Existe una cultura mediática intrínseca a la caída de un líder político. Pedazos de imágenes, frases, coberturas y cadenas que las reconocemos no solo por el contenido del discurso de un sujeto de poder desplazado de su sitio de mando, sino por la forma en que se comunica esa ruptura. Richard Nixon con sus mejillas flácidas y su mirada apagada dimitiendo en pleno Watergate. Theresa May dimitiendo al número 10 de Downing Street, envolviendo su rostro en lágrimas del deshielo de su administración al calor del Brexit. En el propio ámbito doméstico hemos visto a Fernando De La Rúa abandonado el poder ejecutivo, al revoloteo de las hélices de un avión, con la nubosidad pesada de la víspera del verano porteño musicalizada por cacerolazos y represión. 

Pero, ¿qué sucedería si la caída de un gobierno se entremezcla con la interpretación constitucional arbitraria de sus sucesores, en un vacío de poder provocado por intervención militar, promoviendo un estallido social y político que sitúa a un país al borde del abismo? 

Los sucesos en el Estado Plurinacional de Bolivia dejan al descubierto el conflicto entre la dimisión de un mandatario, los actores que promovieron dicha caída y la continuidad del orden constitucional. Los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre, que acuñaron acusaciones de irregularidades por parte de la oposición -encabezada por Carlos Mesa – fue acuñada por las Fuerzas Armadas para desestabilizar al gobierno del Movimiento Al Socialismo, liderado por Evo Morales. Dicha maniobra se retroalimentó con la corriente ultracatólica, conservadora y de fuerte contenido racista del país, liderado por Luís Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, el bastión de máxima oposición al MAS.  

Con la crisis de legitimidad de los comicios capitalizada por el brazo coercitivo para eyectar al gobierno, la disputa se posicionó en el sostenimiento o cooptación -según el lado en que se observe- de la línea de sucesión. Las FFAA dieron un ultimátum a EM para dejar el cargo. El mismo debió asilarse en Chimoré, Cochabamba, ya que su integridad física no estaba asegurada en La Paz. Allí, como en otras ciudades, comenzaban a desarrollarse marchas y contramarchas, aclamando la renuncia del mandatario, por un lado, y denunciando un golpe de Estado, por el otro. Acusaciones de fraude y perpetuación colisionaban con las de ilegitimidad y racismo. 

La dimensión del caos social y político motivó la renuncia de Morales, junto con la de su vicepresidente García Linera. El mensaje se rodó en suelo cochabambino, entre la urgencia de su emisión para articular la pacificación y la incertidumbre de que pasaría una vez que la cámara se apague y la integridad constitucional boliviana esté en los aires. En un video de baja calidad, Morales denunciaba el golpe de Estado en su contra y confirmaba su alejamiento del cargo, enviando su renuncia a la Asamblea Legislativa, la cual debía tratarla a la brevedad. 

Con las redes de comunicación institucionales sitiadas debido a la incertidumbre del vacío de poder, y con el binomio presidencial buscando asilo en pos de preservar su integridad física, durante el 10 de noviembre, los móviles de los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a ser los senderos elegidos por los miembros del MAS para transmitir y difundir sus renuncias, denunciar la coerción padecida y brindar su apoyo a Morales. En móviles convocados de urgencia y con zócalos apocalípticos, en tweets desparramados en la circulación internauta y en cuentas personales que publicaban cartas de renuncias dirigidas, valga la redundancia, al presidente renunciante. Un caos al calor de la destrucción del orden, desnivelando cualquier contención constitucional.

Repasando algunos casos, ese 10 de noviembre, a las 13:05 el canal Unitel sacaba al aire al Ministro de Minería, César Navarro, quien con la voz anudada en nervios confirmó su renuncia a fin de terminar con el ataque que había recibido en las últimas horas: Incendiaron su hogar y golpearon a su sobrino. Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales, y Luis Arce, ministro de economía, difundieron por sus propios medios sus cartas de renuncias de corte protocolar. El ministro de educación, Roberto Aguilar, optó por un escrito más directo, en donde denunciaba el golpe de Estado contra el presidente y confirmaba su dimisión no dirigido a nadie en particular. Todo un símbolo. Alex Ferrier, gobernador de Beni, perteneciente al MAS, presentó su renuncia también en un rodaje homemade. El Ministro de Defensa, Javier Zabaleta, también apeló a un video de cámara frontal. En síntesis, los funcionarios, aislados de mecanismos de comunicación de corte más ortodoxo, apelaron a móviles, celulares y redes sociales para difundirse, denunciando al unísono un golpe de Estado a las puertas de la segunda década del siglo XXI. 

El contenido institucional de las renuncias, en su dirección a un presidente que dejaba de estar en funciones, engendraba una futura conflictividad en torno a los pasos a seguir según la constitución para la continuidad el gobierno. En efecto, el conflicto se acentuó cuando la línea de sucesión se vio socavada por el efecto dominó de la coerción aplicada al MAS. Con el presidente y su vice renunciando, la jefatura del Estado descendía sobre quien estuviera a cargo de la Presidencia del Senado, en este caso, Adriana Salvatierra, integrante del oficialismo. Sin embargo, Red Chuquisaqueña levantó a la senadora confirmando su abdicación del cargo en solidaridad con Morales y García Linera. Misma cobertura realizó Bolivisión, notificando a la audiencia que el cargo en la presidencia del Senado quedaba vacante. 

Días después, con el vacío de poder jugando a favor de los intereses anti-MAS para colocar agentes propios en el “nuevo” gobierno, Salvatierra fue violentamente reprimida en Plaza Murillo, impedida de ingresar al Parlamento que, según denunciaba, no había tratado su renuncia, lo cual la elevaba como la presidenta en funciones de Bolivia. El video de las fuerzas policiales tomándola agresivamente para reducir su paso se viralizó rápidamente en Twitter.

Para comprender la totalidad del escenario es menester a descender un escalón más y entender dónde estaba el Presidente de la Cámara de Diputados, siguiente en la línea sucesoria. Quien ocupaba dicho lugar era Víctor Borda, también integrante del MAS. Pero cuando el tridente mencionado anteriormente elevaba en medios de comunicación locales o improvisados sus renuncias indeclinables, Borda ya se encontraba alejado del cargo, tal como lo confirmó en Notivisión en la tarde del 10 de noviembre. Mientras con un tono deshecho dialogaba con la televisión, su hermano se encontraba raptado por una facción disidente, condicionando al diputado a dimitir en caso de querer preservar su vida. La dimisión estuvo acompañada de un pedido que dejaba al descubierto el crítico trasfondo en el que estaba la mente de Borda: “De la misma manera, exhortarles, pedirles, respetuosamente, a aquellas personas que estuvieran deteniendo a mi hermano en la ciudad de Potosí, como rehén, pedirle respeto a la vida. Es un profesional, nada tiene que ver con el tema político. Pedirles que lo liberen”.

Jeanine Añez no tenía sitio en la línea de sucesión, y su autoproclamación estuvo sujeta al corrompimiento de la estructura del partido de Morales, sumado a una interpretación arbitraria de la constitución. Los restos de persecución, vandalismo y violencia física ponen en jaque a la recomposición política y social de Bolivia. El elemento de la vulneración hacia los dirigentes del MAS en las intromisiones en residencias de sus integrantes, así como también en el recorte de las vías de comunicación tradicionales, fue clave en el allanamiento del camino para el ingreso de un gobierno provisional con el beneplácito militar.

El último capítulo de la saga de vías comunicacionales improvisadas es un video de poco más de 30 segundos, grabado de forma algo precaria en el Aeropuerto de Chimiré, Cochabamba. Es 13 de noviembre y Evo Morales y Álvaro García Línera transitan con el rostro cansado, los ojos aguados y con sus remeras de axilas aureoladas cubiertas de olas truncas de algodón, hijas del desgaste de unas 72 horas sumergidas en el caos. Las voces quebradas dibujan una despedida en la que un conjunto de seguidores del bastión cocacolero, con sus gorros envueltos en la bandera whipala, le dicen adiós a sus referentes y, conmocionados, les auguran que volverán. Las palabras se hunden en el llanto y los abrazos se reparten, a los pies de una aeronave con rumbo al asilo. 

García Linera, fuertemente emocionado, se agacha y recoge con sus manos un trozo de tierra. La cámara lo enfoca y comprendemos la blancura de su rostro cansado. Con una mirada ojerosa y teñida de rojo lágrima, desliza: “Me llevo la tierra de mi patria, aquí” y se toca el pecho. Suben al avión desconociendo cuando regresaran al Estado Plurinacional de Bolivia.

Posando la mirada sobre el rol de los medios alternativos y las redes sociales en lo sucedido en Bolivia, se identifica como el cercenamiento de las vías de comunicación tradicionales -arrinconadas por la persecución y el ritmo de las protestas- completan el proceso de desintegración de la estructura partidaria del MAS en el poder, liberando el camino para una interpretación inicua de la constitución y permitiendo desmarcar al ejecutivo y legislativo de cualquier influencia masista. 

La apelación a senderos comunicacionales alternativos, o al menos poco usuales para estas circunstancias, desafían la proliferación de una verdad única de lo sucedido en Bolivia, como desde el actual gobierno de transición y las fuerzas disidentes al MAS interesadas en sucederlo se busca establecer, dejando entrever la dificultad que tendrá el sucesor de Añez en establecer una normalidad social y política en Bolivia, en donde los medios alternativos promovieron un nuevo plató de disputa.