Argentina, ¿en camino a una crisis migratoria?

Entre el 1° y el 3 de febrero de 2019, la vida de Vanessa Gómez Cueva cambió drásticamente. Una patrulla de la Policía Federal la visitó en su hogar y con la excusa de “ir a firmar unos papeles a la comisaría”, fue llevada hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin tener  conocimiento de que subiría a un avión para ser deportada del país. Vanessa y su hijo menor fueron subidos a un avión con destino a Lima, sin poder dar aviso previo a su familia y sólo llevando consigo pocas pertenencias. Cabe recordar que esta mujer de nacionalidad peruana formó parte de su vida aquí: llegó a Argentina hace 15 años y durante este período, se convirtió en mamá de tres chicos. También, Vanessa estuvo un año en prisión preventiva por una causa relacionada con venta de estupefacientes, por la cual salió en libertad en  2013. Después de este episodio, logró reinsertarse en la sociedad y en 2015 se recibió de enfermera. 

También en 2015, la Dirección Nacional de Migraciones emitió una orden para expulsarla del país, en donde no se tuvo consideración sobre la reinserción y la situación familiar. La expulsión se concretó en febrero de este año y 7 meses después, el director nacional de Migraciones firmó la dispensa para permitir el regreso al país. Pese a la buena noticia, la vuelta de Vanessa no pudo concretarse aún por falta de disposición de los medios necesarios para efectuar el regreso. 

Si bien Argentina ha logrado aspectos positivos para con los migrantes en los últimos años, el caso de Vanessa hecho luz a problemáticas que viven estos ciudadanos. Organismos internacionales como la ONU y organizaciones como Amnistía concuerdan que la situación se agravó luego de la sanción del DNU N° 70/2017, el cual entró en vigor en enero de 2017, firmado por el presidente Mauricio Macri en su segundo año de gestión. 

¿Por qué la preocupación de la ONU?

Con el fin de entender por qué se le exige al Estado la derogación y suspensión de dicho decreto, es necesario un breve repaso histórico: Argentina sancionó la Ley N° 26.202 en 2007, en donde asentaba su incorporación a la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, perteneciente al Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de Naciones Unidas; el objetivo principal del organismo es la protección internacional de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, sin distinción por motivos de raza, sexo, ideología, idioma, religión o color. Es por esto que desde el año 2008 Argentina presenta periódicamente informes al Comité específicamente creado por dicha Convención. En respuesta, el país recibe observaciones y recomendaciones.

En lo que respecta al último informe, con fecha en septiembre de 2019, el Comité menciona aspectos positivos sobre los avances del país en materia derechos para los migrantes. Cita como ejemplo satisfactorio los esfuerzos del Estado argentino en la promoción y protección de los trabajadores; el Programa Especial de Asistencia a Migrantes Venezolanos; la ayuda a la regularización migratoria de los nacionales haitianos y el “Programa Siria” que brinda ayuda humanitaria. Pero el DNU firmado por el presidente Macri que modifica la vigente Ley Nacional N° 25.871, (mejor conocida como la “Ley de Migraciones”), trajo gran preocupación al organismo internacional.

Entre los considerandos de dicho decreto, se mencionan la criminalidad organizada; las dificultades y demoras para concretar las expulsiones; los reiterados fraudes a la ley migratoria y el 21,35% de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Sistema Penitenciario Federal (actualmente el 18,47% de los presos son de origen extranjero, según se menciona en el sitio web del Sistema Penitenciario Federal). 

Debido a estas razones, las modificaciones más discutidas que introduce el decreto son: el cambio al artículo 29 de la Ley, donde se menciona que será impedimento de ingreso y permanencia en el territorio nacional toda persona que haya cometido algún delito y tengan o no condena firme, sea en el exterior o en la Argentina y la modificación al artículo 69, donde se dispone que hay 3 días hábiles para discutir una expulsión con Migraciones (único ente que concentra poderes de resolución sobre estos caso). 

Por estos motivos, la ONU exigió al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para la derogación del decreto y recuerda, que el mismo ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018. El Comité del ACNUDH instó al Estado argentino que revisé los casos de expulsión que se hayan efectuado desde la sanción del DNU y que preste especial atención en aquellos en los cuales se vean vulnerados el derecho a la unidad familiar. Además, el organismo internacional mostró preocupación por la baja fiabilidad en los procesos de notificación por parte de Migraciones, la posibilidad de ejecutar una orden de expulsión sin seguir un protocolo que garantice los derechos humanos a la persona afectada y las carencias económicas de los damnificados que dificultan el derecho a la asistencia letrada independiente  y especializada.

En conclusión, se entiende que es una cuestión de tiempo y revisión por parte del Estado para que acate las exigencias de la ONU. Históricamente Argentina fue considerada como un referente en la región en materia migratoria pero los cambios introducidos a la Ley de Migraciones sólo han producido retrocesos y vulnerabilidad en los derechos de los migrantes. En este contexto, ¿Argentina se encamina a su propia crisis migratoria?

Escrito por

Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales. Feminista en construcción.

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