Este artículo fue escrito en conjunto con Gustavo Meoño Brenner, miembro de la Fundación para La Democracia.

A comienzos de este mes, un operativo llevado a cabo a lo largo de 7 provincias argentinas desenmascaró una red de trata y esclavitud de personas de la cual eran víctimas alrededor de 100 personas. La organización criminal camuflada bajo la fachada de Templo Evangélico Filadelfia tenía como objetivo la “apropiación de voluntades”. Una vez que los fieles ingresaban a la congregación religiosa quedaban bajo el dominio exclusivo de los líderes, quienes iniciaban sobre ellos un proceso de persuasión coercitiva. En torno a ello, se desarrollaba un plan sistemático de captación de personas vulnerables, traslado, adoctrinamiento, falta de alimentación e higiene, maltratos físicos y psíquicos y reducción a la explotación sexual, laboral y el trabajo forzoso.

Es evidente que el delito de esclavitud fue formalmente abolido pero nunca extirpado como generalmente aparece en los libros de historia. La esclavitud es, en la actualidad, una realidad sumamente compleja que afecta a más de 40 millones de seres humanos trascendiendo fronteras. Generalmente es abordada de manera colateral y denominada de maneras implícitas e imprecisas que no dan cuenta de la magnitud e implicancias que tiene contra la humanidad.

Una de las primeras complicaciones que se enfrenta al abordar esta temática, es la definición de esclavitud contemporánea en sí. Las diversas maneras como se expresa este crimen y su entrelazamiento con distintas violaciones de derechos humanos dificultan la delimitación de los alcances, consecuencias y responsabilidades entre unas y otras transgresiones. Esa ambigüedad en la conceptualización del problema incide también en las dificultades para la tipificación penal del delito con sus agravantes y el establecimiento de las penas correspondientes.

Es así como la esclavitud moderna incluye las violaciones inherentes al esclavismo tradicional y muchas de las expresiones de crímenes tales como la servidumbre por deudas, la trata de personas, la esclavización de migrantes, la venta de órganos, fluidos y tejidos humanos, la explotación de la prostitución bajo amenaza, la prostitución infantil, la utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía, la venta de niños, la explotación extrema de hombres, mujeres y niños, la utilización de niños en los conflictos armados, los matrimonios forzados y la mutilación sexual de las niñas, entre otros.

En general, el incumplimiento de la edad mínima para trabajar, cantidad desproporcionada de horas de trabajo, remuneraciones indignas o ausentes, condiciones paupérrimas de higiene, salubridad y hacinamiento y privación de la libertad, son las condiciones en las que se puede considerar que existe un delito de esclavitud. En una vasta cantidad de casos estas condiciones necesarias están dadas. Sin embargo, existe un alto subregistro debido a la ausencia de denuncias y al ocultamiento de las fuentes oficiales, que optan por relativizar la gravedad de los casos e identificarlos con meras situaciones de violación a las leyes laborales estatales.

En el continente americano sobreviven por lo menos 1.950.000 víctimas del delito de esclavitud, lo que representa alrededor del 5% respecto de las Estimaciones Globales de Walk Free, OIT y OIM (Walk Free Foundation, 2018: 2-4). La realidad es aún más grave cuando tenemos en cuenta la gran proporción de casos que no son denunciados o informados. Ello ocurre, por al menos cinco causas principales: a) La extrema pobreza; b) La naturalización y aceptación de la explotación; c) Los niveles de violencia física y psicológica al que se encuentran sometidas las víctimas; d) La estigmatización que sufren las víctimas al volver a sus entornos familiares y comunitarios.

Para ilustrar la magnitud y la complejidad de este flagelo, es importante enfocarnos en generalizaciones a partir de las cuales es posible abordar el problema de la esclavitud contemporánea en nuestro continente. En primer lugar se encuentra la esclavitud relacionada con la migración y la trata de personas para el trabajo forzoso y la explotación sexual. A través del uso de la violencia y la corrupción, grupos del crimen organizado manejan el tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes y llevan a cabo el reclutamiento involuntario de personas. Existen dos fenómenos migratorios forzados particularmente graves. Uno de ellos está vinculado al tránsito de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos y Canadá y el otro reside en Sudamérica en torno a la trata y el tráfico de personas.

Miles de personas, provenientes principalmente de El Salvador, el sureste de México, Honduras y Guatemala, son víctimas de grupos y bandas criminales durante su viaje hacia los países del norte. La mayoría son engañadas por falsas promesas y se ven obligadas a contraer grandes compromisos económicos para, supuestamente, poder ingresar a estos países y acceder a un empleo. En la mayoría de los casos no pueden pagar esas cantidades de dinero –las que muchas veces aumentan como producto de las extorsiones- y terminan en situaciones de servidumbre por deudas. Para retener a estas víctimas, los traficantes confiscan sus documentos de viaje y restringen su libertad. 

A su vez, durante su tránsito los migrantes soportan múltiples abusos de parte de las autoridades estatales y de personas particulares que les cobran altas sumas de dinero por amenazas de detención y deportación. Un ejemplo de esto puede ser apreciado en el tráfico forzado de mujeres para la prostitución comercial en donde participan múltiples actores que engañan, amenazan y entregan a las víctimas para su explotación. 

Desde hace algunas décadas, Canadá se ha convertido en un nuevo destino para miles de mexicanos, colombianos y otros latinoamericanos y en un mercado de tráfico de personas. Desde 2016 los ciudadanos mexicanos no necesitan visas para ingresar a este país como turistas, por lo que México se ha convertido en el principal país de origen de personas traficadas. Generalmente, las víctimas acceden a las propuestas de los traficantes a través de redes sociales y páginas de empleo en las que se prometen grandes ventajas y permisos de residencia. A su llegada, las víctimas se encuentran con una realidad muy diferente y con escasas posibilidades de escapar por las deudas impagables y la retención de sus documentos (Lima, 2019).

Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en Argentina del total de las víctimas de trata laboral, un 70% son extranjeras. Los principales países de captación de víctimas extranjeras son: Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia y China. Más de la mitad de los casos se producen a través de ofertas laborales engañosas, donde la estafa se produce mayormente en relación con las circunstancias y extensión de la actividad laboral y las condiciones habitacionales, de salubridad e higiene. Las formas de pago y la libertad de movimiento también son factores de engaño (PROTEX, 2017). 

En segundo lugar, se encuentra la esclavitud bajo formas de explotación infantil extrema. Algunas de las más graves expresiones de este crimen son la manipulación de la pólvora y fabricación de pirotecnia, la trituración manual de piedra, la minería artesanal y a gran escala y la fabricación manual de tortillas de maíz en Centro América y el sureste de México. Según los registros, la fabricación infantil de fuegos artificiales se lleva a cabo en varios países, particularmente en Brasil, Guatemala, Honduras y México a través de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas de tipo artesanal. Las comunidades y municipios que se dedican a la fabricación de cohetería, transmiten de generación en generación esta actividad. Las mujeres laboran en sus hogares y almacenan, los hombres se dedican a la fabricación de la pólvora y los niños comienzan a trabajar desde muy pequeños encargándose de manipular la pólvora y armar los cohetes para luego almacenarlos en sus hogares. 

La explotación de los niños es mayor, pues por el pequeño tamaño de sus manos pueden elaborar y trenzar los cohetes que muchas veces son de dimensiones diminutas. En esta actividad las víctimas se enfrentan a graves peligros para su vida, tales como explosiones e incendios, heridas y amputaciones. La exposición a materiales irritantes y tóxicos por contacto e inhalación genera dificultades y enfermedades respiratorias. Las y los niños que se ven forzados a realizar estas actividades son los más vulnerables. 

La trituración manual de piedra a la que se ven obligados niños y niñas, es un trabajo extremadamente duro y de alta peligrosidad. Entre otros lugares del continente, la producción manual del piedrín se realiza en Guatemala en el departamento de Retalhuleu a la orilla del río Samalá. Los menores deben mover, levantar y romper grandes piedras con martillos pesados hasta hacerlas piedrín para la construcción. Las piedras son muy pesadas y al levantar un gran número por día, el desarrollo físico de estos niños se ve muy afectado. Asimismo, las condiciones de trabajo son terribles. Desde que amanece deben instalarse en las riberas del río donde se sumergen en aguas contaminadas, exponiéndose a la humedad y el sol y a la picadura de alimañas sin ningún tipo de equipamiento especial. La obligatoriedad del trabajo -muchas veces realizado por familias enteras encabezadas por una madre soltera-, las jornadas extenuantes y el pago mínimo o inexistente resultan condiciones inherentes a la esclavitud (Pérez Recinos, 2014).

Siendo la región latinoamericana una zona rica en minerales, el trabajo infantil en la minería se encuentra ampliamente extendido. En países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Guyana y Surinam, entre otros, los niños participan en actividades mineras informales a pequeña escala en las que lavan oro, operan maquinaria peligrosa y están expuestos a productos químicos, mercurio y gases nocivos. Al igual que un adulto, los niños se encargan de cavar, triturar, moler y acarrear mineral. Algunos permanecen durante horas en el agua, excavando arena o sedimentos de los cauces de los ríos y luego cargando bolsas de lodo en la cabeza o en la espalda a los sitios de tamizado y lavado. En todos los sitios mineros, existe el riesgo de caerse en pozos abiertos o en los que se encuentran dispersos alrededor de las áreas mineras. En estos sitios sufren los efectos del ruido y la vibración, la mala ventilación e iluminación, el agotamiento y el esfuerzo excesivo. Debido a ello, muchos padecen enfermedades como la silicosis al cabo de unos años de trabajo.Por su parte, la OIT estima que cerca de 150 mil niños y niñas peruanos están vinculados a la extracción del oro, mientras que en Colombia las cifras del Gobierno indican que alrededor de 730 mil menores estarían laborando en la explotación de oro, carbón, esmeraldas y arcilla en diferentes regiones del país. En Bolivia, más de 176 mil niños y niñas participan en la extracción de estaño, zinc y plata (Ubal, s.f.). 

Las tortillas de maíz en Centroamérica y el sureste de México constituyen un alimento de primera necesidad, que además posee una connotación cultural en toda esta región. El negocio está repartido en miles de pequeños negocios, la mayoría de los cuales están en manos de pequeños y medianos comerciantes indígenas, que se sirven de tratantes de niñas y mujeres de sus propias comunidades para utilizarlas en este trabajo (Valdez, 2014). Las niñas indígenas comienzan a ser reclutadas desde muy pequeñas. La mayoría tiene entre 12 y 17 años y labora en las tiendas de tortillas para abastecer los tres tiempos de comida de los consumidores. Estas jóvenes se ven obligadas a trabajar diariamente en jornadas extenuantes de 16 horas de duración, de pie, expuestas al calor de los comales. Generalmente no hablan español y tienen prohibido dialogar con extraños.

En la mayoría de las áreas residenciales existe un conjunto de comercios de venta de tortillas, ligados unos con otros, como pequeñas tiendas o pulperías que forman una red de mini comercios exentos de impuestos y de obligaciones de tipo laboral, que no reconocen el salario mínimo, no pagan prestaciones, no cumplen horarios, ni reconocen días festivos o de descanso. A esas condiciones se suma la retención o inexistencia de documentos de identificación, la violencia física, el frecuente abuso sexual y las amenazas contra la familia para mantener a estas niñas y mujeres jóvenes bajo control absoluto.

Por último, es fundamental abordar un tema que no ha sido investigado y analizado con la profundidad necesaria como lo es el delito de esclavitud sexual en el marco de los conflictos armados y del terrorismo de Estado que se perpetró en varios países de la región tales como Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

La violación sexual se convirtió en un método represivo y una forma de tortura que se perpetró de manera sistemática y generalizada durante las invasiones a los pequeños poblados y en las cárceles donde se sometía a las víctimas a interrogatorio (Gil Herrera, 2007). En muchos de los casos donde el crimen se cometió en áreas rurales las mujeres afectadas pertenecían en su mayoría a pueblos indígenas y afrodescendientes. En los centros urbanos las víctimas provenían principalmente de barrios periféricos y de los medios estudiantiles y sindicales. Mujeres y niñas sufrieron la violencia en sus cuerpos al ser considerados por los actores armados como territorios a conquistar, para sembrar el terror en las comunidades y vengarse de los adversarios. Durante estos conflictos y para esos regímenes represivos, los cuerpos femeninos se convirtieron en “botines o trofeos de guerra” (Ramírez, 2007).

Una de las expresiones más graves de estos crímenes se produce cuando, más allá de los crímenes de violencia sexual, torturas y prácticas degradantes ejecutadas de manera sistemática, los represores –con pretendidos derechos de propiedad- someten a sus víctimas a la esclavitud sexual con todos los agravantes. Debe tenerse presente que la esclavitud sexual es una forma específica de esclavitud y que su consumación con propósitos de abuso sexual es una prohibición de iuscogens en el Derecho Internacional. Con distintos niveles de generalización y duración este delito de lesa humanidad se perpetró en la segunda mitad del siglo pasado, en los contextos de terrorismo de estado y conflictos armados en los países mencionados. Es evidente que el consentimiento de las víctimas era imposible y que en ningún caso éstas tuvieron acceso a la justicia para demandar a sus agresores, ya que los mismos pertenecían a los cuerpos policiales y al ejército. En la mayoría de los casos donde existieron denuncias, la violencia sexual y particularmente la esclavitud por ese motivo aparecen como hechos colaterales. Frecuentemente las víctimas sobrevivientes se han negado a declarar sobre esas violaciones por vergüenza, amenazas y miedo a la estigmatización. 

En Argentina recién a partir del año 2010, los tribunales integraron la opción de que las víctimas de la última dictadura cívico-militar incluyan específicamente en su acusación los delitos de violencia sexual y de esclavitud sexual, considerados crímenes de lesa humanidad en sí mismos y no solamente como parte de las demás torturas. Al año 2019 del total de 892 condenados por delitos de lesa humanidad, solamente 98 habían sido acusados por delitos sexuales (Sztychmasjter, 2019).

Actualmente prevalecen la escasez de información, la falta de denuncia, la insuficiencia legislativa y la impunidad en torno al crimen de la esclavitud moderna. Es por ello que, debido a la complejidad que adquiere hoy este delito se requieren debates librados desde diferentes espacios y medios que pongan en discusión la importancia de la prevención y el combate del mismo.  La lucha por una región más humana y más justa corresponde a los Estados, las universidades, las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y los organismos multilaterales.

La Fundación para la Democracia es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Su misión es promover, difundir y fortalecer los valores de la democracia con calidad institucional basada en dos ejes fundamentales: la lucha por los derechos humanos y la cultura de paz. A partir de su trabajo busca correr el velo haciendo visible lo naturalizado. La creación de políticas públicas adecuadas, el acompañamiento, el empoderamiento y la generación de conciencia son los objetivos principales de sus programas.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Infobae (2020) Megaoperativo contra la trata de personas: en menos de 48 horas rescataron a 101 víctimas y detuvieron a 6 personas. Recuperado de: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/12/05/megaoperativo-contra-la-trata-de-personas-en-menos-de-48-horas-rescataron-a-101-victimas-y-detuvieron-a-6-personas/

Jara Bustos, F. (2015) La esclavitud y el trabajo forzado como crímenes de lesa humanidad. Revista chilena de derecho del trabajo y de la seguridad social, VOL 7, N° 1. pp. 114-136. 

Lima, L. (2019) Trata de personas: el oscuro mercado de los mexicanos traficados a Canadá como “esclavos modernos”. BBC News Mundo. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-interna- cional-47234518

Pérez Recinos, C. H. (2014) Explotación laboral infantil de niños pica piedra que se ubican a las orillas del Río Samalá de San Sebastián Retahuleu. Tesis de grado. Quetzaltenango, Guatemala. Recuperado de:http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/01/Perez-Carolina.pdf

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y Organización Internacional del Trabajo (2017) La trata de personas con fines de explotación laboral Estrategias para la detección e investigación del delito. Recuperado de: https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2018/02/Informe_Protex_- Trata_de_personas_2018.pdf.

Ramírez, M. E.; Anaya, N.; Gil Herrera, M.D.; Portillo, A.; Orozco, A. E.; Lolis, S. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (2007) Monitoreo sobre violencia sexual en conflicto armado en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Perú. 7. Ríos, J., Brocate, R. (2017) Violencia sexual como crimen de lesa humanidad: los casos de Guatemala y Perú. Revista CIDOB d’AfersInternacionals n.117, p. 79-99. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/- tablas/r37874.pdf

Sztychmasjter, A. (2019) Mujeres y dictadura: terrorismo de Estado en sus cuerpos. Portal Cuarto poder Salta. Recuperado de: https://cuartopodersalta.com.ar/mujeres-y-dictadura-terroris- mo-de-estado-en-sus-cuerpos/

Ubal, S. (s.f.) La minería artesanal explota a miles de niños. Una infancia frustrada en América Latina. Recuperado de: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/la_mine- ria_artesanal_explota_a_miles_de_ninos_una_infancia_frustrada_en_america_latina/

Valdez, J. (2014) Tortilleras en Guatemala ¿esclavitud y racismo? Analistas Independientes de Guatemala. Recuperado de: https://www.analistasindependientes.org/2014/02/tortille- ras-en-guatemala-esclavitud-y.html

Walk Free Foundation (2018) Índice global de esclavitud 2018. Informe de América. Perth, Australia.