Crónicas de una crisis política anunciada

Moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, Presidente del Perú

La República del Perú vive actualmente una crisis sanitaria y política sin precedentes. A nivel sanitario, la pandemia por coronavirus ha puesto en jaque el sistema de salud, el sistema de pensiones, la organización y la seguridad laboral en un país que en el 2019 presentaba un incremento del PBI de aproximadamente 2.3% según el Diario Oficial El Peruano y lo posicionaba entre las economías con mayor crecimiento de América Latina. 

A nivel político, el pasado viernes 18 de septiembre, el congreso convocó al Pleno (la máxima asamblea deliberativa de dicha institución) para debatir la moción de vacancia contra el Presidente Martín Vizcarra, quién fue notificado e informado para ejercer adecuadamente su derecho de defensa mediante un abogado, el viernes 11 de septiembre cuando se aprobó tal debate. ¿Qué razones justifican que el congreso aprobase con 65 votos el debate de la moción de censura por permanente incapacidad moral? ¿Qué actos conllevaron a acusar al presidente de “incapaz moral”? ¿Cómo afectará esta situación al ya dañado Peru? 

El caso “Richard Cisneros y los contratos con el Ministerio de Cultura”

El lunes 18 de mayo, el programa de Magaly Medina presentó un reportaje sobre los contratos realizados por el Ministerio de Cultura y un compositor musical peruano, Richard Cisneros cuya trayectoria no es más notoria que sus escándalos en la farándula peruana, más conocido como Richard Swing. Según el reportaje, el señor Richard Cisneros habría cobrado, en plena pandemia, la cantidad de 45 mil soles por servicios brindados.

Los programas periodísticos de investigación de América Noticias y Canal N, mostraron en detalle las 9 órdenes de servicio que el Ministerio de Cultura entregó y firmó con Richard Cisneros, material que actualmente está dentro de la carpeta fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación del proveedor Richard Cisneros. Según estas 9 órdenes de servicios, el señor Richard Cisneros recibió un total de 175 000 soles (50 000 USD) por concepto de charlas motivacionales y organización de eventos. A pesar de los cambios constantes de ministros de Cultura, los contratos del Sr. Cisneros fueron en aumento.

Durante la gestión de Patricia Balbuena, Cisneros firmó dos contratos. Uno en julio y el otro en octubre de 2018. Se le pagó en total 42 mil soles. En la gestión de Roger Valencia como ministro, Cisneros fue contratado por 7 mil soles en febrero de 2019. Ese mismo año, pero con Ulla Holmquist como Ministra, el actual investigado Richard Cisneros cobró 28 mil soles por dos contratos. En la gestión de Luis Castillo como ministro, cobró 8 mil soles en setiembre de 2019 y en octubre, con Francesco Petrozzi a cargo de la cartera de Cultura, Cisneros cobró 27 mil soles. Y por último, con la ex ministra Sonia Guillen, tan solo en el 2020, el señor Cisneros firmó un contrato por 33 mil 400 soles en febrero y otro por 30 mil soles en abril. 

Producto de esta develación, Sonia Guillén renunció a su cargo como ministra de Cultura. Ante esto, el presidente Martín Vizcarra emitió un pronunciamiento crítico y firme por tal irregularidad en la contratación y se derivaron las investigaciones al Ministerio Público para ejercer la acción penal y a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por las acciones del ejecutivo y el ministerio de cultura. 

Un mes después, el 12 de junio de 2020,  el señor Cisneros acudió al Congreso para ser interrogado por la Comisión fiscalizadora. En sus declaraciones manifestó que su trayectoria laboral era producto de su preparación académica constante y dio a entender que mantiene una estrecha relación con el ejecutivo. Asimismo, se filtró de manera clandestina un video en el cual Richard Cisneros aseguraba que había “botado a la ministra…por atrevida”. Tales afirmaciones fueron negadas por Richard Cisneros, aludiendo que se trataba de una broma con amigos.

Por su lado, el Presidente Martín Vizcarra manifestaba que a pesar de conocer al señor Cisneros debido a que participó en la campaña de Peruanos por el Kambio (partido que llevó a Palacio de Gobierno a la fórmula Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz), no mantenían ningún vínculo mayor. No obstante, el Diario peruano “El Comercio” reveló que el señor Cisneros visitó dos veces el Palacio de Gobierno en el 2018. Una, el 28 de junio de 2016 cuando se entrevistó con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República. Y la otra, el 12 de octubre con Karem Roca Luque, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial.

Con todos estos datos revelados, la Contraloría del Perú realizó el Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5765-SCE y evidenció que “el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de S/ 155 400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020. Asimismo, se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos de la mencionada entidad por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al proveedor, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado, así como la finalidad pública prevista.” 

A continuación una infografía de elaboración institucional de la Contraloría que señala los puntos resaltantes del informe.

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/6b1874cc-cba5-43ad-a355-a3e41df6898c/NP+599-2020-infografia_b.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6b1874cc-cba5-43ad-a355-a3e41df6898c

Esta situación, creó una tensa relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Representantes de ambos lados manifestaron su desconfianza, crítica y rechazo de los acontecimientos. Esta situación era una bomba de tiempo, que estalló el pasado 10 de septiembre, con la revelación de tres grabaciones relacionadas al caso. Cabe resaltar que la legitimidad de esos audios continúan en discusión.

Las grabaciones fueron divulgadas en el Congreso por el parlamentario Edgar Alarcón, enemigo público de Vizcarra desde el 2017 y actualmente investigado por diversos delitos de corrupción. En el primer audio, se escucha una conversación entre Martín Vizcarra, Karem Roca y Miriam Morales en el que regularizan la información referente a las reuniones mantenidas con Richard Cisneros, para concluir cuál sería la información que deberían manejar  todos ante el Congreso y los medios de comunicación sobre la relación y reuniones con el señor Cisneros, negándose a aceptar más de 2 visitas. Entre la frase más resaltante está la pronunciada supuestamente por el presidente diciendo: “Todos estamos involucrados”.

El segundo audio, se trata de una conversación entre el presidente Martín Vizcarra y Karem Roca. En el audio se puede escuchar al presidente culpando a Mirian Morales de todos los problemas surgidos en Palacio de Gobierno, diciendo “Ella es la culpable y va a pagar por su culpa”. Seguido a esto, Vizcarra hace el pedido de renuncia a la misma Karem Roca. Asimismo, la ex funcionaria asegura que es injusta su renuncia y que no debe ella cargar con toda la responsabilidad del caso. Ante ello, el presidente reafirma su falta de confianza en ella y su molestia sobre su actitud. Entre las frases más resaltantes, está la que aparentemente emite el presidente diciendo: “en realidad, con toda la información que tengo, me genera desconfianza”, refiriéndose a la lealtad y actitud De Karem Roca, quien actualmente no tiene ningún vínculo laboral con el Estado. 

Finalmente, en el tercer audio se escucha hablar a Karem Roca y Richard Cisneros. Este último afirma que fue Mirian Morales quien le consiguió trabajo en el Ministerio de Cultura. Y que el presidente cerró el Congreso porque él se lo ordenó, pomponeándose de una supuesta relación con Vizcarra a lo largo de su carrera política.

El mismo día que se filtran los audios, se presentó en el Congreso de la República una moción firmada por representantes de seis bancadas (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú) para declarar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral. En tal moción se invoca la causal de permanente incapacidad moral del presidente según lo establecido en el inciso 2, artículo 113 de la Constitución y plantea la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 del mismo cuerpo normativo. Según el documento, se acusa a Martín Vizcarra de vulnerar los siguientes principios: lucha contra la corrupción, del derecho a la verdad,  de los principios de buena administración y de justicia presupuestal.

Al día siguiente, el Congreso mediante votación, dio lugar a la moción con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. La fecha propuesta para tal debate y decisión fue el viernes 18 de septiembre. Como “respuesta” el ejecutivo presentó el pasado lunes 14 de septiembre una medida cautelar y demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. El primer recurso tiene la finalidad de detener el trámite de la vacancia e impedir su debate en el Congreso. El segundo, tiene la finalidad de que el máximo intérprete de la Constitución peruana, el Tribunal Constitucional, determine cómo se debe interpretar la causal de vacancia por incapacidad moral permanente utilizada en la presente moción -la cual está siendo empleada indebidamente como un mecanismo de control político-.

Basta recordar el caso de Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 y 2018, donde se presentaron dos procesos de vacancia por incapacidad moral. El primero debido a supuestas conexiones del presidente con el caso Odebrecht y el segundo en el 2018 por la supuesta compra del apoyo de congresistas para que votaran contra la primera vacancia presidencial, conocido como el caso “Kenjivideos” 

El día 17 de septiembre, el Tribunal Constitucional se manifestó respecto de los recursos presentados por el Ejecutivo, resolviendo declarar procedente la demanda competencial e improcedente la medida cautelar. Esto significa que el debate procede a realizarse según la agenda política y que este conflicto entre los poderes del Estado y la interpretación de la norma referente a la incapacidad moral, será resuelto posteriormente por el máximo intérprete de la Constitución. 

El 18 de septiembre, en un ambiente muy tenso dentro del Congreso, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó a las 10:01am dispuesto a participar del debate. Luego de más de 8 horas de sesión y diversos argumentos del abogado del Presidente y las bancadas nacionales, se concluyó la votación con 78 votos en contra de la vacancia, 32 a favor y 15 abstenciones. De esta manera se concluyó que el Presidente debe mantener su posición y que las investigaciones penales y administrativas correspondientes seguirán su curso. Igualmente, la demanda competencial en el Tribunal Constitucional debe ser analizado en los próximos meses por los magistrados; esperándose una interpretación, por primera vez, del término “incapacidad moral permanente”.

No queda más para decir además de que es de conocimiento interno o nacional que tal golpe al Perú -la crisis política y sanitaria junto con la caída y estancamiento económico producto del mal manejo de la pandemia-, se debe a la desorganización y la informalidad del clásico criollismo peruano. Vivir en un país que se rige internamente por las normas “del más vivo” da una apariencia de crecimiento, mientras que internamente se evidencian instituciones muy débiles e inequidad en la distribución de riqueza. 

Escrito por

Bachiller en Derecho por la PUCP. Asistenta de docencia por 4 años en cursos de derecho Penal en la PUCP. Miembro de la Asociación Escuela de Derecho Garantista, Gerenta Comercial y representante de la Academia Virtual Cerejus. Asociada Junior del Estudio SVR Abogados.

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