La asunción de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero trajo consigo un sinnúmero de cambios, tanto a nivel doméstico como internacional. Uno de ellos refiere a la vinculación entre la potencia y el llamado Triángulo Norte, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador. Si bien esta subregión siempre se posicionó como un tema de peso en la agenda exterior de Estados Unidos -principalmente por ser parte fundamental del “patio trasero” norteamericano-, la administración de Biden volvió a poner el foco en el fortalecimiento de la democracia y la lucha anticorrupción como pilares de su relación y condicionales de su asistencia financiera.

En el desarrollo de esta agenda, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) se destaca como peón fundamental en el juego entre Biden y Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ¿Por qué? Porque el representante del Departamento de Estado para llevar adelante las relaciones entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, ya dejó en claro que apuntan a convertir a la joven CICIES en una referente en la lucha contra la corrupción en la región. Por su parte, Bukele, quien en 2019 dio lugar a la puesta en marcha de la CICIES, mantiene en secreto sus planes para la misma mientras otros actores elevan sus pedidos de reforma. Con Biden y Bukele a ambos lados del tablero, la CICIES se convierte en la materialización de un juego de poder entre los mandatarios y una pieza clave en las negociaciones por la asistencia financiera y la migración.

La CICIES surgió como un organismo de asistencia técnica acordado entre la cancillería salvadoreña y la Organización de Estados Americanos (OEA) hacia finales de 2019. Bukele, durante la campaña presidencial que lo llevó a la victoria en febrero de ese mismo año, había enarbolado la lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas. El país había experimentado tres décadas de gobierno alternado entre la Alianza Republicana Nacional (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), con políticos salpicados e incluso procesados y condenados por causas de corrupción (como es el caso del expresidente Antonio “Tony” Saca). Así, el discurso de Bukele de luchar contra la clase dirigente corrupta y su intención de renovar la cúpula del Estado se volvió un discurso atractivo para muchos.

Ahora bien, desde el punto de vista estadounidense, ¿qué interés despierta la calidad democrática del país más pequeño de Centroamérica? ¿Por qué querría Estados Unidos involucrarse y promover el fortalecimiento de las instituciones y el respeto de los derechos humanos en territorio salvadoreño? La respuesta, simple y compleja a la vez, es que se asocia una mayor calidad democrática y una mayor fortaleza de las instituciones con una mejor calidad de vida. Si se entiende a la corrupción como una amenaza al correcto funcionamiento del Estado y a la confianza civil en las instituciones, también se entiende a la lucha contra ella como un paso esencial en el mejoramiento del sistema democrático. Y, utilizando las palabras de Zúñiga, sin democracia no hay forma de reducir la migración.

En el caso de El Salvador, la corrupción (junto con otros vicios que han minado el progreso del país desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992) ha sido una de las múltiples causales de la inseguridad, la desigualdad y la pobreza que flagelan a su sociedad. Esto lo ha convertido en uno de los principales países exportadores de migrantes hacia Estados Unidos, con el 90% de sus nacionales en el extranjero residiendo en dicho país según datos de la CEPAL. Pero es particularmente la migración que se produce por vías irregulares y la situación en la frontera sur lo que Biden ha identificado como una de las problemáticas más urgentes a resolver durante su paso por el gobierno estadounidense.

Entre 2016 y 2020, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había mantenido una cercana relación con Bukele en tanto sus intereses y enfoques se alineaban: Trump no se inmiscuía en el desarrollo de la política interna salvadoreña ni condenaba los avances de tinte autoritario, y Bukele colaboraba con la carga migratoria que recibía Estados Unidos mediante acuerdos de “tercer país seguro”. Con el advenimiento de un nuevo gobierno demócrata y de una figura como la de Joe Biden, los acuerdos migratorios quedaron suspendidos y el enfoque para con El Salvador, al igual que el resto de Centroamérica, se transformó para poner en el centro las causas estructurales que provocan la migración irregular.

En este contexto, la CICIES se vuelve moneda de cambio: en su redada anticorrupción, el funcionario designado por la administración de Biden para ocuparse de los asuntos con el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, confirmó el 7 de abril una contribución de $2 millones de dólares a la Comisión para fortalecer su trabajo contra la corrupción. El anuncio tuvo lugar en el marco de su visita a Guatemala y El Salvador a principios de abril, con el fin de reunirse con altos cargos del Estado y organizaciones de la sociedad civil para establecer y fomentar lazos de trabajo conjunto en áreas de común interés.

“Cuando hablamos del costo de la corrupción, no nos referimos sólo al dinero. Se trata del pleno cumplimiento con la Carta Democrática y las funciones de un Estado democrático ante sus ciudadanos, y nos referimos a todas las consecuencias que ocasiona la ausencia de fondos públicos en el tejido social… estas consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres que emigran a otro país en una búsqueda desesperada por sobrevivir. Pero También contamina todas las funciones de los gobiernos y daña la sociedad”. (Ricardo Zúñiga, Enviado Especial del Departamento de Estado de Estados Unidos en su visita a El Salvador).

Quizás, lo más curioso de esta gira diplomática fue que el propio Bukele le negó a Zúñiga una reunión, mientras que su par guatemalteco, Alejandro Giammattei, sí le concedió un espacio en la agenda. Algunos medios señalan que esta actitud podría deberse a una “venganza” por parte de Bukele luego de que, a principios de año, el presidente salvadoreño viajara a Estados Unidos y, presuntamente, solicitara una reunión con Biden que no le fue otorgada. Independientemente del motivo, la ausencia del encuentro es un comunicado en sí mismo, y perfila una difícil relación bilateral entre ambos países bajo la nueva administración demócrata. Más aún cuando Zúñiga sí logró generar espacios de diálogo y encuentro con representantes de la CICIES, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador – muchas de las cuales han sido objeto de desdeño por parte de Bukele.

Es importante también resaltar que, en el último tiempo, la CICIES ha estado presente en el debate público y político principalmente por dos razones: en enero, organizaciones de la sociedad civil elaboraron y presentaron, junto con diputados opositores, propuestas de reforma a la Comisión ante la Asamblea; a fines de marzo, la propia CICIES le entregó al Poder Ejecutivo un plan de reforma. En suma, las modificaciones planteadas buscan una mayor independencia de la Comisión respecto al Poder Ejecutivo y la posibilidad de que actúe como querellante en procesos penales. A pesar de que el documento entregado al Poder Ejecutivo por parte de representantes de la CICIES no ha sido publicado hasta el momento, la OEA dio a conocer una serie de enmiendas contenidas en la propuesta sobre normativas como la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, entre otras.

¿Cuál es la posición de Bukele al respecto? No está completamente claro. Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas del pasado 28 de febrero, consolidándose como la primera fuerza parlamentaria en el órgano legislativo. Con 55 de los 84 diputados de la Asamblea, Bukele ya ha confirmado que, a partir del 1 de mayo, es la agenda oficialista la que podrá avanzar. Esto quiere decir que, si la CICIES tiene alguna posibilidad de ser reformada, esto va a depender de la voluntad del Ejecutivo de llevar adelante un proyecto de esta naturaleza en la Asamblea. Si bien la CICIES fue uno de los pilares de la campaña presidencial de Bukele en 2019, el contexto en 2021 ha cambiado y sus planes de acción se han visto más enfocados en la lucha contra la pandemia y el financiamiento de su Plan de Control Territorial. En el terreno de la anticorrupción, sus dichos han ido más por el camino de la crítica a los gobiernos anteriores de ARENA y del FMLN, pero hasta el momento no ha dejado entrever sus planes concretos para la CICIES.

En este sentido, a través de un tweet publicado en su cuenta personal, Bukele expresó:

“Con solo ver esos logos de la ONGs que están detrás de esta “propuesta” y ver los “medios” que la están publicando, estoy seguro que sería lo peor que pudiéramos hacer. Además, ya no insistan, nada de lo que apruebe la @AsambleaSV saliente entrará en vigencia jamás.”

La lógica desde el oficialismo es clara y oscura a la vez: por un lado, la claridad se ve en que Bukele ha demostrado en varias oportunidades que nada de lo que emane desde la oposición va a poder ser discutido y/o aprobado. Tanto el presidente como los diputados electos dejaron en claro que no van a acordar con ningún otro espacio de representación política, y la mayoría calificada les dio la facultad de poder cumplir con su palabra. Así, se esperara que la nueva legislatura descarte muchas de las iniciativas que se encuentran actualmente bajo estudio en el órgano legislativo, entre ellas, las reformas anticorrupción.

Por otra parte, la oscuridad viene dada por el hecho de que desde el oficialismo no han presentado formalmente, hasta el momento, sus propuestas de reforma a la CICIES ni se sabe bien por dónde iría su agenda anticorrupción. Se presenta así una disociación entre el discurso, en el que sí se menciona a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la CICIES como puntos importantes -más que nada a modo de crítica de los gobiernos opositores anteriores-, y la práctica, en la que aún no se ha explicitado cómo esto se llevaría a cabo. Entonces pareciera que sí podría llegar a estar en los planes de Bukele alguna reforma anticorrupción que contemple a la CICIES, pero lo seguro es que esto no irá de la mano de lo que propone la oposición (o, para el caso, de las organizaciones civiles que considera como aliadas de la oposición).

A esto se le suma, y no como detalle menor, que funcionarios mismos del gobierno, como el ahora ex Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Anliker, han sido objeto de investigaciones por las entidades contraloras del Estados en relación con procesos irregulares de compra durante la pandemia. Este tipo de cuestionamientos rozando cerca de la figura de Bukele en medio de un discurso contra la corrupción sin duda podrían torcer el camino a seguir por el mandatario en cuestiones como la independencia de la CICIES.

Resta entonces añadir a la ecuación la presión que Estados Unidos podría ejercer en el gobierno salvadoreño para avanzar efectivamente con medidas contra la corrupción. Tras expresar concretamente su idea de convertir a la CICIES en una “referente” en la región y ofrecer financiamiento para mejorar el ejercicio de sus tareas, la pregunta será cómo se conjugará la agenda política de Bukele con los deseos de la actual administración estadounidense en la materia. Hasta el momento, ambos gobiernos no han tenido grandes manifestaciones de entendimiento, como sí se vio durante el gobierno de Trump. Pero dada la relevancia política, económica y comercial de Estados Unidos para El Salvador, cuesta pensar que estos factores no puedan ser utilizados en una negociación sobre mejoras en la lucha contra la corrupción en el país.

La reciente gira de Zúñiga por Guatemala y El Salvador es el primer viaje, pero seguramente no será el último que se realice con representantes de alto nivel de Estados Unidos. Con la inminente llegada de los nuevos diputados a la Asamblea, y tras casi dos años de presidencia sin poder conciliar posturas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, Bukele se encontrará a partir del 1 de mayo con un nivel de poder revitalizante que evidenciará sus prioridades para los próximos meses y años. Posibles reformas a la CICIES parecieran no ser la urgencia de su gobierno, pero habrá que esperar para ver cómo se desarrollan las negociaciones a puertas abiertas y cerradas entre ambos países. Una cosa pareciera ser clara: es Nayib Bukele, como presidente y líder de Nuevas Ideas, quien decidirá el futuro de la CICIES. ¿Jaque al rey?