Artículo escrito en conjunto con @danasager

A principios del siglo XXI, América Latina fue testigo de uno de los fenómenos políticos que marcarían el rumbo de la región hasta la actualidad. Con el fracaso de las políticas adoptadas en base al Consenso de Washington, junto con las crisis políticas y sociales, los pueblos latinoamericanos decidieron cambiar el paradigma y decidieron confiar en gobernantes provenientes de partidos de izquierda o de centro izquierda. Es así como surgieron los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina, Uribe en Colombia, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Chávez en Venezuela. La concordancia ideológica de estos líderes políticos, junto con el boom de las commodities hicieron posible el resurgimiento de la preponderancia de la región a nivel mundial, lo cual impulsó (o por lo menos reavivó) el regionalismo encarnado en proyectos como la UNASUR y la tan famosa “patria grande”¹ . Sin embargo, a partir de 2015 y hasta la actualidad todos estos dirigentes políticos sufrieron reveses y la mayoría de ellos enfrentan acusaciones por diferentes delitos.

Este fenómeno fue tal y tan peculiar que los politólogos alrededor del mundo se dedicaron a estudiarlo. Uno de ellos fue Panizza (2009)², quien denominó al movimiento político como “las nuevas izquierdas”, acuñando el concepto. El autor explica que a pesar de que la izquierda no es novedosa en Latinoamérica, esta nunca tuvo éxito en las elecciones presidenciales ni tampoco sus dirigentes confiaban en el establishment, debido a que muchos de los partidos políticos de izquierda fueron proscritos desde mediados del siglo XX y muchos de sus miembros enfrentaron largos períodos de exilio. 

Otro factor determinante a tener en cuenta es que la población latinoamericana no se identifica con estos partidos. Según los estudios llevados a cabo por el Latinobarómetro desde 2006 hasta el 2018, en una escala de 0 a 10, donde 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, el promedio de la región en su conjunto se encuentra en el 5,4 de la escala, es decir en el centro político. Siempre de acuerdo al Latinobarómetro, la izquierda es más débil que la derecha en la región.

Tal como explica Thomas Clive (2014)³, la política latinoamericana presenta de manera muy clara la lógica pendular entre los gobiernos de izquierda y de derecha, uno surge a causa del desgaste del otro. Luego de las crisis políticas y económicas a finales del siglo XX y principios del nuevo milenio, la derecha y centro derecha había perdido los votos de sus electores adeptos, quienes se encontraban desesperanzados y disconformes con la respuesta de los dirigentes políticos tanto con las consecuencias de las crisis como así también como las demandas de los ciudadanos. Ante este vacío, surgen dirigentes políticos como Lula da Silva, Nestor Krichner o Uribe que prontamente se ganaron la confianza y para algunos hasta el cariño de sus pueblos. Sin embargo, la coyuntura política del nuevo milenio exigió a los gobiernos de las nuevas izquierdas una administración pragmática e inteligente. De esta manera, los políticos de estas administraciones portaban discursos cargados de la ideología y el proyecto político que representaban, pero si se analizan los hechos se ven gobiernos que optaron por políticas sumamente pragmáticas para afrontar las demandas que el momento político demandaba. 

En la primera década del nuevo milenio, los gobiernos a cargo de las nuevas izquierdas brindaron excelentes resultados. Los índices de pobreza fueron los más bajos de los últimos 40 años, las economías crecían y la importancia de la región en el Sistema Internacional iba en aumento. Sin embargo, con la crisis del 2008 las economías se ralentizaron y las demandas populares aumentaron al mismo tiempo que aumentaron las denuncias por corrupción. Si bien las mismas no son novedad en Latinoamérica, durante los primeros años de los 2000s habían sido acalladas. Dichas denuncias comenzaron implicando a los funcionarios de los niveles más bajos -desde asistentes administrativos, hasta intendentes y gobernadores-, pero con el correr del tiempo se tejieron relaciones que salpicaron a todo mundo, incluida la cúpula del poder en numerosos países. La causa Odebrecht develó cómo la empresa montó una red de sobornos a lo largo de todo el continente sudamericano, implicando la colaboración de numerosos ex mandatarios y dirigentes políticos actuales, causando una profunda crisis política en la región. 

El caso brasileño: donde todo comenzó

El gran caso de Odebrecht comienza en Brasil y al desentrañar las conexiones y las implicancias del caso con los más altos funcionarios, devino en la causa Lava Jato que encarceló a Lula y depuso a su sucesora, Dilma Rousseff. En julio de 2017 el ex presidente de Brasil Lula da Silva fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por la causa “Lava Jato”, la cual implicaba a distintos funcionarios y empresarios en una trama de corrupción y sobornos a cambio de contratos de Petrobras. Específicamente fue hallado culpable de recibir más de un millón de dólares en sobornos de la empresa constructora OAS, dinero supuestamente destinado a inmuebles del ex mandatario en Garujá.

En 2018 un tribunal regional elevó la condena a 12 años y en 2019 el Tribunal Superior de Justicia lo condenó en tercera instancia pero disminuyendo la sentencia a 8 años y 10 meses. En ese mismo año el ex mandatario fue condenado a 12 años y 10 meses por otra causa vinculada a Lava Jato y a otra propiedad en Antibaia, sentencia que se amplió a 17 años(causa que implica tanto a la constructora OAS como a Odebrecht). Luego de 580 días en prisión por la causa del triplex de Garujá, Lula fue liberado el 9 de noviembre de 2019 gracias a un fallo de la Corte Suprema que establece que sólo irán a la cárcel aquellas personas que tengan sentencia firme, declarando inconstitucional la prisión de un acusado antes de que se agoten todas las instancias y recursos disponibles para su defensa. 

Perú y los daños colaterales

Un proceso similar ocurrió en Perú, pero con un final un poco más trágico. Alan García se suicidó antes de que se presentarán cargos formales en su contra, por lo que -de acuerdo a la legislación peruana- todas las investigaciones pendientes dejaron de tener efecto. Tanto él como otros tres ex presidentes de Perú: Pedro Pablo Kuczynski -quien en 2018 renunció a su cargo presidencial por la investigación-, Alejandro Toledo y Ollanta Humala fueron acusados de recibir sobornos en la causa Odebrecht. Particularmente García era acusado por irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima durante su segundo mandato. Según la Fiscalía peruana, la empresa brasileña habría pagado siete millones de dólares como soborno para quedarse con el contrato. 

Odebrecht y sus nuevos horizontes

La causa Odebrecht alcanzó a otras importantes figuras políticas en Latinoamérica, como es el caso de los hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli -quien se encuentra detenido a la espera de juicio- por tráfico de influencias a favor de la empresa brasileña. En El Salvador el ex presidente Mauricio Funes también habría aceptado sobornos de Odebrecht para financiar su campaña electoral. La empresa petrolera estatal Pemex, en México, también se ha visto involucrada en la supuesta red de corrupción, sin que se vieran implicados los altos mandos del gobierno. Tanto en República Dominicana como en Costa Rica fueron detenidos ex ministros y altos funcionarios del Estado aparentemente relacionados con la misma causa.

Finalmente, el caso más actual fue el del ex presidente ecuatoriano, Correa. El pasado 7 de abril, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana declaraba culpable a Rafael Correa -ex presidente- y otros funcionarios del delito de cohecho a raíz de la causa de “Sobornos 2012 – 2016”, condenandolos a 8 años de prisión y suspendiendo por 25 años sus derechos políticos. Dicha causa trataría de una red de corrupción que involucra empresas nacionales e internacionales (entre ellas Odebrecht) durante el gobierno de Correa, en la cual se recibían pagos para financiar el movimiento político del presidente a cambio de la adjudicación de contratos millonarios. En ella se acusa tanto al ex presidente como al Ex vicepresidente Jorge Glas -quien cumple actualmente una pena de seis años de prisión por asociación ilícita, también vinculado al caso Odebrecht- de instigar los sobornos. El 20 de Julio el Tribunal de Apelación desechó las apelaciones presentadas por los acusados y ratificó las condenas, alegando que las pruebas presentadas por la Fiscalía General prueban la responsabilidad de los acusados. Mientras tanto, Correa permanece autoexiliado en Bélgica.

La “maldición” tiene más de un nombre

Si bien la causa Odebrecht fue “la maldición” de los dirigentes de las izquierdas, no fue la única ni la última. Por ejemplo, el caso boliviano. El 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Bolivia, las cuales generarían múltiples acusaciones de fraude en contra del entonces mandatario Evo Morales, dado que se reportaron supuestas irregularidades tanto en las elecciones como en el conteo de votos. Este hecho terminaría con la asunción de Jeanine Áñez al poder – saltándose la cadena de sucesión – y con Evo Morales refugiado en Argentina. Actualmente ha caducado el plazo de noventa días establecido por la Constitución en su artículo 172 para que el/la Jefe/a de Estado interino/a llame a elecciones, dado que, luego de más de 9 meses y de que los comicios fueran aplazadas múltiples veces a causa de la pandemia por coronavirus, Bolivia sigue a la espera de nuevas elecciones, las que se desarrollarían el 18 de octubre según lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral. 

Viniendo un poco más al Sur, se encuentra el caso de Cristina Kirchner, primera mujer presidente de Argentina -actualmente ocupa el cargo de vicepresidente-. La ex mandataria argentina se encuentra procesada por diversas causas que involucran corrupción. Una de ellas es la causa de la Obra Pública, una supuesta asociación ilícita entre ministros y funcionarios que habría desviado fondos públicos -dedicados a la infraestructura- hacia distintos empresarios. En este mismo caso se investigan también sobornos relacionados a la adjudicación de contratos por obra pública. Debido a que en su momento se desempeñaba como Senadora y por ende quedaba cubierta por sus fueros, no se hizo efectiva la prisión preventiva dictada en su contra. En relación a esta encontramos los casos “Los Sauces”, “Hotesur” y los famosos “cuadernos de la corrupción”, en los cuales el chófer del secretario del ex ministro de Planificación Julio de Vido habría registrado todos los detalles vinculados a la supuesta red de corrupción entre funcionarios del gobierno de la ex-presidenta y empresarios, en donde esta sería la “jefa” de dicha asociación ilícita.

Otro caso en el que se vincula a la actual vicepresidenta es el de la “Firma del memorándum con Irán”, el cual tenía por objetivo investigar el atentado del  18  de  julio  de  1994  en la  sede   de  la  A.M.I.A. (Buenos Aires). En este caso se la acusa de haber firmado dicho documento para garantizar el encubrimiento de los verdaderos responsables. Crisitina no ha sido condenada por ninguna de las causas en su contra, muchas de las cuales ya han alcanzado la etapa de juicio oral y continúan activas. 

El caso más actual

El escándalo judicial más actual es el de Álvaro Uribe. El martes 4 de agosto la Corte Suprema de Colombia ordenó la detención domiciliaria del ex presidente y actual senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno de testigos y fraude procesal, ante posible riesgo de obstrucción de justicia. A raíz de esta decisión se desataron múltiples manifestaciones, tanto a favor como en contra de la medida. Lo que más resalta en este caso es que los crímenes de los que se acusa a Uribe se habrían llevado a cabo durante su mandato como congresista, no como presidente. Lo que no quita el hecho de que esta sea la primera vez en que se dicta algún tipo de prisión para un ex presidente colombiano. De acuerdo con el Artículo 359 de la Ley 600 de 2000, Uribe queda fuera del Senado dado que “Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo”. 

El caso parte de una acusación realizada por el senador Ivan Cepeda en 2014, donde afirmaba que Uribe tenía lazos con grupos paramilitares y presentaba testigos para sustentar dicha denuncia. A raíz de esto Uribe pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara a Cepeda alegando que dichos testigos habían sido manipulados. Sin embargo, la Corte no sólo absolvió a este último, sino que inició una investigación contra Uribe por el mismo delito, luego de que los testigos, que en un principio lo habían acusado, se retractaran y afirmaran haber recibido presión por parte de uno de los abogados del ex presidente. 

Las malditas izquierdas no están solas

Los escándalos judiciales y las acusaciones de corrupción, junto con la imposibilidad de responder a todas las demandas que la ciudadanía presentó a los gobiernos de izquierdas, sumado a una caída del precio de las commodities (consecuencia tardía de la crisis del 2008) significaron para muchos autores ya analistas políticos el fin de las nuevas izquierdas en el Cono Sur de gobiernos de derecha y centro derecha en todo el continente. Comenzando por Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile y últimamente Lacalle Pou en Uruguay, el Cono Sur fue testigo de un nuevo ciclo en su política. Sin embargo, las denuncias por corrupción no tardaron en llegar y más temprano que tarde demostrar que este tipo de conductas no es característica únicamente de las “malditas izquierdas”. 

En Perú, la ex primera dama, congresista nacional y ex candidata a presidente Keiko Fujimori, cumple una condena de 36 meses de prisión preventiva bajo cargos de lavado de activos y su implicancia en el caso Lava Jato. La familia no es nueva en los escándalos judiciales, ya que su padre Alberto Fujimori también enfrenta una condena- con sentencia fija desde el 2010- de 25 años de prisión por asesinatos, secuestro, lesiones graves, lavado de activos y desvío de fondos públicos. 

Actualmente el ex presidente argentino, Mauricio Macri, fue imputado en la causa judicial por utilizar el aparato estatal para espiar ilegalmente a varios actores políticos y sociales, no solo de la oposición sino de su propio partido. La investigación comenzó a causa de una denuncia por intento de extorsión a uno de los mayores empresarios de argentina, la cual insinuó la implicación de jueces y luego, políticos.

Por último – y a menos de dos años de haber asumido su cargo-, se encuentra el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Desde las primeras instancias de su mandato, el representante carioca se vio afectado por denuncias de corrupción hacia él y hacia sus allegados más cercanos. Irónicamente, una de sus principales banderas de campaña fue la lucha contra la corrupción, lo cual produjo que Sergio Moro (juez a la causa Lava Jato) aceptara ser ministro de justicia, mas terminó renunciando al cargo alegando violación de facultades por parte del Ejecutivo hacia el Judicial. Actualmente el presidente brasileñoenfrenta más de 32 pedidos diferentes de Impeachment, mayoritariamente alegando corrupción, incumplimiento de sus funciones y abuso de poder. 

Conclusión

Por lo tanto, no sólo las izquierdas “están malditas”. La caída en desgracia de los expresidentes latinoamericanos no tiene que ver con una maldición o una persecución política por parte de sus adversarios, sino que es la consecuencia directa de una inestabilidad característica de la centenaria cultura política de la región, acuñada por su pasado colonial, su costumbre caudillista y sus instituciones convalecientes y poco arraigadas en la sociedad⁴.

En otras palabras, la inestabilidad política y económica de la región se explica por su cultura política. En primer lugar, se ven muy marcadas las costumbres heredadas del reino español, donde el gobierno tenía un exceso de atribuciones discrecionales, lo cual permitía un manejo más personal y con mayor secrecía de la política. Luego, con las guerras independentistas, surgen los caudillos y con ellos, los personalismos. Además, un  pasado -y presente- de crisis constante ha generado la concesión de mayores poderes y atribuciones a las figuras presidenciales en desmedro del resto de las instituciones, debilitando, en algunos casos, el proceso de rendición de cuentas. Finalmente, los diferentes golpes militares, junto con la cultura política heredada producen que las instituciones políticas carezcan de legitimidad y de la confianza de sus pueblos, lo que genera un débil arraigo de las mismas en la sociedad, facilitando la inestabilidad política. 

En conclusión, ni los expresidentes están malditos, ni todo es culpa -al menos completamente- de los expresidentes. La culpa la tiene la historia y la cultura que heredamos y que es sumamente difícil de cambiar, por lo tanto las izquierdas no están malditas y tampoco se puede culpar a las malditas izquierdas. 

NOTAS:

1- Término presente desde los procesos de independencia americana, principalmente presente en el pensamiento de Simón Bolívar, quien afirmaba que Patria era América. La expresión refleja la visión continental de integración donde no concebían una patria chica regionalista y aislada, ni la construcción de destinos separados (Gutiérrez, 2013). Con la llegada de las nuevas izquierdas a Latinoamérica en los principios del nuevo siglo, los líderes políticos adoptan este concepto para impulsar desde el mismo un nuevo regionalismo con el objetivo de unificar al continente. Bajo esta idea nació la Unasur. 

2- Panizza, F. (2009). Nuevas izquierdas y democracia en América Latina. Revista CIDOB d’afers internacionals, 75-88.

3- Thomas, C. S., & Klimovich, K. (2014). Interest groups and lobbying in Latin America: Theoretical and practical considerations. Journal of Public Affairs, 14(3-4), 165-182.

4-Para profundizar sobre el tema, se recomienda consultar a Thomas y Klimovich (2014) y a North, C., Summerhill, W., y Weingast, B. (2000). Order, disorder and economic change: Latin America vs. North America. Governing for prosperity, 19.