Los debates en la Legislatura de Chubut y las protestas de ciudadanos en contra de la minería pusieron el foco en la actividad minera. Medios nacionales se hicieron eco de las disputas políticas al interior del gobierno de Mariano Arcioni y los conflictos de diversos sectores de la sociedad chubutense frente a la decisión del Ejecutivo provincial.

No obstante, como ocurre con la mayoría de las temáticas, luego de salir de agenda la situación sigue empantanada. Si bien la cuestión es compleja y tiene múltiples aristas, se intentará abordar la problemática desde una perspectiva imparcial.

Sin embargo, antes de continuar, es relevante plantearse: ¿qué es la minería? Una definición sostiene que “es una actividad económica que permite la explotación y extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. La minería forma parte de las actividades económicas del sector primario, por ello su desarrollo es de gran importancia en el sector industrial y económico de un país o región. La minería es una de las actividades más antiguas que ha realizado el ser humano”.

Yendo específicamente al caso que compete a este artículo, el suelo argentino cuenta con vastos recursos mineros, particularmente en oro, litio, cobre, plata, zinc, plomo y molibdeno. El caso del litio es relevante ya que se trata de un insumo muy requerido por parte de la industria tecnológica y Argentina posee la 3º mayor reserva mundial.

Los mayores emprendimientos mineros son Chinchillas-Pirquitas, Mina Aguilar, Olaroz, Féniz, Farallón Negro y Veladero, los primeros tres localizados en Jujuy, el cuarto y quinto en Catamarca y el último en San Juan. En todos los casos las compañías que llevan adelante los mismos son extranjeras.

Los datos muestran que la actividad minera es un importante componente de la economía nacional, en especial en las provincias menos pobladas del país: según datos oficiales, la minería representó en promedio en los últimos años el 1% del Producto Bruto Interno (PBI), 42 mil puestos de trabajo directos en empresas registradas, y el 5% promedio de las exportaciones totales de la República Argentina.

Aunque no parezca demasiado, es clave recordar que el sector minero tiene su primacía en las provincias del noroeste y Patagonia, que son las menos pobladas y con un PBI más pequeño, por lo que el impacto relativo del sector minero es mucho mayor en dichas latitudes.

Este es el principal argumento que esgrimen las organizaciones defensoras de la minería: inversiones y dinamismo económico en regiones muchas veces alejadas de los grandes centros urbanos, que de otro modo verían muy difícil su inserción productiva. 

Los datos que brindan las organizaciones para oponerse a la minería son igual de contundentes: por ejemplo, que daña la superficie de la tierra, contamina el aire, las aguas superficiales y acuíferos, impacta sobre la flora y fauna del lugar donde se sitúa el yacimiento, ocasiona perjuicios a las comunidades locales, y genera cambios permanentes en el paisaje.

Uno de los principales riesgos de la actividad es el derrame de sustancias extremadamente tóxicas a los cursos de agua: en el año 2000, las localidades peruanas de Magdalena, San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas por un derrame de mercurio de un emprendimiento minero. Se volcaron 11 litros que intoxicaron a 1200 personas, en un radio de por lo menos 50 kilómetros a la redonda.

Así expresados, los argumentos parecen ser sorprendentemente simples. Aunque como ocurre en la mayoría de las temáticas que parten aguas en la sociedad, la realidad es mucho más compleja.

En este sentido, es interesante recoger los testimonios de algunos habitantes del lugar: Silvina Lefimi es una de las 600 personas que residen en la localidad de Gastre, al norte de Chubut. En su testimonio, Silvia afirma que la localidad se merece el desarrollo que considera le otorgará la actividad minera. Siendo parte de una familia de 9 hermanos, tuvo que emigrar a Trelew, para poder tener más oportunidades laborales, volviendo a su localidad natal con 3 hijos, donde vive actualmente. 

Ella es contundente: “Los que se oponen al desarrollo minero no dimensionan lo difícil que es cuando uno está enfermo tener que hacer 400 kilómetros para llegar al centro hospitalario donde uno se pueda atender”.

Silvia concluye: “Pediría que nos den esa gran oportunidad que nos merecemos. Aunque seamos pocos somos personas con muchos sueños. Queremos que nuestros lugares se puedan desarrollar. Nuestro apoyo a la minería busca que podamos tener mejores oportunidades de educación, salud, que es tan difícil y que a veces la gente no lo tiene en cuenta”. 

Sin embargo, los argumentos de quienes se oponen al proyecto no son solamente ambientales, de por sí relevantes. Pablo Palicio Lada, en el portal Canal Abierto, afirma: “Hay por lo menos quince comunidades originarias reconocidas que están en el área incluida en la zonificación, a las que no se les hizo la consulta previa, libre e informada que debe ser anterior a la presentación de cualquier proyecto de ley, no posterior. Ahí tenemos una ilegalidad de rango constitucional y se violan acuerdos supranacionales como el Convenio 169 de la OIT”.

Pablo es decisivo en sus argumentos: “Este proyecto está hecho a medida de Panamerican Silver, la minera canadiense propietaria del proyecto Navidad, que ha tomado el rol de estado paralelo en la zona de la meseta, la zona de los grandes yacimientos. Pero también abre la puerta a la minería del uranio, mucho más grave. La zonificación es un eufemismo para permitir la apertura minera”.

Si bien la problemática es mucho más compleja, con estos dos testimonios se pueden apreciar los argumentos clave de las posturas tanto a favor como en contra de la minería..

Cabe destacar que esto se suma a la delicada situación económica de Argentina y a una sociedad polarizada que hace muy difícil los acuerdos políticos para construir un futuro de desarrollo consensuado para la Argentina. 

Sin dudas la situación en Chubut será caja de resonancia de una actividad que genera detractores y simpatizantes por igual. La decisión que finalmente se tome podría significar un freno a los proyectos mineros, o una punta de lanza para replicarlos en el futuro en otras geografías.