El próximo domingo 27 de octubre, al igual que en Argentina, Uruguay celebrará elecciones generales para definir al próximo gobierno en unos comicios que, además, reconfigurarán la composición total del Congreso para el período 2020-2025. De cara al domingo, los últimos sondeos perfilan al candidato del oficialismo, Daniel Martínez (que oscila entre el 33% y el 40%), como favorito en las encuestas de intención de voto, seguido por el opositor Luis Lacalle Pou (30% – Partido Nacional), hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995). 

En Uruguay, a diferencia de otros países como Argentina, para vencer en primera vuelta es necesario obtener la mitad más uno de los votos, y no existe otra regla de diferencia con el segundo candidato más votado para evitar el balotaje. Frente a este escenario, la segunda vuelta electoral prevista para el 24 de noviembre, a la que aspira la oposición y teme el oficialismo, es casi inminente. En un contexto de crisis regional de los gobiernos de derecha, ¿logrará consolidarse este modelo en el pequeño país sudamericano? El análisis a continuación. 

Tras 15 años consecutivos de gobiernos frenteamplistas, primero de la mano de Tabaré Vázquez (2005-2010), luego con José Pepe Mujica (2010-2015) y actualmente bajo el liderazgo de Vázquez otra vez (2015-2020), el oficialismo se encuentra por primera vez en años ante la inminente posibilidad de perder su consolidada hegemonía. Si bien Martínez es el candidato que va primero en las encuestas, el Frente Amplio todavía se encuentra muy lejos de alcanzar la intención de voto que proyectaba a esta altura en elecciones anteriores. Lacalle Pou, que por segunda vez busca la Presidencia, especula, mientras tanto, con las negociaciones que deberá cerrar con otras fuerzas políticas de cara a un eventual balotaje. De darse este escenario, -que es el más probable-, Lacalle estaría en mejores condiciones que Martínez de absorber los votos de los indecisos y de las terceras fuerzas, a las que ya prometió sumar en una posible coalición de gobierno. Sin embargo, un dato a tener en cuenta, es que en Uruguay, a diferencia de Argentina, no está permitido el corte de boletas entre distintos partidos. En este sentido, se espera que los votos de Daniel Martínez, que sería el candidato más votado en primera vuelta, conviertan al Frente Amplio en el partido con mayor cantidad de bancas en el Legislativo. 

Además de elegir la fórmula presidencial, y a los miembros de ambas cámaras (99 diputados y 30 senadores), de forma simultánea a las elecciones, se plebiscitará en las urnas una propuesta de reforma constitucional para crear una Guardia Nacional relacionada con la militarización de la seguridad pública. La iniciativa de Jorge Larrañaga, ex pre-candidato del Partido Nacional, propone también la prohibición de la libertad anticipada para determinados delitos graves, la cadena perpetua revisable y los allanamientos nocturnos (actualmente la Constitución uruguaya sólo permite los allanamientos diurnos). Los uruguayos que estén a favor de esta medida deberán sumar a su sobre la papeleta por el “Sí”. Ningún candidato a presidente apoya formalmente esta reforma, lo que evidencia particularmente la fractura en la oposición: el único espacio totalmente a favor de la medida es Alianza Nacional, sector político liderado por Larrañaga al interior del Partido Nacional.

Incluso Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército cesado en sus funciones por Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia por un partido de extrema derecha (Cabildo Abierto) y posible aliado de Lacalle Pou en un eventual balotaje, aseguró que el proyecto “no es la solución” a los problemas de seguridad que vive el país. Desde el oficialismo se desplegó una campaña con el fin de informar a los votantes y fundamentar por qué “la reforma no es la forma”. Así, argumentan que teniendo en cuenta que las cárceles uruguayas “están mayormente pobladas por los pobres”, la reforma que está en juego solo reprimirá todavía más a esa población, sin atacar las causas que llevan a la delincuencia. Esta iniciativa aumentaría la población carcelaria en lugar de invertir en políticas públicas para asegurar una sociedad más justa. 

Militantes en contra de la reforma sostienen que el proyecto “criminaliza la pobreza”, pero “no dice nada de la evasión fiscal, del lavado de activos ni de la mayoría de delitos que cometen aquellos que tienen más dinero”.

En las últimas horas, un sector militante del Partido Nacional emitió un comunicado rechazando la reforma, mientras que Julio María Sanguinetti, ex presidente del Uruguay (1985-1990 y 1995-2000), y figura importante dentro del Partido Colorado, anunció que votará a favor de la campaña. 

Por otro lado, Lacalle Pou aseguró que, de darse el balotaje, su gobierno será “una mesa sin excluidos”, invitando a formar parte de una eventual coalición al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto y al Partido de la Gente: prácticamente todas las fuerzas, después del Frente Amplio, con posibilidades de integrar el próximo Congreso. 

El verdadero desafío de la derecha opositora, hoy unida por el principal objetivo de impedir un cuarto gobierno del FA, será mantener la fuerza para gobernar más allá de las diferencias ideológicas que existe entre sus miembros. 

Según Lacalle: “No hay que confundir coaliciones con identidades filosóficas e ideológicas”, entendiendo que se puede buscar acuerdos más allá de los matices. La pregunta que vale la pena hacerse es, ¿hasta qué punto estarán dispuestos a ceder los líderes de estas fuerzas?. Si llegaran a ser gobierno, ¿qué los mantendrá unidos sin el Frente Amplio en el centro de la escena?.

Por lo pronto, hay 11 partidos políticos habilitados para participar de las elecciones generales: el mayor número registrado en la historia de la política uruguaya. Según los sondeos locales, al menos 7 partidos obtendrían representación en el Congreso (actualmente hay 5 en diputados y 4 en el Senado), lo que implicaría una fragmentación marcada del Legislativo. 

Independientemente de quién gane las elecciones, el próximo gobierno deberá articular con las distintas fuerzas políticas para lograr consensos. 

En un contexto marcado por la crisis institucional, política y económica que sacude a la región, el próximo domingo argentinos y uruguayos estarán a la espera de los resultados que marcarán el futuro de los países hermanos. Ante la incertidumbre de estos dos escenarios, solo una cosa permanece y es que mientras la alternancia de poder es sana para las democracias, el retroceso en los derechos conquistados no es, ni debería ser nunca una opción.