En un reciente artículo publicado en la revista Foreign Affairs, Eran Yashiv propone a los lectores un ejercicio práctico: imaginarse dos países del Medio Oriente muy diferentes entre sí. Uno goza de buena salud económica, con un PBI per cápita elevado y altos niveles de productividad. Cuenta con instituciones educativas de renombre y un sector tecnológico de avanzada. El otro es semejante a otros estados de la región: en él el desempleo es prevalente, la fuerza de trabajo dista de ser calificada y su economía tiene el tamaño de una fracción de la del primero.
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En el primer país que Yashiv nos invita a conjeturar, la sociedad civil tiene un factor secular importante y generalmente sostiene valores liberales. En el segundo, su pueblo es profundamente religioso y usualmente indiferente ante la democracia representativa, aunque algunos sectores se manifiestan abiertamente en contra de los valores liberales. Estos dos países, nos dice Yashiv, son uno solo: Israel. Y de continuar la tendencia demográfica actual, el segundo país especulativo de Yashiv podría subsumir al primero en las décadas venideras.
Un hombre para gobernarlos a todos
Gran parte de este proceso no se explica sin tener en cuenta a un hombre en particular: Benjamín Netanyahu. El primer ministro es una constante en la política israelí desde la década de los noventa. Tras un primer mandato entre 1996 y 1999, Netanyahu ocupó los despachos de la Cancillería y del ministerio de Finanzas antes de liderar nuevamente un gobierno en 2009. Tras ser desplazado en 2021 en medio de protestas multitudinarias en su contra, se tomó revancha en las elecciones anticipadas de 2022.
A priori, los 17 años de Netanyahu en el gobierno podrían sugerir un escenario de estabilidad democrática sin réplica en el Medio Oriente. Si bien la volatilidad de los gobiernos en Israel no es novedad, el fenómeno se agudizó a partir de 2019, con seis elecciones anticipadas en menos de siete años. El primer ministro tejió una red de alianzas que no sólo lo mantuvieron en el cargo, sino que grafican la transformación que Yashiv advierte en su artículo.
Israel es una república parlamentaria al estilo de las que predominan en Europa. Su sistema de partidos encaja en lo que la ciencia política denomina pluralismo polarizado extremo. Es decir, hay una superoferta partidaria que, combinada con un sistema electoral proporcional de listas cerradas y un umbral muy bajo para llegar al Parlamento, produce legislaturas de mayorías quiméricas y gobiernos débiles. La composición actual de la Knéset da testimonio de ello. Oficialismo y oposición están repartidos en dos bloques de 60 diputados. Pero esta división artificial oculta un dato: hay 14 grupos parlamentarios representados. La supervivencia de Netanyahu radica en buena parte en ser el broker de acuerdos en el rompecabezas de la Knéset. Y la composición de la cámara refleja el dilema del futuro de los dos Israelíes.
Hilando fino
De la elección de 2022 surgió un gobierno encabezado por el Likud, el partido de Netanyahu. Tradicionalmente, el Likud se ubicó a la derecha del centro, siendo un partido de bases seculares y liberales, aunque también nacionalista. Sin embargo, con el correr de los años y bajo el influjo de Netanyahu, el partido giró cada vez más hacia la derecha. Mientras tanto, los partidos a la izquierda del centro cayeron en la irrelevancia, coronando su hundimiento con la desaparición del histórico Partido Laborista como entidad independiente en 2024.
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El sistema político cayó preso de una dinámica centrífuga, eyectando a los partidos de centro y potenciando a aquellos situados en los extremos. Alguien capitalizó la licuación de los espacios moderados, pero no fue el Likud: fueron los partidos religiosos, una amalgama de formaciones que van desde el conservadurismo tradicional hasta el ultranacionalismo israelí.
Algunos son single-issue parties dedicados a la defensa de los intereses de las comunidades ortodoxas y ultraortodoxas, como el Shas. Se enfocan en asuntos específicos: la exención de sus miembros del servicio militar y la promoción de políticas sociales para sus votantes dependientes de la asistencia estatal.
A estos partidos les surgió competencia por derecha. Como reconoce Yashiv en su artículo, el Israel religioso amplía su peso demográfico a paso firme mientras que el Israel laico se contrae, creando el caldo de cultivo ideal para una alianza electoral de derecha radical: el Sionismo Religioso.
Esta alianza está compuesta por partidos fundamentalistas, ultraconservadores y anti-árabes. Sus líderes, como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, claman abiertamente por la ley religiosa, la intervención política del Poder Judicial, la expulsión de disidentes y la anexión definitiva de los territorios palestinos. Su incorporación al 37° Gobierno de Israel devolvió a Netanyahu al poder, gracias a enlazar a los sectores nacionalistas con los religiosos, cuya interacción estaba relativamente limitada dados los intereses que defendían.
El fin de la excepción
“Israel se acerca ahora a una revolución de derecha, religiosa y autoritaria». Esa fue la advertencia del periódico Haaretz tras los comicios de 2022. Ya en 2018 la sanción de la llamada Ley del Estado Nación suscitó grandes controversias. Esta norma formalizó jurídicamente la adopción de un criterio étnico y religioso para determinar quién es israelí y quien no. El principio básico de la ley es la declaración de Israel como el Estado Nación del pueblo judío. Un hecho no menor.
En 2023 el Gobierno presentó una reforma judicial controvertida. Preveía el debilitamiento de la Corte Suprema en el proceso de revisión judicial, el endurecimiento de las condiciones para disolver el parlamento, limitaciones para enjuiciar al primer ministro en ejercicio del cargo y el control político sobre autoridades judiciales. Los socios religiosos de la coalición vertieron sus intereses en el proyecto, incorporando una provisión que expandiría las facultades de los tribunales rabínicos. La reforma pretendía incorporarlos al proceso de instancias civiles.
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El Gobierno se muestra cercano al Gran Rabinato de Israel. Un gesto que demuestra este giro hacia la religión es la reciente propuesta de ceder a esta institución la administración del Muro de los Lamentos. La letra chica del proyecto de ley lo convertiría de facto y de iure en una sinagoga ortodoxa, eliminando el rezo mixto y los ritos de otras corrientes del judaísmo. Sería un hecho inédito, puesto que significaría que el Kotel deje de ser considerado patrimonio nacional para ser cercado por los sectores ortodoxos del judaísmo.
Cabe preguntarse si el Israel de la próxima década tendrá más en común con sus vecinos, con tendencias autocráticas, una economía estancada y una ubicua presencia de la religión en los asuntos de Estado, o si prevalecerá el ethos demoliberal que lo distinguió desde su establecimiento.
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