de este artículo quedarán cuatro días para las elecciones regionales y locales, y con algunos conflictos ya cerrados y otros irresueltos (e imposibles de cerrar ya armoniosamente antes de los comicios), quedará esperar a los resultados para comprender cómo estos cruces intraopositores serán recibidos por el electorado: por el lado de los candidatos que lograron asumirse como postulación unitaria habrá que descubrir si lograrán movilizar la cantidad de votos necesarias para sobreponerse a los candidatos oficialistas, o si nuevamente el abstencionismo rebelde a las convocatorias opositoras les cobrará tanto por estos meses de conflicto interno como tantos años de desacreditamiento de la vía electoral como forma de enfrentar al gobierno; por el lado de los candidatos que no hallaron una solución unitaria, quedará ver si el voto opositor se verá fragmentado, dando ventaja al candidato oficialista o si una u otra fuerza logrará vencer a la otra a la vez que al oficialismo (si no es que se repite el problema de la abstención).

Sin embargo, algo que se debe rescatar de estos cruces narrados es el elemento común que unifica tanto al caso de Táchira como al del estado Miranda y el Municipio Libertador: todos refieren a conflictos entre la línea nacional con las dirigencias locales, y la demanda desde la localidad por una mayor democratización que es respondida desde la dirigencia nacional de la MUD con una exacerbación de prácticas como la de acuerdo entre élites o el recurso exclusivo a las encuestas. Politologues como Maryhen Jimenez han empezado a leer estos cruces dentro de la Oposición con la clave de una cada vez mayor desconexión entre élites y la población, quedará esperar a los resultados en las próximas elecciones para reconocer qué líneas serán beneficiadas, y cuáles serán castigadas, si no es que todas por igual.

Si a esto se le agrega el lobby de Leopoldo López para evitar que la Unión Europea envíe la misión de observación electoral que efectivamente desplegó (y que haría peligrar el reconocimiento futuro al Interinato, del que López es un beneficiario político directo), se podría empezar a articular una hipótesis para futuras investigaciones: ¿puede ser que la MUD este viviendo un proceso de oligarquización en el ámbito de la dirigencia nacional?, se puede invocar a la Ley de Hierro de la Oligarquía de Michels y cuestionar si este largo proceso de enfrentamiento con el chavismo no habrá devenido en la oposición un mayor cierre en la cúspide de sus dirigencias, un distanciamiento con sus militancias regionales y con sus bases locales, hoy traducidos en estos conflictos intrapartidarios, y que también podrían explicar el rechazo a la democratización de las candidaturas como a las prácticas, ya mencionadas en el capítulo anterior de esta cobertura a las elecciones, de autoritarismo y castigo contra cualquier disidencia a la línea oficial de la coalición opositora. Serán interrogantes para otra ocasión.

Escrito por

Nacido en Caracas, Venezuela. Estudio Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Interesado en Política Latinoamericana, Poder Judicial y Fuerzas Armadas.

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