El martes 13 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia abrió la primera investigación de alcance nacional sobre los crímenes perpetrados contra los territorios y pueblos étnicos durante el sangriento conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El Caso 09 (“Crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos”) significa un gran avance en el reconocimiento del fuerte impacto diferencial que tuvo este enfrentamiento en la vida de distintos pueblos étnicos a lo largo de sus cinco décadas de duración. En este proceso, las víctimas y sobrevivientes tendrán la posibilidad histórica de compartir sus historias ante un juzgado abierto a su cosmovisión.

La JEP fue creada para presidir los juicios y sanciones de los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por las FARC-EP y el Estado colombiano durante su enfrentamiento. Su fundación se deriva del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, negociado entre el gobierno nacional y las FARC-EP y firmado en 2016; el mismo acuerdo donde se reconocen tanto el aporte de los pueblos étnicos a la paz y el desarrollo nacional como sus pérdidas en el conflicto interno. Pese a este reconocimiento, pasarían otros seis años hasta que la JEP abriera un caso exclusivamente relacionado a los delitos cometidos contra territorios y pueblos étnicos. En efecto, si bien el Caso 003 (“Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”) abierto en 2018 incluyó ejecuciones extrajudiciales de víctimas de pueblos étnicos, no fueron el foco principal.

El Caso 09, por otro lado, se centra exclusivamente en las víctimas con pertenencia étnica y los crímenes perpetrados contra ellas, ya sea por las FARC-EP, por agentes estatales o por terceros. A partir de los informes presentados a la JEP, se recogieron una amplia variedad de violencias cometidas. Las principales fueron el asesinato y el desplazamiento y la desaparición forzados, acompañados de violencia sexual, reclutamiento de menores y destrucción de condiciones de vida.

En relación a las FARC-EP, los crímenes que investigará la JEP en el marco del Caso 09 incluyen atentados contra la vida, la autodeterminación y los territorios de los pueblos étnicos. De acuerdo con los informes, los ataques sistemáticos a sus formas y espacios de vida tuvieron como objetivo principal la destrucción de la supervivencia física, cultural y espiritual. Por otro lado, los crímenes perpetrados por agentes estatales, en ocasiones junto a grupos civiles o paramilitares, se relacionaron al control y negación de derechos a los pueblos étnicos. Bajo su denominación arbitraria como “colaboradores con guerrillas”, se legitimó la ocupación de sus tierras, la privación de sus derechos, y el control de sus modos de vida y sus prácticas espirituales, sociales y culturales.

Estos crímenes, desde una perspectiva asociada a la cosmovisión de los pueblos étnicos, tienen un grave impacto a nivel cultural y espiritual; se violaron espacios considerados sagrados, se asesinaron autoridades étnicas, se sometieron y eliminaron formas de gobierno y organización, y se destruyó el territorio junto a la vida y existencia asociados a él, entre otros delitos. Es aquí donde resulta esclarecedor el enfoque que aporta el Caso 09 al juicio de crímenes durante el conflicto armado interno: se crea el espacio para que voces silenciadas puedan alzarse contando su propia historia, con sus propias características diferenciales, elevando su experiencia del conflicto y reconociendo el alcance diferencial de su impacto según la propia cosmovisión de los pueblos étnicos.

Si bien la capacidad de la JEP no está exenta de dudas, ya sea por su forma de imputación o por su eficiencia sin el monitoreo de la Corte Penal Internacional, la apertura del Caso 09 tiene una gran significancia al momento de recuperar piezas de la historia hasta el momento olvidadas o silenciadas. Presenta una oportunidad para escuchar y reconocer las desigualdades estructurales bajo las cuales viven los pueblos étnicos, así como para construir una memoria basada en “la justicia, (…) la verdad, (…) la reparación integral y la no repetición de siglos de violencia en sus territorios ancestrales y colectivos” (JEP, Comunicado 075 de 2022).