El pasado 15 de marzo de 2019 Nueva Zelanda sufría el peor atentado terrorista de toda su historia, en el cual “al menos 49 personas murieron y más de 40 resultaron heridas, a manos de un australiano descrito en la prensa de su país como un ultraderechista islamófobo que disparó con un arma automática en una de las mezquitas de Christchurch y lo retransmitió por las redes sociales con una cámara adherida a su cuerpo” (Jover y Puigdemont, 2019). 

Este atentado, “considerado el ataque supremacista más letal desde la masacre en Noruega en 2011” (BBC,2019), reabrió el debate nacional sobre la legislación vigente en cuanto a la portación de armas automáticas y semiautomáticas en el país. Un debate lleno de conflicto debido a la gran cantidad de armas que hay en manos de civiles, ya que, según las estimaciones que realizó la policía neozelandesa en 2016, los ciudadanos de Nueva Zelanda portarían 1,2 millones de armas en total, es decir, esto equivaldría a un arma por cada cuatro personas. 

“Al menos 49 personas murieron y más de 40 resultaron heridas a manos de un australiano[…] que lo retransmitió por las redes sociales con una cámara adherida a su cuerpo “

Por lo tanto, tras la facilidad que tuvo el terrorista australiano, Brenton Tarrant, a la hora de conseguir los rifles semiautomáticos que utilizó para llevar a cabo la masacre de las mezquitas de Christchurch, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, llevó ante el Parlamento una ley que prohíbe la venta de armas automáticas y semiautomáticas, con el fin de volver la ley más restrictiva y evitar futuros ataques terroristas, tal como alegaba en la pasada sesión parlamentaria: “En última instancia, estamos aquí porque murieron 50 personas y ya no tienen una voz. Nosotros; los miembros de esta Cámara somos su voz y hoy la hemos usado sabiamente” (Wellinton, 2019) .

Por consiguiente, dicha ley fue aprobada el pasado 10 de abril por la mayoría de la cámara, 119 votos a favor y uno en contra, estableciendo las bases hacia una legislación mucho más restrictiva en cuanto a la venta, y también, en cuanto al propio uso de  las armas, ya que esta nueva legislación obliga a los propietarios de esas armas a entregarlas al Estado a cambio de una compensación económica, decisión que no ha sido de agrado para algunos sectores de la sociedad neozelandesa, como por ejemplo los colectivos de agricultores, principales poseedores de armas del país.

A pesar de todo esto, el cambio de ley se produce tras una consulta ciudadana en la que el 60% de los 13.000 participantes apoyó la prohibición con la esperanza de que no se repitiera los atentados supremacistas perpetrados el pasado 15 de marzo. En definitiva, a pesar de los sectores “pro-armas” que se manifiestan en contra de esta legislación, la gran parte de la ciudadanía de Nueva Zelanda prefiere sacrificar su libertad de portar armas con el objetivo de vivir en un país más seguro y pacífico.

“Fue considerado el ataque supremacista más letal desde la masacre en Noruega en 2011”

Como consecuencia de todo este análisis, podríamos decir que la venta de armas en Nueva Zelanda tiene los días contados, su prohibición total se irá aplicando poco a poco en el marco jurídico neozelandés hasta que la ciudadanía se encuentre totalmente desarmada, permitiendo su uso exclusivo a ciertos grupos o colectivos que podrán disponer de ellas una vez superado una serie de procedimientos jurídicos, administrativos y psicológicos muy estrictos. 

En conclusión, tras el consenso político por parte de todos los partidos del Parlamento neozelandés, incluidos los partidos de la oposición, y el propio interés y deseo de gran parte de la población de renunciar a la libertad de portar armas en aras de una mayor seguridad y una vida más pacífica, Nueva Zelanda toma una deriva legislativa mucho más cercana a los marcos jurídicos europeos, que a su homólogo anglosajón y aliado económico-militar llamado Estados Unidos.