¿República o Reino, democracia o constitución, presos políticos o políticos presos, secesión o federalismo?

Se viven horas decisivas de un proceso al que es difícil ponerle fecha de inicio, y aún más, de fin. Con la mayoría de los responsables políticos de la declaración de independencia de Cataluña en el banquillo de los acusados enfrentando cargos de traición y malversación, la región vive nuevos picos de protesta que se suman a los reclamos ya históricos del independentismo catalán. Al cóctel del conflicto se le suman los eurodiputados frustrados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Oriol Junqueras, dos exiliados-prófugos en Bruselas y el último en prisión preventiva, inhabilitados de hecho a asumir sus cargos por la misma justicia que posibilitó sus candidaturas.

Hace ya tiempo que se habla en espacios académicos de un proceso de latinoamericanización de la política europea; la polarización, la judicialización de la política y el aumento de la violencia en el ámbito público, en una región que por varias décadas se mostró como ejemplo de proceso de integración regional, alarma a quienes ven en estos factores la semilla de una posible crisis democrática.  

En este marco, las presiones secesionistas, tanto en lo comunitario como en lo nacional, pueden pensarse como otro factor de desestabilización democrática en la medida que, de profundizarse procesos de este tipo, aumentarían los niveles de polarización. Otra interpretación, ligada a la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos, afirma que estos intentos no son más que la manifestación democrática de una preferencia legítima de autogobierno. Los debates sobre la disputa entre los principios democráticos de un lado y el positivismo constitucionalista del otro han dado material para años de discusiones en el espacio público español.

El conflicto también puede ser analizado desde la estructura federal española, con sus asimetrías en la concesión de competencias a las regiones autonómicas y su plurinacionalidad. El éxito del federalismo es medido por muchos estudiosos en la medida que la organización política logra mantener la unidad, sin fijarse en la equidad de la representación entre las unidades subnacionales, ni en indicadores socioeconómicos.

El “procés” excede un problema meramente federal, desde Madrid alegan que casi no hay más competencias para entregar al Gobierno de la Generalitat y el independentismo catalán ya no usa el argumento de la repartición económica como su principal bandera. Los argumentos parecen ir encausándose cada vez más en el imaginario de una nación con derecho al autogobierno total, frente a un gobierno español que con sus errores aviva la llama. La represión en el referéndum de independencia del primero de octubre de 2017 y la posterior intervención federal son el símbolo de la “violencia administrada” por parte del Estado español, intento desesperado por mantener viva una unión cada vez más frágil con la aplicación del, nunca antes utilizado, artículo 155 de la constitución.

¿La política, o mejor dicho los políticos, promovieron la idea de una república catalana independiente para beneficio electoral propio o simplemente representan una preferencia ciudadana que crece, como consecuencia directa del aumento de las libertades políticas? En otras palabras, las posiciones se dividen entre quienes piensan que la grieta o fractura social es producto de las estrategias de la clase política y quienes defienden que es la causa de todo el proceso catalán. Independentistas y españolistas se dividen tanto dentro como fuera de Cataluña, en el medio los catalanistas, que defienden su pertenencia y nacionalidad catalana sin renegar de su pertenencia española, denuncian una doble división social: entre los catalanes y entre ellos y el resto de España, consecuencia de ambiciones personales que produjeron una crisis que ahora parece irresoluble.

“Fer la puta i la Ramoneta”, según interpretaciones en castellano: -tener un pie en dos zapatos- o -tirar la piedra y esconder la mano-, es una expresión catalana que nos puede ayudar a explicar el conflicto político regional, las reacciones del gobierno español y el intento de europeización de la disputa.

Ambos gobiernos, el central y el de la Generalitat, juegan y jugaron papeles muy diferentes, de legalistas o pragmáticos, según la ocasión. La justicia no escapa a esta ambigüedad, posibilitó las candidaturas de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Antoni Comín (ex-presidente y vice de la Generalitat y ex Consejero de Salud respectivamente), para eurodiputados en representación del Reino de España, y ahora que “Lliures per Europa” y ”Esquerra Republicana” (ERC, dentro del frente “Ahora Repúblicas”) ganaron 2 bancas cada uno para el parlamento de la Unión, la justicia les impide asumir sus cargos (únicamente Dana Riba de ERC podrá ocupar su banca). Necesitan jurar por la Constitución española para recibir sus acreditaciones y conseguir los fueros que les posibilitará seguir con su utopía autonomista en libertad, jura que sería interceptada por el pedido de prisión preventiva que pesa sobre ellos.

En esta pulseada parecería que desde Madrid tienen todas las de ganar, pero la presión popular no es indiferente a estas trabas burocráticas a la voluntad democrática que los eligió como representantes.

La disputa, como vemos, se juega en varios campos, las últimas elecciones iluminan  los marcadores en lo local, nacional y europeo. Los partidos independentistas (ECR y JxCat) consiguieron la victoria electoral en el 76% de los municipios catalanes. En el Parlament se mantiene la mayoría separatista, conseguida por un sistema electoral con sesgo mayoritario que no representa proporcionalmente las preferencias ciudadanas, esta es una de las contradicciones más grandes del movimiento político que controla la Generalitat. Los máximos defensores de los principios democráticos en la argumentación por la libre determinación hacen la vista gorda a un sistema de asignación de escaños local que favorece artificialmente a los distritos menos poblados (y con más adhesión secesionista).

Un clivaje se define como una división social que produce la emergencia de nuevos actores políticos partidarios en representación de las nuevas manifestaciones. El proceso independentista generó una transformación en el sistema de partidos catalán, a esto se le sumaron los nuevos partidos políticos, producto en parte de la crisis del 2008, que alteraron la política partidaria española. Hoy el problema catalán influye en el crecimiento del partido nacionalista, xenófobo y conservador Vox, que canaliza y manipula las voces  de la España profunda frente al avance de las demandas por la autonomía regional y la defensa de la multinacionalidad del Reino.

En el medio de este cambalache político se encuentran los ciudadanos catalanes sometidos a la inactividad parlamentaria de su poder legislativo regional, paralizado por este proceso que tiene cansados a quienes, no teniendo un clara preferencia, no encuentran una opción que ofrezca una salida a la cuestión.

+ Se agradece los comentarios de Álvaro Abril, miembro del Partido Popular de Cataluña.