Evidentemente, el Covid-19 llegó para desplazar a todos los temas que estaban en agenda. Uno de ellos es el controversial cambio de régimen que sufrió Bolivia en octubre de 2019, el cual fue el protagonista de múltiples noticias y comentarios tanto a nivel nacional como regional. 

Un breve repaso sobre los sucesos debería iniciar con las elecciones del 20 de octubre de 2019, donde los candidatos que parecían tener mayores oportunidades de ganar eran el entonces presidente Evo Morales (quien buscaba su cuarto mandato luego de ser autorizado por la justicia boliviana,  ya que originalmente la Constitución no lo permite¹) y Carlos Mesa (presidente durante 2003 – 2005), opositor de derecha. Esa noche los primeros datos mostraban que Morales lideraba el conteo con el 45,28% de los votos frente a un 38,16% de Mesa, con un 84% de las mesas escrutadas². Alrededor de las 22:00hs se dejaron de brindar datos oficiales sobre el estado del conteo, mostrando los últimos resultados la posibilidad de una segunda vuelta. Los datos oficiales reaparecieron el día 21 de octubre, mostrando que Morales vencería en primera vuelta. A partir de esto (y con varias denuncias de fraude de por medio), comenzaron las manifestaciones en todo el país tanto a favor como en contra de Morales. 

Los resultados finales dieron como ganador a Morales, lo que generó un reclamo por balotaje por parte de la oposición, la OEA y algunos países de la región. El 10 de noviembre la OEA reveló en su informe que hubieron “irregularidades” en los comicios de octubre³. A raíz de esto se intensificó el reclamo por la anulación de las elecciones y por un llamado a nuevos comicios, al cual Morales accede, planteando además la reconstitución del Tribunal Supremo Electoral para garantizar la transparencia del proceso.

Sin embargo, la violencia de las protestas seguía desatada, la oposición y las fuerzas de seguridad exigían su renuncia, la cual llegó finalmente luego de que las Fuerzas Armadas⁴ del país le “sugirieron” al mandatario que renuncie a su cargo presidencial. La dimisión se produce por cadena nacional y el presidente denuncia un golpe cívico, político y policial.

Mientras tanto las protestas continuaban y había saqueos en las residencias de funcionarios, políticos y familiares de Evo Morales. Funcionarios del MAS renunciaron a sus cargos y algunos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad que se habían rebelado contra el gobierno. Morales denunció por Twitter una orden de aprehensión en su contra:

A raíz de esto, el 11 de noviembre México le concede asilo a Morales “por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia”. Tiempo después Argentina aceptaría su solicitud de asilo y, posteriormente, le otorgaría el estatus de refugiado⁵ de acuerdo a las convenciones internacionales sobre el tema. 

El 12 de noviembre la senadora Jeanine Áñez se proclamó como Presidenta “interina” de Bolivia, ante un Parlamento sin el quórum necesario para sesionar (mayoría absoluta del total de los miembros, según lo establecido por la Constitución) y con 2/3 del mismo que rechazaban o no apoyaban dicho acto de sucesión. Este cargo le correspondería, según la cadena de sucesión establecida por la constitución, a la Presidenta del Senado -dado que el vicepresidente también había renunciado- Adriana Salvatierra (del MAS, partido de Morales) y, en caso de ella dimitir, correspondería al Presidente de la cámara de diputados; por lo que denunciaron la ilegitimidad de la autoproclamación de Áñez, quien era segunda vicepresidenta del Senado. Ante esto Áñez defiendió la legitimidad de su investidura, prometiendo mantenerse en el cargo el tiempo necesario para llevar a cabo nuevas elecciones.

Los reclamos se intensificaron, las fuerzas de seguridad reprimieron con crudeza a los y las manifestantes, lo cual fue avalado por el nuevo gobierno interino a través de un decreto que establecía que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”. Dicho decreto fue derogado posteriormente por Áñez dado que consideraba haber alcanzado la “pacificación” En este contexto tanto la OEA como Naciones Unidas alertan sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra el pueblo boliviano⁶.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde entonces en Bolivia? 

Finalmente, el 24 de noviembre la Presidenta interina cumplió con lo que había afirmado que iba a hacer en un principio: llamó a nuevas elecciones, a las cuales podrían concurrir todos los partidos políticos, incluido el Movimiento al Socialismo. Sin embargo, el expresidente no podría presentarse a la reelección. A su vez las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos períodos constitucionales anteriores no podrían postularse como candidatos al mismo cargo electivo.

En enero, Áñez anunció que se postularía a las elecciones que se llevarían a cabo el 3 de mayo, encontrándose entre sus contrincantes Luis Arce⁷ (el candidato del Movimiento al Socialismo), Carlos Mesa, Luis Camacho (del Comité Cívico de Santa Cruz, que ganó popularidad como uno de los líderes de las protestas que llevaron a la renuncia de Morales) y Jorge Quiroga (presidente durante el periodo 2001-2002).

El 21 de marzo El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aplazó la celebración de las elecciones presidenciales a causa de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Si bien parecía que los comicios finalmente se realizarían el 6 de septiembre, estos fueron aplazados nuevamente al 18 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre.

Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica publicada a principios de julio, Arce encabeza las preferencias de la ciudadanía con un 41,9% de intención de voto, seguido de Carlos Mesa con un 26,8% y en tercer lugar se encuentra Áñez con un 13,3% de apoyo. Es necesario comentar que el candidato del Mas enfrenta dos situaciones que podrían comprometer su candidatura: una denuncia por una presunta estafa ligada a la compra de un software para la administradora pública de pensiones el cual no fue recibido pese a haberse efectuado el pago correspondiente por el mismo y un intento de inhabilitación por un aparente delito electoral, dado que comentó los resultados de una encuesta interna de su partido en un canal de televisión, violando el artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral.

A más de nueve meses de las fallidas elecciones y la renuncia de Morales, Bolivia sigue bajo el mando de un gobierno autoproclamado y con unas posibles elecciones a la vista⁸, sumado a la pandemia que ataca al país al igual que al resto del mundo. Estos nueve meses aparentemente han transcurrido fuera del foco de los medios, a diferencia del período entre octubre y noviembre de 2019, donde los sucesos en el país latinoamericano estaban en boca de todos. 

Sin embargo, la coyuntura del país andino ha vuelto a resonar en los medios de la región en los últimos días, cuando se hicieron públicas múltiples imágenes de personas fallecidas siendo recogidas de sus hogares e incluso de las calles. Múltiples funcionarios, entre ellos la misma Jeanine Áñez, han dado positivo luego de ser testeados. La situación epidemiológica ha generado en Bolivia un colapso del sistema de salud, provocando que muchas de las personas que contraen el virus queden fuera del mismo y aumentando así la tasa de mortalidad del país latinoamericano, el cual se encuentra actualmente entre los países con mayor cantidad de casos en la región, acumulando un total de 68,281⁹ -y considerando que posee aproximadamente once millones de habitantes-.

Según Hugo Moldiz, exministro del gobierno de Bolivia, el régimen político ha continuado con un predominio casi absoluto del aparato del Estado (fuerzas armadas, policía y magistratura) sobre el resto de la institucionalidad. Y dentro del aparato del Estado, la policía mantiene un fuerte predominio sobre las fuerzas armadas”. Sumado a esto, la pandemia por Coronavirus ha empeorado la situación de la población y la situación institucional del Estado, debido a la falta de testeos al interior del país, a la lentitud del proceso y a la ausencia de una acción planificada y ordenada en el manejo de la pandemia . Ante esto, pareciera que las próximas semanas serán claves en la determinación del futuro del país latinoamericano a nivel epidemiológico, político, social y económico.

Referencias

¹ Morales ya había llamado a “un referendo popular para habilitar la posibilidad de competir por un cuarto mandato consecutivo como presidente. La reforma Constitucional fue rechazada en las urnas y Morales se vio obligado a presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Electoral” (Infobae, 2019).

² Cabe aclarar que para ganar Mesa debía forzar una segunda vuelta o ballotage evitando que Morales consiguiera más del 40% de los votos (con una diferencia superior a 10 puntos con el segundo).

³ Destacando problemas técnicos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales, varios casos de falsificación de firmas y actas y hasta una irregularidad en la cantidad de votos recibidos por Morales en el último 5% de los votos.

⁴ Representadas por el Comandante en Jefe Kalima.

⁵ Establecido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual define al refugiado como aquella persona que “Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. Es en virtud de esta convención y su respectivo Protocolo de 1967 que “los Estados se comprometen a otorgar a los refugiados que se encuentran en su territorio un trato no menos favorable que el otorgado a sus nacionales en cuanto a libertad religiosa, asistencia pública, legislación del trabajo y seguros sociales, y gravámenes fiscales (…) además, deben otorgarles un tratamiento no menos favorable que el otorgado a los extranjeros más favorecidos en cuanto al derecho a asociación, de ejercer actividades lucrativas, de propiedad, de vivienda, de educación y de circulación” (Oyarzábal, 2015).

⁶ ´Me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan (…) con un respeto pleno a los derechos humanos´, señaló la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet en el pronunciamiento” (Rojas, 2019).

⁷ Cuya candidatura fue criticada por otros líderes del partido dado que proviene de la clase media urbana y no de las organizaciones sindicales y campesinas que componen el MAS (BBC, 2020a).

⁸ Aunque el Parlamento Boliviano aprobó un plazo de 90 días para la celebración de las elecciones presidenciales (Vasallo, 2020).

⁹ Dato actualizado al día 25 de julio de 2020.