Ante la pandemia de Coronavirus, los Estados tomaron diferentes medidas para hacerle frente. Hoy, a más de un año del inicio de esta “nueva realidad”, algunas de las consecuencias de estas políticas públicas pueden ser analizadas objetivamente.

En este sentido, el informe anual de la ONG Amnistía Internacional sobre “La situación de los derechos humanos en el mundo”, publicado el 7 de abril de 2021, sostiene que la pandemia ha profundizado e incrementado las desigualdades estructurales entre países y dentro de los mismos, así como también se han aumentado los abusos de poder y la violación de los Derechos Humanos en numerosos países de todo el mundo.

En total fueron analizadas las situaciones de DDHH en 149 países, de los cuales el 58% ha tenido “denuncias creíbles de tortura u otros malos tratos bajo custodia del Estado”, según Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

En el informe se denuncia que varios políticos a nivel nacional o sub-nacional han tomado a la pandemia como una “excusa” para socavar derechos civiles, políticos e incluso humanos. Uno de los casos más conocidos es el de Rusia, donde el gobierno de Vladimir Putin ha reprimido y encarcelado a la oposición y a los manifestantes que pedían pacíficamente mayores libertades y el respeto de sus derechos. Otro de los ejemplos donde se ve claramente el desconocimiento de los DDHH mencionados por el reporte de Amnistía son: China (tortura y la desaparición forzada de miembros de minorías musulmanas; reducción de la “libertad de prensa” y desaparición de periodistas), Venezuela (abuso por parte de los Fuerzas de Seguridad, tortura y encarcelamientos arbitrarios; beneficios sanitarios para partidarios del presidente Maduro), Libia (el secuestro, tortura y asesinato de civiles, periodistas, funcionarios y trabajadores humanitarios por parte de grupos armados; bandas delictivas que torturan y estafan a los migrantes y refugiados) y Siria (la guerra civil internacionalizada generó la muerte de cientos de civiles, secuestros y crímenes de lesa humanidad; confiscación de bienes por las fuerzas aliadas al gobierno y también por las opositoras; detenciones arbitrarias) . 

Asimismo, el 2020 estuvo caracterizado por el aumento de la violencia de género, odio racial y xenofobia. Estas cuestiones pueden ser relacionadas directamente con diferentes políticas públicas que se han tomado como el incremento del poder policial en su accionar, discursos contrarios a los migrantes y refugiados y su exclusión de los sistemas de salud y programas de vacunación y la obligación de quedarse dentro de hogares hostiles junto con la incapacidad de accionar con velocidad por parte de las instituciones estatales.

Es importante resaltar que la violación de los DDHH durante el 2020 no fue un fenómeno que se contuvo en algunos lugares del mundo, sino que en cada continente hay ejemplos de ello. En este sentido, Europa e incluso dentro de la Unión Europea, un bloque regional caracterizado por sus valores democráticos y liberales, ha visto como Estados miembro han desconocido derechos a través de la prohibición casi total del aborto y la creación de zonas “libres de ideología LGBT+” en Polonia, el aumento de las restricciones a los pedidos de asilo, la prohibición al reconocimiento legal del género de personas transgénero e intersexuales (solo se reconoce el sexo biológico al momento del nacimiento) y la limitación de algunos medios acusados opositores de brindar “fake-news” por el gobierno de Orbán en Hungría.  

Particularizando en la región de América Latina, los retrocesos en materia de DDHH han ocurrido en todos los Estados que la conforman. Uno de los principales componentes que comparten estos países es el aumento de los abusos policiales hacia los civiles, los casos de Chile (carabineros han reprimido violentamente a quienes reclamaron por cambios constitucionales), Venezuela (tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de civiles y políticos de la oposición), México (el aumento de las detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos –caso de Giovanni López Ramírez- y violencia especialmente contra las mujeres), Colombia (protestas contra el gobierno llevaron a la represión policial y muerte de al menos 10 personas) y Argentina (abusos policiales a partir de la desaparición forzada de jóvenes e incluso la muerte de los mismos, la irrupción violencia en las viviendas de individuos de pueblos originarios).

Otro punto en común en la región fue la falta de transparencia en los planes de vacunación que conllevaron a que cientos de políticos y allegados a los mismos puedan obtener la inmunización al coronavirus incluso antes que el personal de salud y los individuos de mayor riesgo.

También mencionar que la discriminación a miembros de los pueblos originarios ha incrementado en el último año, principalmente en países como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. La pandemia de COVID-19 ha demostrado el aumento en la marginalización de estos grupos en términos de acceso a la salud e información. Por su parte, los gobiernos de estos Estados no han tenido políticas que garanticen el derecho a la salud de estas comunidades, junto con otros problemas derivados de las medidas anti-covid como garantizar condiciones de higiene, acceso a agua potable y suministro de alimentos.

Respecto de México, el informe hizo particular hincapié en las amenazas, hostigamiento y la censura por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano –Notimex- hacia periodistas y medios de comunicación opositores al gobierno. Asimismo, la detención no autorizada de al menos 87.200 migrantes durante el 2020.

En cuanto a Brasil, se destaca el desconocimiento de la gravedad de la pandemia en el país por parte de las autoridades nacionales y la falta de preparación de la infraestructura sanitaria para hacer frente a la alta demanda de la sociedad.

Sobre Uruguay, se hace mención de la Ley de Urgente Consideración, aprobada por el congreso en el 2020, en donde se califican de ilegales a las manifestaciones y protestas sociales creando “un escenario de posibles regresiones en materia de Derechos Humanos”.

Finalmente, con respecto a Argentina, el informe hace foco en las violaciones de los DDHH producidas principalmente en la provincia de Formosa, donde el gobierno de Gildo Insfrán no sólo afectó la posibilidad de las personas de retornar a sus hogares, sino que también se obligó a personas sin síntomas de coronavirus a aislarse en los Centros de Atención Sanitaria donde se han producido casos de maltrato y violencia obstétrica.

Como conclusión de las más de 470 páginas del reporte de Amnistía Internacional respecto de la situación de los DDHH en el mundo, se puede mencionar que a nivel global las desigualdades en términos económicos, sanitarios, sociales y educativos se han incrementado en este último año tanto entre países como dentro de los mismos. Numerosos gobiernos han aprovechado la pandemia para incrementar su poder político y desconocer diversos derechos humanos, civiles y políticos, al tiempo que la población confinada en sus hogares poco puede hacer para ejercer libremente el “accountability social” y reclamar por transparencia, libertad y políticas públicas que dejen de marginar e invisibilizar sectores de la sociedad.

“El 2020, o los 366 días en los que vimos cómo se promovía el egoísmo, la cobardía y la mediocridad con consecuencias letales, (…) los 366 días que nos demostraron que el violento legado de siglos de racismo, patriarcado y desigualdad ha cambiado muy poco y sigue siendo muy actual, pero los 366 días que también nos regalaron abundantes fuentes de inspiración para adquirir fuerza y resiliencia como familia humana y nos mostraron la determinación de la gente para defender sus derechos y exigir una recuperación justa y equitativa de la pandemia.” (Amnistía Internacional, 2021).