Vinto es un municipio ubicado en el centro del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del departamento de Cochabamba. El mismo fue epicentro de una de las imágenes más dramáticas que el golpe de Estado consumado en Bolivia a fines del 2019 dio al mundo, cuando se difundieron imágenes de una mujer siendo golpeada, pintada en su rostro con pintura colorada, rapada y siendo empujada de un sitio hacia otro por una turba sin misericordia alguna.

La mujer no era otra que Patricia Arce, la alcaldesa municipal, integrante del Movimiento Al Socialismo -frente político encabezado por Evo Morales- y víctima de las más crueles bajezas que los perpetradores y defensores del golpe ejecutaban contra funcionarios, militantes o meros adherentes al gobierno que estaba siendo derrocado. La sociedad civil vio, en aquel contexto, como cualquier indicio de comulgar con el MAS era materia prima para la denuncia, persecución y hostigamiento desde los movilizados desde las más extremas disidencias al gobierno, recientemente reelegido a través de comicios que calificaban como adulterados. Esta serie de movilizaciones, cabe destacar, contaban con el beneplácito y rol activo de las Fuerzas Armadas, las mismas que aproximaron la “sugerencia” al gobierno nacional de dimitir de forma indeclinable.  

En este inestable escenario, la sucesión presidencial comenzaba a tejerse, aún en el terreno de lo anticonstitucional. La oposición directa a Morales, Carlos Mesa, segundo en los comicios del 20 de octubre de 2019, insistió con las denuncias de fraude electoral que direccionaba hacia el gobierno, las cuáles según sus palabras -y con auspicio a las denuncias en ritmo similar realizadas por la Organización de Estados Americanos- habían impedido su acceso a una segunda vuelta. Dio su buen augurio a lo que identificó como movilizaciones pacíficas en contra de ese supuesto amaño electoral, y probablemente concluyó que el cese de la ola de violencia, culminante con la salida del MAS del gobierno, podía allanar el camino para su arribo al poder como el rostro más moderado del antagonismo a Morales. 

El ritmo del hostigamiento a los integrantes del MAS no cesaba, articulando la descomposición del gobierno y la inminente acefalía en la que sumergiría el orden constitucional boliviano. Entre fines de octubre y comienzos de noviembre, los miembros del gabinete de Morales comenzaron a confirmar sus renuncias en comunicados confeccionados casi de forma artesanal. A través de anuncios a móviles de televisión o videoselfies grabados en sus propios hogares, notifican su efectivo alejamiento de las funciones, incluyendo esto a integrantes de la línea de sucesión: es el caso del Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien renunció a su cargo pidiendo por favor que liberaran a su hermano menor, secuestrado por facciones enfrentadas con su partido. 

Unas 72 horas más tarde a este hecho, con Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera ya aterrizados en el exilio mexicano, Adriana Salvatierra, integrante del MAS y quien había presentado su renuncia con anterioridad, se presentó en la Asamblea Nacional de Bolivia alegando que constitucionalmente le correspondía a ella ostentar el cargo de presidenta en funciones. Fue detenida por uniformados antes de poner pie en el recinto. Para ese momento, una polémica sucesión transcurrida por fuera de la Constitución había tomado lugar, y la senadora Jeanine Añez atravesaba sus primeros momentos como mandataria interina de su país, sitio al que había arribado sin integrar la línea de sucesión y mediante una ceremonia con nula validez constitucional.

El posicionamiento de Añez a cargo de Bolivia, siquiera sea de forma transitoria, significaba un triunfo para el colectivo de extrema oposición a Morales y su partido. Propulsada en su historial electoral por sellos opositores oscilantes entre la derecha y el centro, las circunstancias la llevaron desde lo homogéneo del espectro opositor al centro de la escena política, en el ambiguo de ser el nombre más ignoto en el conmocionado plató boliviano, detentado el cargo de mayor poder del mismo. A fin y a cabo, se trataba de la nueva presidenta de Bolivia: de facto para quienes denunciaban golpe de Estado, y transitoria para quienes esperaban el llamado a nuevas elecciones, mientras ella hiciera las de custodia temporal el máximo cargo. 

Comenzaba también a exhibir al mundo como el poder ahora era ejercido por alguien totalmente opuesto a las ideas del MAS: su ingreso al Palacio del Gobierno fue enarbolando una biblia en mano, posicionando el simbolismo religioso por encima de cualquier ícono indígena o de reivindicación de los pueblos originarios que se había establecido con Morales. No en vano, en redes sociales supo tildar de satánica a la celebración del año nuevo aymara, en un tweet rápidamente descartado una vez posicionada en el poder. 

Agentes predecibles y otros absolutamente inesperados influyeron en el curso de la administración Añez. El desatamiento de la pandemia por el coronavirus no solo generó que las fechas de nuevas elecciones se postergaran (de mayo a septiembre, y de septiembre a octubre) sino también que el nuevo gobierno tuviera que encargarse de contrarrestar los devastadores efectos del COVID. Para fines de agosto, Bolivia promediaba los 1.000 casos diarios y el propio New York Times denunciaba que “el número de fallecidos por coronavirus en el país podría ser casi cinco veces mayor al conocido oficialmente”. A comienzos de octubre, la Organización Mundial de la Salud identificaba a Bolivia con el promedio de 680 muertes por millón de habitantes, la segunda más alta en el continente, solo siendo superado por la peruana (981). La tasa de letalidad trepaba a casi el 6%, siendo la segunda mayor de la región, solo superada por Ecuador (8,25%), informa el portal Coronavirus.Datar, en base a datos de la mencionada entidad. La gestión de la recientemente arribada mandataria poco poseía para capitalizar a la hora de abordar al tópico que eclipsó al 2020. 

Aun así, comenzó a recular su estrategia electoral: de negar en un principio cualquier indicio de participación en las nuevas elecciones, Añez viró hacia la decisión de presentarse en las presidenciales, buscando revalidar -mediante el voto popular- su aterrizaje en la máxima esfera de poder de su país. 

Ella alegó que su decisión respondía a la necesidad de darle viabilidad electoral a la oposición al MAS, a la cual identificaba como carente de conducciones claras: “La dispersión de voto y de candidaturas me ha llevado a tomar esta decisión; respetamos la decisión a quienes no se unieron“. Con el eco de sus declaraciones, una rápida encuesta del diario Página Siete la ubicó en la disputa a por el segundo lugar tras Luís Arce, el recientemente confirmado candidato del MAS, en una contienda que tenía a la propia Añez a la par de Mesa y de Luís Fernando Camacho, dirigente ultraconservador de Santa Cruz y uno de los referentes políticos presentes en la asunción de la mandataria. 

Si en un momento se pensó en Jeanine Añez como el rostro de un gobierno asumido como temporal y “de emergencia” que haría su parte en el drenaje las políticas impulsadas desde el gobierno saliente, lo cierto es que su expectativas políticas más allá de la frontera de su interinato incomodaron a sus pares en la oposición a Morales, colaborando con la división del voto opositor al MAS y con una tendencia a la baja es sus números, al punto de derivar en su retiro de la contienda. 

Puede que efectivamente Añez haya apostado a ser la embajadora del voto ultraconservador en los comicios presidenciales, quitándole protagonismo a un titubeante Mesa y borrando de la escena al mencionado Camacho. Lo real en este aspecto, es que se puede concluir el lado Añez de esta historia adosando a su persona la poco común deshonra de ser presidenta en funciones y aún así tener que descartar su candidatura por ausencia de apoyo popular y carencia de capital político alguno. 

Para el politólogo Jorge Ritcher, según declaró al diario Página 12, las expectativas de Camacho tienen un génesis puramente territorial, buscando cimentar su poder político desde su Santa Cruz de las Sierra natal, un municipio clave en el mapa electoral boliviano e históricamente adherido a concepciones conservadoras y tradicionalistas, que lo tornaron un sitio comúnmente adverso al desarrollo electoral del MAS. Representante de la corriente más extremista de la clase política que auspició la caída de Morales, comenzó a confeccionar su movimiento político escalándose en la histórica rivalidad santacruceña con el Movimiento Al Socialismo, perfilándose como un candidato extremadamente católico y conservador, tildando de satánico al gobierno de Evo Morales y declarando constantemente su apoyo a las fuerzas militares en su rol para derrotar a la maquinaria del partido en el poder.

Con el balón en el aire y el turbulento nuevo oficialismo disputándose el mejor sitio en el césped, Camacho jugó la carta del extremismo y el fervor tradicionalista para desmarcarse de la intelectualidad de Mesa y logró granjear apoyo suficiente para correr a Añez de la escena. Sin embargo, sus números no le alcanzaban para desplazar al primero del segundo lugar, detrás de Arce, y mucho menos pensar en la posibilidad de ingresar a una segunda vuelta. 

¿Por qué, si los números no le alcanzaban, Camacho no intentó pactar con Mesa? La politóloga Helena Argirakis identifica en la estrategia del santacruceño el contemplar a esta elección no solo como una puerta de acceso -bloqueada- a la presidencia, sino como una oportunidad para que su porcentaje dé una apertura al ingreso de asambleístas de su frente a la arena legislativa boliviana, permitiéndole asentarse como parte de la oposición a nivel nacional sin tener que canjear apoyos o rebajar discursos mediante un acuerdo con Mesa.

La oposición más radicalizada al MAS llegó al poder mediante un golpe de Estado ejecutado en el plazo de días. Descompuso al principal partido de la nación, leyó a piacere la línea de sucesión y dejó al borde del abismo a la estructura de poder que encabezaba originalmente Morales. En cuanto a persuadir, violentar y hostigar al aparato masista, fueron unidireccionales y tenaces. Pero al momento de establecer lo que se podría definir como sus principios políticos, y construir una sucesión estable y efectiva, fueron un verdadero caos, plagado de lecturas erróneas del panorama, individualismos zonzos, ceguera ideológica y una brutal subestimación del electorado, quizás la última escala para entender el propio “tiro en el pie” que se dio la derecha boliviana.

En los sucesos que se describen en este artículo, la ausencia de convocatoria popular -en términos reales- y la asunción de que corromper constitucionalmente al país era percibido sin titubeos de forma colectiva como el hacer “lo correcto” pueden ayudar a identificar a los indicadores irrealistas con los que la derecha boliviana transitó, desde el golpe de Estado a la fecha. La vocación democrática de la mayoría electoral sumado al sostenimiento de la realización de elecciones que se había pactado intra-partidariamente, permiten vislumbrar a los sucesos del último domingo no solo como una puerta a la elección de nuevos mandatarios, sino también, en otro nivel, como un plebiscito del accionar de las fuerzas conservadoras que llevaron a cabo la interrupción a la fuerza del gobierno del MAS, sea desde la ejecución directa o desde la complicidad. Los referentes de aquellos sucesos participaron de la contienda (o desistieron de hacerlo, algo también significativo), y cuando fue el electorado quien tuvo que dar su parecer sobre el desarrollo del presente boliviano, el resultado fue contundente: el MAS, al que el nuevo oficialismo en funciones buscaba arrasar, terminó arrasando en la elección. 

Mucho se ha hablado -incluso en círculos afines al masismo- del error de Evo Morales en buscar un nuevo período al mando del país, ninguneando el referéndum constitucional de 2016, el cual había decantado en una negativa mayoritaria en torno a una nueva búsqueda de reelegir por parte del mandatario. Es curioso como la oposición tomó esto como bandera para denunciar la falta de rigor democrático del MAS, para luego expulsar con auspicio militar a un gobierno cumpliendo su mandato, elevar a la presidencia a alguien ausente en cualquier orden sucesorio -al menos que se adhiera a la Constitución- y luego abogar, mediante prácticas bajas y coercitivas, a una suerte de debilitación casi irreversible de la estructura masista. 

No se puede pasar por alto tampoco los dichos del presidente del PARLASUR, Oscar Laborde, quién detalló que fue la enorme mayoría de votos obtenida por el MAS lo que evitó un golpe electoral o un caos provocado adrede – a fin de extender el limbo sociopolítico boliviano- que nublara el resultado en limpio de los comicios. El anti-masismo realizó una lectura de los rigores democráticos a conveniencia, y entre la prepotencia y la batalla por el liderazgo de la nueva fuerza en el poder, perdieron cualquier capacidad efectiva de interpretar al electorado, y presentar proyectos de país que pudieran converger con las ideas de la mayoría votantes.  

En la primera intervención que la mayoría silenciada obtuvo, su contundencia fue tan grande que obligó a resguardarse en los márgenes del sistema político a los beneficiados por la desestabilización. Esa misma mayoría silenciada que tan fuertemente se expresó en las elecciones que dieron por ganador al MAS, así como también le permitieron llegar al senado a Patricia Arce, aquella alcaldesa golpeada, rapada y vejada por los extremistas, quién retomó a la actividad política como candidata de su partido, logrando su triunfo en los albores de la nueva etapa que inicia en Bolivia.