8M: ¿Cuándo dejará de ser necesario luchar por los derechos de las mujeres y diversidades?

La historia del Día Internacional de la Mujer Trabajadora comenzó el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, cuando las trabajadoras de la industria textil comenzaron a manifestarse en la calle para exigir salarios más justos y mejores condiciones laborales. A pesar de tratarse de protestas pacíficas, muchas de ellas fueron detenidas por la policía. Dos años más tarde, estas mujeres crearon el primer gremio para pelear por sus derechos de manera organizada.

En la Argentina, los movimientos feministas se remontan a mediados del siglo XIX. En mayo de 1910 se realizó el Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina, organizado por la Asociación Universitarias Argentinas. Años después de que terminara la dictadura cívico-militar, en mayo de 1986 tuvo lugar el Primer Encuentro Nacional de Mujeres en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo una concurrencia de alrededor de mil mujeres procedentes de distintos puntos del país, aunque mayoritariamente provenientes de los sectores medios de la sociedad.

Nuestra historia está plagada de mujeres que lucharon por lograr la igualdad entre los géneros: figuras como Julieta Lanteri, María Abella Ramírez, Alicia Moreau, Eva Duarte de Perón, Lohana Berkins, Maite Amaya y Diana Sacayán son algunas de las que pusieron su cuerpo, mente y palabra al servicio de esta lucha colectiva.

Hoy tenemos mucho que agradecerles. Gracias a su trabajo y al de muchas otras mujeres y diversidades hoy tenemos garantizado nuestro derecho a votar sin distinción de género desde 1947, cuando fue sancionada la Ley N° 26.485 de Sufragio Femenino. Luego, en 1987 nos fue garantizado nuestro derecho a elegir si queríamos terminar nuestros matrimonios gracias a la Ley N° 23.515 de Divorcio Vincular. A comienzos del nuevo siglo, dabamos el debate por la Educación Sexual Integral en las escuelas, que terminó con la sanción de la Ley N°26.150. Ya en el 2009 lograrmos la aprobación de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Un año después, se nos garantizó el derecho a casarnos con la persona que amamos, independientemente de su género, con la Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario.

Sumado a ello, tenemos garantizada nuestra participación política en clave de igualdad de género gracias a la Ley N° 27.412 que prevé una paridad del 50% entre hombres y mujeres en las listas electorales. Además, desde el 2019 es obligatoria la capacitación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado en razón de la aprobación de la Ley Nº 27.499, mejor conocida como “Ley Micaela”. Finalmente, no podemos olvidarnos de que el año pasado ha finalizado con la aprobación y posterior promulgación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una demanda histórica del movimiento de mujeres en la Argentina.

Por último, cabe resaltar el hecho de que a finales del 2019, por primera vez en la historia del país, el actual gobierno avanzó con la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a cargo de Elizabeth Gomez Alcorta. Esta es una demostración de que la agenda de género y diversidad ha cobrado considerable relevancia en la arena de la política tradicional, hito que se debe en gran medida a las movilizaciones populares y a todas las mujeres que forzaron la entrada de este tema en la agenda pública.

Sin embargo, estos avances no son suficientes. En un país en donde ocurre un femicidio cada 29 horas, en donde las mujeres hacen denuncias por violencia de género que caen en oídos sordos, en donde las mujeres duplican las horas que dedican al cuidado de otras personas y a las tareas del hogar en comparación con los varones y en donde las mujeres ganan un 25% menos que el género opuesto, mucho queda por hacer y poco por aflojar.

La única crisis no es la económica: la desigual distribución de los cuidados

Hasta la fecha subsiste una profunda desigualdad entre varones, mujeres y diversidades, que en gran medida se debe a los modos de organización social de los cuidados. Estas tareas son aquellas que permiten que las personas se alimenten, vean sus necesidades básicas satisfechas, cuenten con un espacio en condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus actividades cotidianas y puedan participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio, entre otras. Se trata del cuidado de las niñeces, de las personas mayores y del hogar; tareas que, en su mayoría, no son remuneradas.

A nivel global, las mujeres y las niñas realizan más de las tres cuartas partes de las tareas de cuidado no remuneradas en el mundo y constituyen dos tercios de la fuerza laboral remunerada del cuidado. Esta distribución asimétrica contribuye a explicar que su participación en el mercado laboral sea más baja que la de los varones. Asimismo, incide en que tengan trabajos más precarios, que implica a su vez una mayor desprotección social. Un claro ejemplo es la imposibilidad de muchas mujeres de acceder a una obra social y/o a una jubilación por no tener aportes. 

Las mujeres presentan mayores niveles de desocupación, perciben salarios más bajos y, por consiguiente, son más pobres. En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede conseguir trabajo porque son responsables de todas las tareas de cuidado, en comparación con sólo el 6% de los varones1

En tal sentido, es imprescindible entender que las condiciones del trabajo remunerado están estrechamente ligadas a la manera en la que se resuelven las tareas no remuneradas de cuidado.  En Argentina, mientras que las mujeres del quintil más pobre de ingresos dedican ocho horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, las mujeres del más alto quintil dedican sólo tres (Rodríguez Enríquez, 2014). Por ende, mientras que las mujeres de ingresos medios y altos pueden pagar por dichos servicios de atención externa o por una trabajadora de casa particular para reemplazarla y usar ese tiempo para generar otros ingresos, las mujeres pobres no tienen opciones públicas para hacer lo mismo, limitando así sus oportunidades económicas.Esta problemática tiene una gran incidencia en otros fenómenos que sí son debatidos a diario: la generación y feminización de la pobreza, las desigualdades sociales, el desempleo y la informalidad, la brecha salarial, la desigualdad de género en la participación política o sindical, e incluso la perpetuación de situaciones de violencia por motivos de género.  

El único impacto no es social. Las tareas de cuidado no remuneradas representan un 15.9% de aporte al PBI nacional. Es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13,0%). En total, se trataría de un aporte de $4.001.047 millones de pesos, valor que resulta de la gran escala a la que se realizan las tareas domésticas no remuneradas en los hogares. El mayor problema es que, al no pagarse esas horas de trabajo, la mayoría de la población las da por sentadas.

El rol económico del trabajo de cuidado no remunerado es esencial para el funcionamiento de las sociedades. Asimismo, en un contexto de crisis sanitaria y económica, se trata de actividades que pueden tener una función central en la reactivación económica de la Argentina. En un mundo en donde la mayoría de las actividades se suspendieron, los cuidados no solo se mantuvieron, sino que se intensificaron. Durante el 2020, hubo una sobrecarga de trabajo por parte de mujeres y personas LGBTI+. Una distribución más equitativa de los cuidados a través de su visibilización podría arrojar como resultado una salida feminista de esta crisis mundial.

La violencia por motivos de género

En Argentina cada 29 horas se comete un femicidio2. Si la expresión más extrema de la violencia se da con tal frecuencia, no quedan dudas de que las mujeres atraviesan una vida con muchos más obstáculos y desigualdad que su contraparte masculina.En este sentido, el año 2020 mostró un incremento de la violencia dirigida hacia mujeres y personas LGBTI+. Desde la declaración de la cuarentena en el país en marzo del año pasado, se percibió un aumento en los casos de violencia de género durante la pandemia. Esto se debe en parte a que las mujeres y diversidades conviven en muchos casos con sus agresores, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio forzó la permanencia de éstos en el hogar a todas horas. 

Entre enero y septiembre del 2020, la Línea 144 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad registró 81.677 llamados, evidenciando un aumento de comunicaciones en el período de cuarentena en comparación con el 2019. Mientras que el año anterior se registró un promedio de 195 llamados diarios, en el 2020 hubo un promedio de 236.  

Asimismo, en 2020 se registraron 298 femicidios en todo el país y durante los primeros meses de 2021 la situación no parece haber mejorado. Se han registrado 52 femicidios entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021, lo que representa un femicidio cada 27 horas. El 9 de febrero pasado, el femicidio de Úrsula Bahillo en manos del policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez puso de relieve las falencias del Estado respecto de sus obligaciones de protección y prevención de la violencia por motivos de género. Úrsula, quien habría interpuesto 18 denuncias hacia su agresor (la última 2 días antes del incidente), había pedido un botón antipánico sin mucho éxito. Estos acontecimientos pusieron en evidencia las impericias y falta de coordinación entre las agencias estatales. 

¿Por qué no se ha erradicado esta problemática? Básicamente, se trata de una cuestión de poder. En todas las sociedades existen diversas formas de ejercicio del poder de los varones hacia las mujeres. El poder de los varones por sobre las mujeres y diversidades no se manifiesta solamente en términos de violencia física, sino también términos simbólicos: mediante las prácticas sociales y los discursos que la avalan y legitiman. En este sentido, también impone la heteronormatividad como parámetro de normalidad, generando la estigmatización de las personas LGBTI+. 

Las violencias por motivos de género no son problemáticas actuales, sino que siempre existieron. Frente al clamor popular que pide por una sociedad más justa hacia las mujeres y diversidades, el Estado debe tomar un rol protagónico. Por más que las acciones de maltrato y violencia sucedan en el ámbito privado, el Estado debe estar preparado para responder y tiene la obligación de intervenir ante la violación a los derechos humanos de las mujeres. Si esto no ocurre, supondrá una crisis del sistema político tal como se lo conoce.

Tras la aprobación del aborto legal la lucha por los derechos sexuales y reproductivos continúa

El 30 de diciembre el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo y la Ley de los 1000 días tras varias semanas de intenso debate. El 14 de enero el Poder Ejecutivo la promulgó, permitiendo por primera vez en la historia a las mujeres argentinas el derecho de decidir sobre sus cuerpos. Este será el primer 8 de marzo en el que las mujeres levantarán el pañuelo verde como un logro alcanzado tras años de lucha. Sin embargo, el trabajo para garantizar los derechos sexuales y reproductivos no termina ahí.

Tras aprobada y promulgada la IVE, aún queda uno de los pasos más difíciles para garantizar la aplicación del derecho en todo el territorio argentino: su reglamentación. Sin ella, los pedidos de aborto legal dejan muchos vacíos legales que podrían llevar a que la norma no se aplique de manera igualitaria en todo el país. Uno de los puntos centrales se refiere a la llamada “objeción de conciencia institucional”. Si bien la ley no reconoce a este tipo de objeción de conciencia, tampoco obliga a todas las instituciones a poseer médicos no objetores que estén dispuestos a llevar adelante abortos voluntarios, por lo que deben garantizar que se derive a la paciente a otra institución. ¿A dónde serán derivadas esas mujeres? ¿Qué pasa en las provincias en las que hay pocos médicos no objetores? ¿Cómo se garantizará el acceso igualitario a toda la población? Son muchas las dudas que todavía sobrevuelan sobre la implementación efectiva de una ley que se prevé que sea de aplicación dificultosa en varias regiones. 

Uno de los temas que fueron nuevamente incorporados al debate sobre el aborto legal fue la Educación Sexual Integral como pilar de la prevención de los embarazos no deseados. Vale recordar que la última vez que el Congreso trató este tema fue en el 2018 cuando la Cámara de Diputados trató de modificar la ley con el objetivo de que la ESI sea considerada de orden público e incorporada de manera obligatoria en la currícula de todas las escuelas argentinas. El grito opositor de “¡Con mis hijos no te metas!” surgió tras estos debates en los que la iniciativa quedó trabada y no pudo avanzar. 

Si bien la Ley de Educación Sexual Integral fue aprobada hace ya quince años, su implementación todavía no es total y depende enormemente de la voluntad de las instituciones educativas. Sin su incorporación de manera obligatoria a la currícula de todas las escuelas del país, laicas y religiosas, públicas y privadas y sin una reglamentación exhaustiva y completa de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, la sociedad estará todavía muy lejos del lema “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. La lucha colectiva no finaliza en la sanción de leyes, sino que continúa en el pedido de una correcta y exhaustiva aplicación en todo el territorio nacional.

Todos los años la misma pregunta: ¿Cuándo dejará de ser necesario luchar por los  derechos de las mujeres y diversidades? 

Ante un nuevo 8 de marzo y con un gran bastión de mujeres y diversidades que luchan, los logros alcanzados en las últimas décadas muestran la fuerza de un movimiento que parece no rendirse. Sin embargo, los derechos por conquistar todavía son innumerables.

Parece que la respuesta es clara: todavía no es momento de bajar los brazos. Mientras que en la Argentina siga habiendo muertas por femicidios, mientras que las mujeres sigamos cargando de manera desmedida con las tareas no remuneradas de cuidado y mientras se experimente una desigualdad de oportunidades en todos los ámbitos, las mujeres necesitaremos salir a las calles para pedir por aquello que siempre debió haber sido nuestro: el derecho a vivir nuestras vidas en condiciones de igualdad.

A diferencia de lo que se escucha todos los 8 de marzo, este día sí es una celebración. Se celebran años de lucha y de demandas del colectivo de mujeres y diversidades, y decenas de conquistas en el plano de lo normativo y lo social. Se celebra, sobre todo, la capacidad inconmensurable que ha tenido nuestro movimiento de sobrevivir los contextos más desafiantes y de continuar, al día de hoy, trabajando por un mundo más justo en donde todas, todos y todes podamos disfrutar de los mismos derechos.

Referencias

1 Oxfam Internacional, No todas las desigualdades son visibles: el verdadero valor del trabajo de cuidados, disponible en: https://www.oxfam.org/es/no-todas-las-desigualdades-son-visibles-el-verdadero-valor-del-trabajo-de-cuidados

2 Este dato surge del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” disponible en: https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/298-femicidios-en-2020

Escrito por

Julieta Cravero: Analista política y Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Se desempeña como periodista parlamentaria y está especializada coyuntura nacional. Actualmente trabaja en Directorio Legislativo. Agostina Bergia: Abogada especializada en derechos humanos y maestranda en Relaciones Internacionales. Actualmente es asesora en la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

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