El gobierno promulgó ayer la Ley 27.250 de Economía del Conocimiento, sancionada a principios de mes por la Cámara de Diputados. El régimen estará vigente hasta 2030 y busca alentar a través de beneficios fiscales la industria del software, la producción audiovisual digital, la biotecnología, la nanociencia y la industria aeroespacial, satelital y nuclear, entre otras. 

Podrán inscribirse quienes acrediten mejoras continuas en la calidad de sus servicios e inversión en la capacitación de sus empleados. La ley también alcanza a servicios profesionales como por ejemplo los contables, gerenciales, de auditoría, publicitarios y de diseño web, siempre y cuando sean de exportación.  

Entre los beneficios para quienes efectúen operaciones de exportación, se encuentra la exención del pago de retenciones y percepciones del IVA. Además, los beneficiarios de la ley podrán transformar hasta el 70% de contribuciones patronales pagadas en un bono de crédito fiscal intransferible que puede usarse para cancelar tributos nacionales. 

Otro de los beneficios es una reducción porcentual del impuesto a las ganancias en base al tamaño de la empresa. En el proyecto original se había propuesto un descuento del 60% para todas las empresas, que fue modificado en el Congreso por un 60% solo para las empresas micro y pequeñas, 40% para las medianas y 20% para las grandes. Este cambio disminuye los resultados potenciales de la ley, ya que recorta los beneficios no solo a jugadores importantes como Mercado Libre, Accenture o Globant, sino también a otras numerosas empresas grandes y medianas, que a su vez generan empleo directa e indirectamente a empresas más pequeñas. 

La economía del conocimiento es el tercer complejo exportador de Argentina y muestra gran potencial de crecimiento. Sin embargo, según datos del INDEC, sus exportaciones mantuvieron una tendencia decreciente en los seis primeros meses del año. 

La importancia de los servicios basados en el conocimiento dentro de la economía mundial ya es innegable. La protección y el incentivo a estas empresas exportadoras se ha convertido en una política aplicada por la gran mayoría de países desarrollados, que muestran un compromiso pleno con la ciencia y la tecnología. En Argentina, la ley puede ayudar a revertir la situación que atraviesa el sector en el país, pero si el compromiso es a futuro se necesitarán incentivos fuertes también en materia de inversiones y un marco de previsibilidad que permita al complejo desarrollar su mayor potencial y competir a nivel mundial.