¿Regulacionismo o abolicionismo?

Reflexiones en torno al trabajo sexual, derechos laborales, privilegios y desigualdades.

Artículo en conjunto con Felicitas Schwindt y Camila Russmann

En los últimos días, el movimiento feminista en Argentina se sumergió en un debate en torno a la prostitución y si la misma debería o no legalizarse. Si bien esta controversia surge producto de la polémica que causó la campaña publicitaria de Jimena Barón (artista argentina) en las redes donde promociona su nueva canción a través de afiches similares a los que utilizan puteros y trabajadoras sexuales para obtener clientes, este dilema divide al feminismo desde sus comienzos. 

Se debate el regularizar la prostitución como un paso hacia la obtención de derechos para quienes lo ejercen, o abolirla y así enfrentar la trata y la explotación sexual; aquí radica el eje de discusión en el feminismo en torno a la prostitución y donde las diferentes perspectivas parecieran convertirse en naturalmente antagonistas o excluyentes. Para poder comprenderlo mejor, este artículo se propone a explicar las corrientes abolicionista y regulacionista del trabajo sexual, sus implicancias en política y por qué, estas últimas, no son posiciones excluyentes.

La corriente regulacionista defiende la prostitución como trabajo y lo que busca es regular la forma en la que se lleva a cabo esta actividad. Para las defensoras de esta postura, no existe diferencia (solo la regulación) entre ofrecer su mano de obra para cualquier trabajo y ofrecer su cuerpo para el trabajo sexual; por el contrario, en cada trabajo los individuos brindan una parte de sí al capitalismo y este los explota a su favor. Mediante la lucha regulacionista, sus defensoras buscan obtener derechos para las mujeres que ejercen la prostitución como trabajo, porque plantean que con derechos laborales las mujeres enfrentarían menos problemas y podrían ejercer libremente. La prostituta no es ni una delincuente, ni una víctima, ni una persona conflictiva, sino que es una trabajadora capaz de asumir autonomía y responsabilidad en su ejercicio. Algunos de los derechos que la regulación busca son el derecho al ejercicio libre de su trabajo en condiciones dignas, a sindicalizarse, a la seguridad social, a una obra social, a una jubilación. En esencia, la idea es tener el acceso a los mismos beneficios y posibilidades que cualquier otro trabajo formal brindan.

Otra característica del feminismo regulacionista es que separa como opuestos a la trata de personas de la prostitución, debido a que lo que tiende a criminalizar a la primera, si se las considera como similares, termina también penalizando a la segunda, en vez de reglamentar y proteger a las trabajadoras sexuales de los abusos a los que que están expuestas. Aquellos ordenamientos que penalizan convirtiendo en ilegal el ejercicio de la prostitución, o los que sin penalizar no regulan tal actividad, dejándola en la ilegalidad, contribuyen, precisamente, a incrementar la vulnerabilidad de las prostitutas a abusos de todo tipo, incluido el desarrollo de mafias y redes de tráfico internacional ilegales.

La corriente abolicionista plantea que la prostitución es un sistema de explotación en el que todas las mujeres trabajan forzadas en menor o mayor grado, incluso sin ser conscientes de ello: no hay elección cuando es prostitución o hambre proponen feministas abolicionistas. El abolicionismo argumenta que en la prostitución hay una relación de poder, y cuando un hombre compra el acceso al cuerpo de una mujer o niña, participa de un acto de abuso y opresión en el que deshumaniza a otro ser humano convirtiéndolo en producto. El dinero tiene una enorme carga simbólica, determinando relaciones sociales en las que las mujeres pueden ser compradas; y el abolicionismo pretende que como sociedad se entienda que no todo puede tener un precio.

A diferencia de las feministas regulacionistas, las abolicionistas no creen que haya una diferencia entre prostitución y trata de personas, pues consideran que ambas dos entran en la categoría de violencia contra la mujer, ni tampoco distinguen entre prostitución forzada y libre o entre prostitución infantil o adulta. Toda prostitución supone la privación de los derechos de las mujeres debido a que esta práctica no es más que una situación de explotación.

La diferencia con querer prohibir a la prostitución es que el abolicionismo carga la responsabilidad de la práctica en el cliente y el proxeneta, y en lugar de perseguir a las prostitutas.Pretende que el Estado se encargue efectivamente de garantizar la diversidad de ofertas laborales para costearse las necesidades básicas de cualquier persona para que la prostitución no sea la única salida, y a su vez que acompañe a quienes eligen el trabajo sexual como labor. 

En cuanto a modelos ya en práctica en el mundo, podemos distinguir el modelo abolicionista de Suecia, Francia, Noruega, Finlandia, entre otros; el prohibicionista en Estados Unidos; y el regulacionista en Holanda y Alemania. 

Los dos primeros países del mundo en crear y poner en marcha el modelo regulacionista fueron Holanda, y luego, influenciado por el anterior, Alemania. Si bien los dos tienen como objetivo dotar a las trabajadoras sexuales de derechos y protección jurídica, disienten en algunas particularidades. Mientras el modelo holandés permite el ejercicio de la prostitución a través de burdeles, el modelo alemán modifica esto y pretende reducir la dependencia que tiene la trabajadora sexual del proxeneta, por eso mismo en Alemania está reglamentado como delito la incitación a la prostitución y el ejercicio del trabajo sexual a través de burdeles. A pesar de esto, los dos modelos contemplan la relación prostituta-cliente como un contrato unilateral de obligatorio cumplimiento para ambas partes con el fin de que las trabajadoras puedan elegir a sus clientes como también qué servicios prestar. Quienes ejercen el trabajo sexual de manera autónoma, o en relación de dependencia tienen derecho a la seguridad social, a recibir atención médica pública, a cobrar la pensión de jubilación y la posibilidad de buscar una readaptación profesional, como también la obligación de pagar impuestos. 

En Suecia, Francia, Noruega y Finlandia, el modelo abolicionista castiga al prostituyente (cliente o putero), porque consideran que la demanda es la que genera la oferta. Y lejos de centrar el estigma en las trabajadoras sexuales, son consideradas víctimas, motivo por el cual el Estado pone en marcha programas de apoyo para ayudarlas a que cambien de actividad. En Suecia, por ejemplo, la demanda se reduce mediante multas e incluso años de cárcel a quienes compran sexo; y desde que entró en vigor la ley, 6.600 personas (todos hombres, con muy pocas excepciones) han sido detenidas, y para evitar la prisión pagaron multas de al menos un tercio de sus ingresos durante dos meses.Como contraparte, el modelo norteamericano se caracteriza por conservador, y considera a la prostitución como una actividad punible y castiga a todas las partes: trabajadoras sexuales, puteros y proxenetas. 

Ahora bien, ya habiendo profundizado un poco en ambas perspectivas y diversos ejemplos se pueden plantear algunas preguntas en torno al -tan necesario- debate desencadenado en las redes, y que día tras día genera nuevos interrogantes. ¿Estar en contra de la explotación sexual es lo mismo que estar en contra de las trabajadoras sexuales? No. 

Por otro lado -y aunque aún esté en debate el significado de la palabra- ¿Qué empodera?  ¿Regular el trabajo sexual como tal, brindándoles a quienes lo ejercen la posibilidad de desarrollarlo en condiciones dignas? ¿O que el Estado garantice igualdad de condiciones para cada ciudadanx, brindándoles la posibilidad de no caer en la dicotomía de “no comer o prostituirse”? Desde un punto de vista abolicionista, la mera regulación del trabajo sexual no va a resolver otras variables estructurales que atraviesan al mismo, y que para ellas son el eje del debate, tales como la cultura de la violación, la insalubridad y precariedad de los espacios donde se desarrolla el trabajo, la  concepción capitalista y mercantilista respecto del cuerpo, entre otras. Y desde una visión regulacionista, la abolición de la prostitución no hace más que seguir ocultando una realidad social bajo la clandestinidad, logrando así que las trabajadoras sexuales continúen ejerciendo su labor en pésimas condiciones y sin ningún marco jurídico que las proteja y que el estigma que sufren por parte de la sociedad crezca cada día más.

Es menester tener presente que, independientemente de las conclusiones a las que se puede llegar, tanto la postura abolicionista como la regulacionista coinciden en un punto clave del debate, la ausencia del Estado. Si bien las dos posiciones reclaman que el mismo tome distintos roles para resolver los estragos que atraviesa el trabajo sexual, si tienen un punto de encuentro que no es menor. Actualmente, en Argentina la prostitución como ejercicio es legal y los puteros están penalizados, sin embargo, el Estado nunca pudo bajar la ley a la realidad. Es decir, no creo los protocolos necesarios para implementarla, no capacitó a sus funcionarios al respecto, ni trabajó para que el estigma de la prostitución desaparezca en la sociedad.

En un país donde gran parte de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad y precariedad, la mayoría de las veces las personas más perjudicadas por el sistema prostituyente caen en una doble lógica del poder: el putero no solo usa tu cuerpo, sino que también decide si comes o no. Y a su vez, las mujeres que tienen el privilegio de elegir la prostitución como trabajo se encuentran sin derecho alguno que las respalde y en condiciones sumamente indignas a la hora de ejercerlo. 

El pueblo argentino hoy dia se encuentra sumergido de lleno en el debate, pero el Estado continúa con su mudez y sin darle frente a dos problemas estructurales que no hacen más que dejar a miles de chicas en situación de trata de personas y a otras miles que eligen ser trabajadoras sexuales en condiciones de trabajo totalmente insalubres y sin ningún tipo de derechos. 

El debate tiene dos grandes ramas de opinión, el abolicionismo y el regulacionismo. En la teoría, son opuestos, pero a la hora de llevar el dilema a la realidad, la sociedad debe entender que ambas posturas no son excluyentes sino complementarias, ya que sin regular la situación de las trabajadoras sexuales nunca se llegará a conseguir que las mismas decidan libre y conscientemente la prostitución como profesión. Por su lado -y mientras el debate continúa-, el Estado argentino debe atender las necesidades que plantean las dos posturas, ya que si continúa negando la realidad, el debate que se ha generado en torno a esta problemática siempre será solamente eso, un debate.

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