Mujeres en la política y feminismo

La participación política de las mujeres es baja y está en peligro a nivel mundial y local. El género femenino cuenta con poca representación en los puestos directivos, la administración pública, el sector privado y el mundo académico. Si se observan las estadísticas, las mujeres representan el 47% del personal operativo y el 42% de los puestos profesionales, pero solo el 29% y el 23% de los puestos directivos y ejecutivos, respectivamente (Total Remuneration Survey-TRS, 2019). 

Las cuotas de género son un mecanismo necesario para mejorar la baja representación de las mujeres, empoderar, promover, representar sus intereses y defender sus derechos en la agenda legislativa, ya que son indispensables para que las mujeres también desarrollen su carrera política y se incorporen en la arena. Mediante este tipo de mecanismos, se insertan dentro del proceso de selección de candidatos al armar un cupo de lista electoral femenina. En este sentido, este artículo busca generar conciencia sobre las barreras estructurales a las cuales estamos sometidas las mujeres a la hora de aspirar a cargos políticos a nivel mundial y el erróneo cumplimiento de las leyes de cuotas y de paridad. 

En Argentina se han expresado críticas respecto de que los partidos eligen candidatas pasivas y maleables, a menudo mujeres que son esposas, amantes o parientes de líderes políticos hombres”.

Franceschet, 2008

Enfocándonos en nuestro continente, el sistema de cuotas en América Latina es un fenómeno muy reciente y todavía le falta desarrollo. Muchas veces, las mujeres que llegan a un cargo de poder político lo hacen a través del contacto con líderes hombres, al ser sus esposas o parientes, por ejemplo. “Aunque la existencia de una ley de cuotas aumenta la posibilidad de que las mujeres sean designadas como candidatas, se han expresado inquietudes respecto del tipo de mujeres que la cúpula partidista elige para llenar las cuotas. En Argentina se han expresado críticas respecto de que los partidos eligen candidatas pasivas y maleables, a menudo mujeres que son esposas, amantes o parientes de líderes políticos hombres” (Franceschet, 2008).

Es importante mencionar que el sistema de cuotas y cómo se lo aplica depende de una variedad de factores institucionales y sociales: factores individuales como la ideología, la identidad partidaria y la conciencia de género; cantidad de  legisladoras mujeres, ya que es importante contar con una masa crítica; el contexto institucional, es decir, el entorno legislativo, la existencia de comités parlamentarios de mujeres; y los factores sociales, destacando la importancia de los movimientos feministas (Franceschet, 2008).

En este sentido, la representación femenina (y feminista) en las legislaturas es clave para promover los intereses de las mujeres y asegurar y promover la participación de las mismas en la vida política, ya que las funcionarias públicas pueden presentar propuestas legislativas con temáticas de la mujer, unirse a otras mujeres para presionar la cúpula partidaria para que se incorporen estos temas en las políticas del partido, realizar vínculos con agencias dentro del aparato estatal relacionadas con temáticas de la mujer, entre otros. Cuando los intereses de género no son claros, es necesario que haya un grupo social de mujeres que los represente en el cuerpo legislativo.

Una de las desigualdades políticas más universales se basa en la condición de género. En promedio, ocho de cada diez bancas en los parlamentos son ocupadas por hombres, lo que evidencia un déficit en el acceso igualitario a las instituciones.”

Caminotti, 2013

Las barreras estructurales creadas por las leyes e instituciones patriarcales siguen limitando las opciones de las mujeres para tener participación en la arena política. A lo largo de la historia y hasta la actualidad, las mujeres tienen menor probabilidad de contar con educación, contactos y recursos necesarios para convertirse en líderes. Generalmente, la política es vista como una actividad de varones mientras que el trabajo de la mujer está relacionado con las actividades domésticas, siendo estas un trabajo no remunerado. Muchas veces también se habla de que al ser madres “no tienen tiempo” de tener un trabajo profesional ni mucho menos dedicarse a un campo tan demandante como el de la política. Frecuentemente, el estereotipo de nuestra sociedad relaciona a la mujer con lo emocional, lo “hormonal” y esto les juega en contra a la hora de ocupar cargos de alto poder. El hombre, en cambio, está naturalizado como el zoom politikón, perpetuando así las reglas de juego patriarcales. 

Es un gran obstáculo para la mujer discutir sobre sus intereses en un contexto de extrema desigualdad, ya que en los mismos puestos se demandan mayores capacidades a las mujeres. A su vez, estadísticamente los salarios del género masculino son superiores a los del género femenino, a pesar de que ambos géneros desarrollen las mismas tareas (Total Remuneration Survey-TRS, 2019). Los puestos jerárquicos son ocupados en su mayoría por varones, sin importar que en los mismos equipos haya mujeres con igual o más formación y experiencia. “Una de las desigualdades políticas más universales se basa en la condición de género. En promedio, ocho de cada diez bancas en los parlamentos son ocupadas por hombres, lo que evidencia un déficit en el acceso igualitario a las instituciones” (Caminotti, 2013).

En 1991 se sancionó en Argentina la Ley 2.402, estableciendo cuotas legales de género con el objetivo de alcanzar una mayor representación de mujeres en el ámbito político. Sin embargo, la ley establece la obligatoriedad de que las listas sean conformadas por un 30% de mujeres, dejando así una superioridad de un 70% de hombres. Es importante remarcar que varios países latinoamericanos (Brasil, Panamá, Colombia, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Perú, República Dominicana, Bolivia, México y Ecuador) posteriormente sancionaron leyes similares, ya que la lucha feminista y este derecho conquistado repercutió en todo el continente. Años más tarde, se sanciona en nuestro país la Ley 27.412 en 2017, es decir la Ley de Paridad que establece que en las listas de candidatos debe haber alternancia de hombres y mujeres intercaladamente. Sin embargo, esta ley solo es vinculante para puestos a nivel nacional, dejando a elección de las provincias y de sus partidos políticos adherirse a la misma o no, generando una doble desigualdad en los niveles subnacionales.  

Las leyes de cuotas aumentan la representación parlamentaria de las mujeres, pero no aseguran acceso a posiciones de liderazgo. Al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner solo había cuatro ministras mujeres (Teresa Parodi, Cecilia Rodríguez, Alicia Kirchner, Débora Giorgi) en un total de veinte cargos en el gabinete. Por otra parte, Mauricio Macri designó solamente tres ministras (Susana Malcorra, Patricia Bullrich y Carolina Stanley), siendo cuatro mujeres, junto con la vicepresidenta Gabriela Michetti, en total en el gabinete. Las políticas públicas necesitan de gobernadoras, presidentas, ministras y demás funcionarias de altos rangos que entiendan la importancia y urgencia de la perspectiva de género para alcanzar una sociedad más igualitaria.

Aunque las leyes mencionadas en este artículo tengan el objetivo de disminuir la brecha de género en los órganos de representación, no son suficientes ya que no se cumplen efectivamente por los distintos factores mencionados a lo largo del artículo. Las mujeres difícilmente llegan a puestos de liderazgo y hoy en día consiguen sus puestos principalmente para obedecer con la Ley. Necesitamos alcanzar y mantener el cambio cultural y político en donde se respete y se promueva la paridad, no solo para cumplir una ley, sino porque se reconoce el potencial y el capital político de aquellas candidatas dentro de las listas. Las leyes fueron conquistas de gran importancia por el movimiento feminista, pero nos queda un largo camino por recorrer para obtener en efecto una agenda legislativa y una representación feminista que no dependa de decisiones políticas tomadas por una cúpula de poder patriarcal.

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