Un amigo es una luz, brillando… hasta que te quita un porcentaje de la coparticipación para dársela a otro. Si hay que explicar, resumida y didácticamente, qué fue lo que pasó durante las primeras semanas de septiembre en la política argentina, se podría decir algo así: a un gobernador la policía le hizo un motín, reclamando, entre otras cosas, un aumento de salario, la cosa estaba difícil hasta que el presidente salió al rescate, aprovechando el momento usándolo como justificación para bajarle el porcentaje de recursos que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cosa que venía anunciando desde la campaña y negociando con el jefe de gobierno) y dársela al gobernador desamparado.
En todo resumen se ahorra, aparte de palabras, parte de verdad. Este caso no es excepción, para empezar a hablar del lado político de la baja en el coeficiente de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires debe empezarse con la frase preferida de los politólogos: “es complejo”.
Es complejo, principalmente, desde la perspectiva económica. Si se queda con la explicación dada en el primer párrafo, no hay duda quién es el malo de la película, sin embargo, habría que ponerse en contexto. En 2016 se daba una situación excepcional en la política argentina: presidente, gobernadora de Buenos Aires y Jefe de Gobierno de la Ciudad eran del mismo partido. Con ese marco se dio un acuerdo en el que el Estado Nacional sacrificó recursos propios para aumentarle el porcentaje de coparticipación a la Ciudad, de la mano de la transferencia de la competencia en seguridad. Esto tomó la forma de un decreto de necesidad y urgencia, o sea, ni el traspaso de la policía ni los fondos para constelarla se dieron por una Ley del Congreso. Este dato habilita la duda de si ese aumento era solo para bancar gastos en seguridad, o también venía con regalo para para su cuna política. Esta duda tiene más respuestas que funcionarios, pero los estudios más serios muestran que la Ciudad fue beneficiada de más por ese aumento, y lo siguió estando después de que en 2018 se le sacó un poco a raíz del Consenso Fiscal.
Por ahora nada se dijo de números, porque en la discusión política no es lo esencial, aunque a nivel social sea lo único que importe de toda esta difícil situación. Desde el 2003 la Ciudad recibió un 1,4% de la masa coparticipable total (el cual no es el mismo total de donde salen los fondos a las provincias), en 2016 subió al 3,75% con la transferencia de la policía, pero en 2018 quedó en 3,5%. A partir del 9 de septiembre del 2020 esta porción quedó en 2,32%, este número fue el resultado de un cálculo del gobierno nacional de cuanto salía efectivamente el aumento del gasto en seguridad a partir de que la Ciudad se hizo cargo. Desde el GCBA no comparten este diagnóstico y entienden que el decreto es inconstitucional ya que implicaría una transferencia de una competencia sin su partida presupuestaria correspondiente. En este sentido, se escucharon opiniones que hablan de la ilegalidad de la decisión, por su esencia misma, es decir, por ser un decreto que regula aspectos de distribución federal de recursos, estas posturas se pueden calificar de dos modos: poco informadas o mal intencionadas. La decisión puede ser inconstitucional por su contenido, pero no en sí. Por eso, el tema también es complejo en lo legal. Los análisis que describen al decreto como inconstitucional de raíz no se escucharon con semejante eco cuando la modificación resultaba en un aumento del 168% de los fondos que recibía la Ciudad[1].
Muy interesante la parte legal y económica del asunto, pero lo que es complejo en serio del tema es la dimensión política. ¿Quién salió más beneficiado? El jefe de gobierno desfinanciado, sin dudas. Las imágenes que nos dejaron esas jornadas fueron, sin exagerar, un show. De un lado, un presidente escoltado por intendentes de todos los colores, líderes políticos de su coalición y, por supuesto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Del otro lado de la avenida, unas horas más tarde, el Jefe de Gobierno hacia lo propio con los suyos: referentes nacionales y locales del frente opositor. Uno, predicador de la igualdad y la solidaridad federal, el otro, de la libertad, el desarrollo y la autonomía.
El resultado del show es la reafirmación de una polarización entre dos moderados de la política argentina, ambos con la necesidad de sobresalir dentro de sus espacios, el match no podía salir mejor. Entonces, al margen de que capaz haya que sacarle un par de luces a los helechos y que amotinados vuelvan a trabajar ¿Qué deja la disputa por los fondos federales? Un sistema de partidos cada vez más polarizado en dos figuras que hacen que la competencia sea más moderada que de costumbre.
Para quienes piensan que el diálogo, la moderación y el consenso son valores esenciales para la democracia argentina, no deben tener vergüenza en mostrarse optimistas con el futuro del sistema político argentino, más aún mientras los extremistas no lo puedan ver.
[1] Para profundizar en el lado económico y legal del tema se recomienda leer los informes del Instituto IDEAS sobre el marco legal, la modificación del 2016 y el impacto de la baja del 1,18%.
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