Resistencias en el marco de la ASPO: la visibilidad Travesti – Trans

Es necesario saber, cómo dijo Lechner, que la actualidad de los derechos humanos es conocida. No hay Estado que no los proclame constitucionalmente, no hay gobierno que no los reconozca solemnemente y, sin embargo, son violados constantemente”(1)

Por eso la motivación principal de este artículo es dar luz a problemáticas que son muy antiguas, y que son poco tratadas. Reconocer las luchas también es parte de reivindicar los derechos humanos. El presente trabajo tiene por finalidad identificar el impacto que ha implicado la pandemia por el Covid-19, y las políticas públicas de prevención que se dictaron al efecto, en la comunidad travesti/trans. 

En la sociedad moderna hay un consenso generalizado que el acceso al trabajo formal sigue siendo una de las grandes problemáticas de este sector. La precariedad laboral es una de las características que afecta a la población. La proporción de quienes trabajan en el sistema formal es baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans tiene aportes jubilatorios. El trabajo sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente por parte de las mujeres trans. La promulgación de la Ley de Identidad de Género produjo en la población trans la búsqueda de trabajo en el ámbito formal y 3 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres trans retomaron la búsqueda (2). 7 de cada 10 mujeres travestis – trans se ven en la necesidad de llevar a cabo el trabajo sexual. Ante la situación del distanciamiento obligatorio el ingreso de subsistencia que obtenían por estos medios se vio coartado. 

La comunidad travesti-trans, en Argentina en particular y en la región en general, históricamente ha fomentado la organización en redes que faciliten el acceso de las personas trans a sus derechos humanos básicos. Esto se vió truncado con la llegada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, estas organizaciones se debilitaron. Ya sea por la falta de recursos como el impedimento de poder circular libremente.  Desde que comenzó la pandemia del COVID19, pocas han sido las medidas tomadas por el Estado para paliar un estado de situación que, si bien se viene arrastrando hace muchísimos años, con la emergencia del virus se agudizó muchísimo más. Pero la otra cara de la moneda es que los movimientos feministas en general y la comunidad LGBTQ+ (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA)) en particular, y la coyuntura sanitaria actual, hicieron mucho más visibles esta problemática que afecta a muchas personas en todo el país, ya que no cuentan con lo mínimo indispensable que toda persona debe tener qué es un trabajo en condiciones dignas con obra social.  En el ámbito de la salud se encontró que 7 de cada 10 personas trans se atienden en el sistema público de salud. Según este estudio, 8 de cada 10 personas trans sufrieron situaciones de discriminación en este ámbito debido a su identidad antes de la sanción de la ley. Sin embargo, este número disminuyó a 3 de cada 10 personas luego de la promulgación de la ley.

Los recursos de redes sociales y medios alternativos de comunicación, se presentan como claves no solo para informar sobre el estado situacional, sino para conseguir ayuda del Estado, y de la población en general.

En tiempos de crisis sanitaria, la precariedad del sistema público de salud trae consecuencias para todas las personas pobres, trabajadoras y explotadas, y especialmente también para la población travesti y trans. La comunidad trans constituye uno de estos grupos, quizás el más hondamente afectado. 

Si bien se han hecho avances en cuanto a la vulneración de derechos que sufren las personas travesti-trans, ello no nos debe alejar de la realidad planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establece que, según los datos recabados en su “Registro de Violencias” y los informes producidos por las organizaciones de la sociedad civil, la expectativa de vida para personas trans es de 35 años (3). 

“La expectativa de vida para personas trans es de 35 años”

Narcisa Calderón, vocera de la agrupación Pan y Rosas, activista trans y estudiante de la Universidad de Tarapacá, señala que: “es necesario que frente a la emergencia sanitaria el gobierno se haga cargo de garantizar salud y condiciones mínimas de vida para la población travesti y trans, así como de los sectores más precarizados de la población. Es urgente que se garanticen cupos laborales trans, que se conviertan hoteles en centro de salud y casas de acogida para todos los que vivan en situación de calle, viviendas precarias, condición de hacinamiento, inclusive más allá de la identidad de género. Además, hoy por la cuarentena son cientos los jóvenes que están en sus casas con familias que los invisibilizan y los niegan, como consecuencia de la moral conservadora impulsada por las iglesias y la derecha, es por eso que necesitamos la separación de la iglesia y del estado efectiva, así como también de las instituciones educativas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.” 

En 1954 Arendt planteó que el punto de partida de los derechos humanos es la constatación de que el derecho básico es el “derecho a tener derechos”(4). Desde el paradigma de los derechos humanos, pensar la comunidad implica reflexionar sobre el lazo social que hace posible la vida en común de todas y todos; esto es, el desarrollo sobre bases equitativas de las expectativas de vida buena y plena, libre de condicionamientos y desigualdades. La situación de crisis existente a partir de la pandemia por el Covid-19 ha puesto de manifiesto las condiciones de privilegio y desigualdad que se viven dentro de las comunidades. 

La situación de crisis existente a partir de la pandemia por el Covid-19 ha puesto de manifiesto las condiciones de privilegio y desigualdad que se viven dentro de las comunidades. 

La cuarentena no detuvo el odio hacia la comunidad LGBTQ+. Desde el Observatorio MuMaLa informaron que en 2020 hubo 104 ataques de odio y 99 trans/travesticidios sociales, que es el conjunto de exclusiones que se dan hacia la comunidad travesti trans (expulsión de sus hogares, la dificultad para acceder al sistema salud, educación, trabajo, entre otros). El 61% de las víctimas de ataques fueron travestis y mujeres trans, el 26% gays, el 9% lesbianas, el 3% varones trans y el 1% personas no binarias. En el 38% de los casos, la víctima necesitó atención médica. El 32% de los agresores son desconocidos. El 28% son conocidos. El 25% son miembros de las Fuerzas de Seguridad. Y luego siguen los profesionales de la salud (7%), periodistas (2%) y profesionales de la educación (3%). 

Estos crímenes de odio suelen suceder a la vista de todos: el 34% de los hechos son en la vía pública. En estos casos, y atendiendo a la necesidad de garantizar los derechos humanos para mantener la integridad física del colectivo, ya no se demanda del Estado que mantenga derechos iguales para todos, sino que, frente a ciertas situaciones estructurales de violencia, aun cuando esa violencia provenga de particulares, no de actores estatales, el Estado tome partido y adopte políticas activas de tutela o de protección.

En el mundo de manera general, y en América Latina de manera particular, las medidas que han adoptado los diversos gobiernos para mitigar los riesgos y mortalidad del virus, demostraron la poca o nula contemplación de los colectivos más vulnerados de la sociedad (5). 

Esto generó que el colectivo se halle en situaciones de extrema pobreza, de inaccesibilidad a la vivienda y esté constreñido a realizar trabajos informales y altamente criminalizados, como el trabajo sexual. Este último punto los hace más propensos a ser víctimas de abuso policial. Ante la situación del distanciamiento obligatorio el ingreso de subsistencia que obtenían por estos medios se vio coartado. 

Finalmente se manifiesta el escaso acceso a la salud y a las transformaciones corporales de calidad y médicamente controladas, lo que pone permanentemente en riesgo su vida. Ante el avance del Covid-19 y las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Estado, varios organismos internacionales y asociaciones de la sociedad civil intentaron dar cuenta de la realidad que estaba viviendo el colectivo LGTBIQ+. En este sentido, es importante remarcar que la comunidad travesti – trans en Argentina cuenta con un amplio abanico de asociaciones propias encargadas de asegurar sus derechos, que ha respondido rápidamente. El trabajo primario de estas entidades fue reforzar las redes de contención y asistencia a sus miembros, en un intento de proveer apoyo económico y emocional.  

Es obligación de los Estados velar por los Derechos de todos y todas. En palabras de Abamovich “son demandas de igualdad de segunda generación. Porque son demandas que traen consigo una discusión sobre el modelo de Estado que requiere la tutela de derechos humanos en democracia” (6).  Con esto se refiere no sólo la desigualdad jurídica, la desigualdad ante la ley de una persona frente a otra, sino la situación de grupos, de colectivos o de sectores sociales que padecen procesos históricos y estructurales de desigualdad social. 

Aquí ya no se reclama que las personas sean tratadas como iguales, sino que se demanda que el Estado abandone de alguna manera la neutralidad, que realice una acción de protección especial para con estos sectores. No demandan un Estado ciego a las diferencias, sino un Estado que reconozca que ciertas situaciones son diferentes, que hay grupos que son subordinados por otros y que, por lo tanto, tome partido en la defensa y la protección de esos grupos. No hablamos ya de iguales derechos para todos, sino de algo más. De ciertos derechos especiales para ciertos grupos o sectores de la población que resultan indispensables para asegurar un piso común de ciudadanía.

Por otro lado, si bien algunas medidas del Estado argentino resultaron acertadas por las campañas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de publicidad de derechos, los decretos que establecieron la imposibilidad de desalojo o los aumentos inmobiliarios, la entrega de productos de la canasta básica alimentaria a personas trans, muchas de ellas no fueron tenidas en cuenta o tuvieron que ser impulsadas por diferentes espacios de la sociedad civil, que acompañaron y buscaron asegurar un trato digno para estas personas que corrían grave riesgo en la situación coyuntural. 

Los Derechos Humanos no pueden ser vistos como un criterio moral independientemente de la política, pero tampoco un programa de acción política: “los derechos humanos simbolizan un referente trascendental y, por ende, no factible” (7). Lo que esto significa que nunca, en ningún lugar se realizan los Derechos Humanos: es la realidad de una falta cotidiana, pero no por eso son una ilusión. Esto es planteado así, según Lechner, porque no podemos concebir la realidad posible sino mediante una concepción de lo imposible. Solo de esta manera que los derechos humanos se plantean como una tarea, se nos plantea el orden que queremos construir. 

Las condiciones de vida de las personas travestis-trans ya se consideraban desiguales antes de la pandemia. Esta realidad que nos toca sanitariamente a nivel mundial, puede traer problemas que perpetúen más sistemáticamente la realidad que a este colectivo le toca vivir. Las medidas adoptadas por el gobierno han ayudado en alguna medida las necesidades más urgentes e inmediatas, pero sin duda se necesita un abordaje integral para que esta situación que ya existe (y es muy grave) no empeore, y para que las personas travestis/trans puedan contar con una salud económica, física y mental en igualdad de condiciones que sus conciudadanos.

Es urgente que hagamos algo cuando vemos este tipo de agresiones. No nos quedemos callados. Hablemos, pidamos ayuda y denunciemos. Porque esta vulneración de derechos lleva a la precariedad de su bienestar y a la reducción de la expectativa de vida de muchas. Los Derechos Humanos no son otra cosa que una característica constitutiva de la forma comunidad: si se viola este corpus de derechos se está violando el principio constitutivo de la colectividad, y no derechos individuales. 

Es urgente que se generen políticas para proteger a la comunidad LGBTQ+. Es urgente que se aplique en todos los ámbitos la Educación Sexual Integral (ESI), La Ley Micaela.

Referencias: 

  • 1-  Lechner N. (1983). “Los derechos humanos como categoría política”. Documento de trabajo. Programa Flacso. Número 201. Santiago de Chile.
  • 2-  Fundacion Huesped: https://www.huesped.org.ar/noticias/informe-situacion-trans/
  • 3-  Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina y Fundación Huésped (2014). “Ley de Identidad de género y acceso al cuidado de la salud de personas trans en Argentina”. Recuperado de https://www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2014/05/OSI-informe-FINAL.pdf
  • 4-  Arendt H. (1996). Entre el pasado y el futuro: Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Península, Barcelona. España
  • 5-  Alvarado F.K. y Weber A.C. (2021). “La realidad de las personas trans en el contexto de la pandemia. El caso de Argentina y México”. En Revista: Nueva Serie Documentos de Trabajo; no. 26. Instituto de Relaciones Internacionales. La Plata. Buenos Aires. Argentina.
  • 6-  Abramovich V. (2009). “La situación de los derechos humanos en América Latina”. En Los aprendizajes de la lucha por los derechos humanos para intervenir en los problemas del presente. Memoria Abierta. Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Buenos Aires. Argentina.
  • 7-  Lechner N. (1983). “Los derechos humanos como categoría política”. Documento de trabajo. Programa Flacso. Número 201 (p. 12). Santiago de Chile.

Escrito por

Estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencia Politica de la Universidad de Buenos Aires.

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