Qué linda mi coalición, se rompió mi coalición

Con la salida del Movimiento 5 Estrellas de la coalición de gobierno en Italia, el Primer Ministro Mario Draghi tuvo que renunciar a su cargo, abriendo otro capítulo más a la historia de inestabilidad política del país. En el noroeste, ante la incapacidad de Emmanuel Macron de conseguir una mayoría propia en la Asamblea en las pasadas elecciones generales, Francia estuvo al borde de enfrentarse, por primera vez en décadas, a una situación de cohabitación, es decir, que la Presidencia y el Primer Ministro respondan a partidos distintos. Sin embargo, luego de suficientes diálogos, Macron pudo proponer a su copartidaria Elizabeth Bornes, quien, con la abstención de los conservadores y las bancas de Marie Le Pen, pudo sobrevivir a la moción de censura impulsada por NUPES.

De este lado del atlántico, el panorama no es tan distinto para las coaliciones gobernantes, más cuando históricos bipartidismos, como Costa Rica y Colombia ven a sus sistemas partidarios acercándose progresivamente a dinámicas políticas que en el resto de la región son la regla: sistemas multipartidistas que van desde el pluralismo polarizado y moderado como los de Perú y Ecuador (abordados en la primera sección de este artículo), a bicoalicionismos que estallan, como el de Chile, y que sobreviven contra toda expectativa, como el de Argentina (abordados en la segunda sección).

El caso más conocido es el brasileño: por sus dimensiones geográficas y demográficas, más su historia regionalista y federalista, las presidencias coalicionales han sido, desde el retorno a la democracia, una regla – aunque, en varias ocasiones, con altos precios a pagar. El caso ejemplar es el de Dilma Rousseff, que vio a su vicepresidente, Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, romper con la presidenta y pasar a ser uno de los promotores de su destitución. Tras esta destitución, el encarcelamiento y posterior liberación de Lula da Silva y la victoria de Bolsonaro (con el subsiguiente crispamiento y polarización política, devenida en violencia contra la oposición), obliga a que la nueva fórmula presidencial liderada por el Partido de los Trabajadores y con Lula de vuelta en la candidatura a la presidencia, construya nuevas y poderosas mayorías, con coaliciones tan amplias, como peligrosas, como lo fue el expresado en aquella alianza Rousseff-Temer. En este marco, aparece este nuevo acuerdo de Lula con su anterior opositor desde la centroderecha, Gerardo Alckmin, para que sea su compañero de fórmula.

Resulta así evidente que la regla implícita para la política latinoamericana es que sin coaliciones no se puede ganar. Ahora, otra regla, que se explora con el caso específico de Frente de Todos en Argentina (abordado en la tercera y última sección), es que con coaliciones tampoco es fácil gobernar, y la tendencia es la de la tensión y fracturas, antes que la armonía y la concordia (que es también el camino de internas discretas y a puertas cerradas). 

Perú y Ecuador: ¿la única certidumbre es la incertidumbre?

Que Pedro Castillo pasase a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Perú del 2021 fue, ciertamente, algo que pocos hubiesen imaginado – a menos que pasase a segunda vuelta para enfrentarse a Keiko Fujimori. La victoria de Castillo sonó en la región como una oportunidad para el giro a la izquierda de Perú, pero esto se dice con facilidad cuando la experiencia de Ollanta Humala, del que también se esperaba dar ese viraje, parece quedar en el olvido. Y hoy es más evidente que Castillo es primero otro Humala que un Chávez, un Lula o un Kirchner. Como señala Esteban Chiacchio en este artículo, el sistema de partidos peruano está altamente fragmentado, y a esto se le combina un desprestigio intenso de la clase política, que a la larga solo ha conducido a esa capacidad del Congreso peruano para destituir presidentes en tiempo récord. Ahora bien, acá se sostiene un argumento más intenso: como señala Adrianzén (2014), antes que un sistema de partidos altamente fragmentado, Perú se enfrenta, más bien, a una ausencia de sistema partidario: la clase política no solo está desprestigiada, sino que es increíblemente precaria, con partidos nacionales debilitados y organizaciones políticas locales y regionales inestables, volátiles, que no logran hacer sentir representados a una importante porción del electorado.

Al mismo tiempo, esta inestabilidad política ha sido el mayor garante para una estabilidad del Estado, de su burocracia-tecnocracia y de la política neoliberal. Las élites técnica y empresarial han podido establecer lazos informales, con los cuales sortear los vaivenes de la política partidaria, manteniendo un rumbo estable a la política económica, mientras los actores de veto institucionales y partidarios existentes desde la promulgación de la Constitución fujimorista de 1993 impide cualquier esfuerzo, de cualquier fuerza, para cambiar sustancialmente el rumbo del Estado (Adrianzén, 2014). De esta manera, se podría pensar el caso peruano a la luz de dos politólogos: primero, Tsebelis (1998) quien planteaba como hipótesis que la estabilidad de las políticas tiende a la inestabilidad de los gobiernos, es decir, la incapacidad de los gobiernos o fuerzas políticas para cambiar el status quo eventualmente acaba generan dinamitando la estabilidad de ese gobierno o de aquellas fuerzas políticas. De esta manera, se puede hacer un juego circular: la intensa estabilidad de las políticas económicas peruanas alimenta la inestabilidad de los gobiernos, y esa inestabilidad de los gobiernos, en la medida en que la debilita ante una élite burocrática y tecnocrática independiente, que les supervive y que se fortalece en medida inversa, garantiza esa primera estabilidad de las políticas.

Luego, está Sartori (1976) con su concepto de sistema de partidos pluralista polarizado. Este sistema de partidos se caracteriza, primero, por la presencia de aproximadamente más de cinco o seis, segundo, porque parte de estos partidos ocupen el centro del espectro político y formen gobierno con partidos ideológicamente vecinos, mientras se enfrentan a oposiciones bilaterales, es decir, que cuestionen por izquierda y por derecha cada uno al gobierno o al sistema entero. Este primer conjunto de características las podemos identificar en el caso peruano. Luego de esto, en este tipo de sistemas partidarios es factible la aparición de partidos que se pueden reconocer con una oferta política irresponsable, es decir, partidos que, por su marginalidad, saben que difícilmente llegarán a participar en una coalición gobernante y, por tanto, tienen pase libre a radicalizar su discurso y sus propuestas políticas a sabiendas que difícilmente tendrán que dar cuenta de sus promesas después. 

Se puede argumentar que, en mayor o menor medida, el caso de Pedro Castillo y Perú Libre encajan, para Perú, en esta descripción. Un Pedro Castillo, del que nadie esperaba una victoria, llega al gobierno con un discurso radical, en comparación al resto de las opciones de izquierda, y, sin embargo, se ve obligado a moderarse, como bien lo exige un sistema tan fragmentado, que garantiza, junto al Estado que heredan de Fujimori, y acá se cita a Tsebelis (1998), un intenso entramado de actores de vetos partidarios e institucionales de los cuales depende la propia supervivencia del gobierno de Castillo. En esta clave, se puede pensar cómo no solo se escinden otros partidos de la coalición gobernante, como lo hizo el de la progresista Verónika Mendoza, sino también cómo el propio partido de Castillo acaba fracturándose en la medida en que el Ala Dura de Cerrón acusa a Castillo de haberse vuelto una izquierda caviar, en denuncia a su moderación ante las fuerzas de centro y de derecha.

Al norte de Perú, Ecuador es otro país con una importante fragmentación de su sistema partidario, sin embargo, a diferencia de su vecino al sur, en vez de un pluralismo polarizado, cuenta con uno moderado, en parte condicionado a que su sistema, siguiendo a Sartori (1976), no responde a un espectro unidimensional, sino multidimensional, donde identidades étnicas cortan otras identidades políticas, explicando la pluralidad de partidos. Sin embargo, esto no hace más fácil la tarea de gobierno, menos para un Guillermo Lasso que asume la presidencia lejos de tener una mayoría propia en la Asamblea. Como señala Nicolás Álvarez Masi en este artículo, el Movimiento CREO, partido de Lasso, apenas obtuvo 13 de los 137 escaños, lo que lo invitó a establecer una alianza con el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot, para hacer frente a la Unión por la Esperanza, coalición en el que confluye el correísmo y el Movimiento Centro Democrático, que, con 49 escaños representa la primera minoría. A su vez, la Izquierda Democrática de Xavier Hervas y el Pachakutik de Yaku Pérez, contrincantes en primera vuelta de Lasso, quedan como actores partidarios relevantes dentro de la Asamblea.

Como señala Agustín Ortiz, hasta la llegada de Correa en 2007, al igual que Perú, Ecuador habría vivido su propio un periodo de inestabilidad política, entre 1996 y 2006 habrían gobernado ocho presidentes, y ante la ruptura de la alianza de Lasso con el partido de Nebot, las acusaciones de conspiración contra el Congreso, la amenaza de aplicar la Muerte Curzada con este, y la respuesta de las principales fuerzas opositoras de buscar la destitución de Lasso, solo ha servido de promesa para un nuevo periodo de potencial inestabilidad. El reto más reciente de Lasso fue haber aspirado a aprobar una Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en septiembre de 2021. Señala Augusto Barrera que, con esta propuesta de ley, que debía ser revisada por la Asamblea para evitar su aprobación automática si no era tratado en un mes, implicaba un retorno a la tradición del neoliberalismo noventoso de Ecuador expresado en las Leyes Trole “que pretendían modificar de un plumazo amplios ámbitos de la regulación pública”. Sin embargo, la ley fue devuelta por la Asamblea argumentando que, por la multiplicidad de temas, no cumplía los criterios constitucionales para su tratamiento. Empieza así este periodo de turbulencias entre Lasso y la Asamblea, que debió separar la Ley Orgánica en tres para que pudiesen ser tratados individualmente.

Como señala Juan Carlo Torre (1998) al analizar los procesos de reformas estructurales ocurridos en América Latina durante los gobiernos del Consenso de Washington, que de una u otra forma se puede  homologar con la nueva oleada de gobiernos conservadores de los últimos años. A menos que se disponga de la capacidad de reprimir impunemente y desarticular violentamente cualquier oposición – como sucedió en la dictadura de Pinochet –, cualquier proyecto de reforma estructural de este tipo, especialmente de corte neoliberal, encontrará sus frenos y tensiones moderadoras en la relación que se tenga con la potencial protesta social y la necesidad de negociar alianzas legislativas, de carecer de mayorías propias en los Congresos.

Como señala Barrera, luego del episodio de protesta de 2019 que sacudió al gobierno de Lenin Moreno, Lasso debe enfrentarse a nuevas manifestaciones, especialmente de los movimientos indígenas, contra sus intentos de reforma. Además, la promesa de Gobierno de Encuentro de Lasso encuentra una praxis imposible ante un Nebot que rompe la coalición ante la acusación de traición de Lasso por un presunto, nunca ocurrido, acuerdo de gobernabilidad con Correa y Revolución Ciudadana; y ante una Izquierda Democrática, que si bien ha actuado como comodín del gobierno, abierto a la negociación pragmática, ha visto a sus principales referentes, como la ex vicepresidenta de la Asamblea Bella Jiménez, ser cuestionados y destituidos por desviarse de las líneas políticas partidarias.

Argentina y Chile: Bicoalicionismos que sí, bicoalicionismos que no

La dictadura de Pinochet transformó el sistema de partidos chileno de un pluralismo polarizado a un bicoalicionismo moderado (Tironi, 1998), es decir, de un sistema multipartidista con el centro ocupado físicamente por distintos partidos, la existencia de oposiciones bilaterales y una competencia centrífuga, se pasó a tener un sistema donde los partidos vaciaron el centro, alineándose en dos coaliciones, una de centro-derecha (Alianza) y una de centro-izquierda (la Concertación, luego Nueva Mayoría), que competían por los votos del centro, moderándose ambas fuerzas. Este sistema estalló luego de dos hechos: primero, la reforma electoral promulgada por Bachelet en 2017, la cual sustituyó el sistema binominal, que cerraba las puertas del Congreso a cualquier partido o coalición distinta a las dos tradicionales, por un sistema de representación proporcional, que permitió a una diversidad de partidos que ya se encontraban organizados territorial y electoralmente, por fin ingresar de golpe al Legislativo en las elecciones siguientes (Cruz y Varetto, 2019).

El segundo hecho fue, sin embargo, el estallido social del 2019. Como señala Mauricio Quiroga (2020), este estallido representó la confluencia de cuatro crisis: primero, una crisis de representación y otra de participación: desde la implementación del voto facultativo en 2012, la abstención pasó a ser la mayoría en cada elección, por lo que a las mayorías políticas de cualquier presidente no le igualaba una mayoría social. En esta misma medida, la moderación de ambas coaliciones, dentro del marco de la hegemonía neoliberal, logró acrecentar su desprestigio y la desafección en la ciudadanía, es decir, dejaron de ser alternativas que efectivamente podían pensarse representativas de sectores amplios de la sociedad. Al mismo tiempo, una crisis de legitimidad y de confianza ante las instituciones del orden, como la Iglesia y los carabineros, y luego una crisis de probidad pública ante los continuos escándalos de corrupción en las relaciones Empresarios-Estado, abrió la oportunidad a un cuestionamiento radical del orden político y social, que devino en el actual proceso constituyente.

En este marco, surge el gobierno de Gabriel Boric con la coalición de Apruebo Dignidad, en el que se incluye una cantidad de nuevos partidos, muchos herederos de la Revolución Pingüina de 2007 y la movilización estudiantil de 2011, más el Partido Comunista. Sin embargo, igual que su antecesor, Piñera, este debe enfrentarse a un sistema de partidos nuevamente fragmentado y con el riesgo de oposiciones bilaterales, expresadas tanto en las fuerzas tradicionales que aún sobreviven en el Congreso, como en fuerzas extremistas, como aquellas lideradas por el reivindicador de Pinochet, José Antonio Kast. Además, como señala Juan Pablo Luna, el hecho de representar una fuerza sin cuadros propios experimentados en gobierno, Boric se ha visto en la necesidad de establecer vínculos con partidos tradicionales, como el Socialista, para dotar a su gobierno de figuras con el know-how de la política, pese a que esto le ha expuesto a corridas por izquierda dentro de su propia coalición. En esta misma línea aparece la elección de Mario Marcel, presidente del Banco Central hasta 2022 y cercano también a los socialistas, como Ministro de Hacienda del nuevo gobierno, un gesto de moderación para calmar a los mercados, pero que favorece a los cuestionamientos internos y hasta societales de si el haber accedido al gobierno, no estará contaminando a Boric con las formas, lógicas y pensamientos de la política neoliberal chilena.

Pero mientras del lado oeste del Cono Sur, el bicoalicionismo moderado implosiona, en el lado este, con Argentina, se fortalece contra todas las expectativas. Como señala Facundo Cruz (2021), el sistema partidario argentino funcionó de entre 2001 al 2011 con una estructura de coaliciones múltiples, inestables y volátiles, basadas en la creciente desnacionalización de los principales partidos, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), adquiriendo mayor relevancia los arenas subnacionales y locales, creciendo la fragmentación partidaria en los múltiples distritos. Sin embargo, a partir de la derrota del peronismo en las elecciones generales del 2015 frente a la coalición Cambiemos  (que conglomeraba al PRO, la UCR y otros partidos del espectro antiperonista), la dinámica política pasó a organizarse en un bicoalicionismo polarizado, es decir, un sistema donde la competencia gira alrededor de dos coaliciones fuertes, pero que, a diferencia del bicoalicionismo chileno, no mantienen una competencia centrípeta, sino que, por el contrario, es centrífuga, se alejan del centro. Por un lado, tendríamos, entonces, a Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, y por el otro, a la coalición peronista, Frente de Todos, que, ante el trauma de la derrota del 2015, pasa a formar esta unidad “duela lo que tenga que doler”, y con la que vence en 2019.

Si bien es clásico hablar de los males de la polarización, resulta interesante contrastar con el caso chileno lo que son sus ventajas y beneficios para la democracia. La polarización, señalan Casullo y Ramírez (2021), reduce la desafección y, por tanto, favorece a evitar crisis de participación como el sistema moderado de Chile produjo. Al mismo tiempo, la competencia centrífuga favorece la diferenciación explícita de las alternativas políticas, evitando crisis de representatividad como la vivida por los partidos tradicionales chilenos que difícilmente podían diferenciarse uno de los otros. Organiza así las broncas ciudadanas y previene el ascenso de políticos outsiders que capitalizan los sectores no representados por las fuerzas moderadas.

Estos mismos autores señalan, entonces, que hoy en Argentina existe un desacuerdo social políticamente binarizado, que alimenta desde abajo esta polarización típicamente conocida como la Grieta. Simultáneamente, esta polarización se alimenta desde arriba, dice Cruz (2021) con los evidentes incentivos que el sistema partidario encuentra en el formato bicoalicional: superar los umbrales legales y naturales de los sistemas electorales, además, la capacidad de construir mayorías políticas a la vez que sociales (algo que los partidos tradicionales chilenos habían dejado de poder hacer), por lo que ambos lados de la grieta acaban incentivándose mutuamente a mantener sus respectivas coaliciones en la medida en que resulta evidente que sin ellas, solo podrán encontrarse con la victoria de la coalición adversaria y superviviente.

El capítulo más reciente de la interna frentetodista

Ahora bien, este incentivo a mantener la unidad “duela lo que tenga que doler”, que no representa una construcción meramente política, sino que responde también a una polarización surgida desde la sociedad, no basta, evidentemente, para poder gobernar. De allí que, pese a que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sepan que sin el otro no pueden ganar, también sea una realidad que juntos no está siendo fácil gobernar. En este primer artículo, empezó a esbozarse la hipótesis de una diferencia política entre el presidente y la vicepresidenta de la República, el primero, más tecnócrata, pero también liberal-heterodoxo, de conciliación y diálogo con los demás actores políticos, sociales y económicos; la segunda, populista, de combate y confrontación contra los adversarios al gobierno.

En este segundo artículo, esta perspectiva se desarrolla luego de la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas del 2021, esa diferencia también tenía matices ideológicas y de dirección económica: Alberto apunta a las clases medias y altas, los sectores empresariales y las instituciones financieras, con Guzmán como lo más cercano a un ministro albertista, la política económica que promueve es moderada, lejana al déficit fiscal, permitiendo el ajuste desde la pérdida del poder adquisitivo; por el otro lado, Cristina apunta a su bastión, las clases populares, exigiendo una política fiscal expansiva que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, derivando el ajuste a las clases altas y los sectores empresariales.

Hoy, Frente de Todos no lucha solo contra sus adversarios del otro lado de la grieta, sino contra la propia grieta que los divide a su interior, y que, paradójicamente, son sus mismos autores los que buscan evitar que estalle. Empezando con la renuncia de Máximo Kirchner a la Jefatura del bloque frentetodista en el Congreso y el voto en contra de La Cámpora al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se revela son fracturas políticas e ideológicas: por un lado, la acusación de Máximo y La Cámpora de que desde el albertismo les han cerrado todas las puertas y el acuerdo coalicional no se está representando; luego, las críticas de sector de la coalición al acuerdo, argumentando su inviabilidad social y el retorno a un cogobierno con el Fondo.

Ante la salida de Máximo también como principal catalizador las demandas kirchneristas para con la coalición, reingresa Cristina, quien no recurre más a esporádicas cartas, y pasa a activamente expresar sus posiciones respecto a la situación política, social y económica, y en contrariedad a las acciones de Alberto: primero matizado con sus discursos en la Universidad de Chaco en mayo de este año, y luego explícito en el acto en conjunto con el presidente por los 100 años de YPF, donde lo invitó a tomar la lapicera y llevar a cabo las acciones que necesita el país. Esto tuvo una respuesta de Alberto el 1 de julio, en el aniversario del fallecimiento de Perón, cuando señaló que no necesitaba la lapicera, porque, dice el presidente, interpretando a Perón, “el poder pasa por la capacidad de convencer”. La respuesta de Cristina el día siguiente en Ensenada, en un acto también en honor a Perón, fue señalar que para Perón “se convence con los hechos”.

Este cruce cada vez más explícito tiene un correlato en hechos políticos: por un lado, la resistencia de los ministros más cercanos de Alberto a subir las retenciones, incluso luego de que Alberto asomase la posibilidad, para acabar declarando el gobierno que la de las retenciones era una batalla que no se iba a dar, puesto a que ya estaba perdida en el Congreso – provocando una tensión por izquierda desde el kirchnerismo. Seguido a eso, la filtración de una operación en off desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, vinculando a Kulfas, otro de los cercanos a Alberto, pero en discordia con el kirchnerismo, quien con una fuerte acusación contra Cristina Fernández para retrasar la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, produjo la salida del ministro y el regreso a la Argentina de Daniel Scioli para sustituirlo. Finalmente, el 2 de julio, el punto más álgido de la interna surge en medio del discurso de Cristina en Ensenada cuando el principal foco de sus críticas, el Ministro de Economía Martín Guzmán renuncia por Twitter a su cargo. 

Como bien señala el economista Juan Manuel Telechea, en el enfrentamiento entre Guzmán y Cristina se expresan dos posturas distintas sobre cómo pensar la salida a la crisis económica del país: Guzmán, desde la moderación albertista y la defensa del acuerdo con el Fondo, articula su visión desde la lógica del primero crecer para luego redistribuir, es decir, ordenar la macroeconomía, aún si esto implica regresiones en el poder adquisitivo de los argentinos, para luego retornar a las políticas redistributivas que se asocian al peronismo; mientras tanto, desde el otro lado de la grieta, para Cristina, que no concibe el déficit fiscal como responsable de la inflación (como sí lo hace Guzmán), y responsabiliza más bien al sistema bimonetario que, de facto, organiza la economía del país. Por tanto, para Cristina, lo preferible es lo inverso, redistribuir para crecer, aumentar el déficit fiscal para consolidar políticas sociales y económicas expansivas y progresivas, que desde el consumo estimulen el crecimiento, y en última instancia, la estabilidad macroeconómica.

Tras Guzmán, entra Silvina Batakis, exministra de economía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli, y hasta este año, encargada de negociar la deuda con las provincias e intendencias bajo la dirección del Ministerio de Interior que dirige el camporista Wado de Pedro: precisamente de su relación con los gobernadores proviene su capital político, independiente a Scioli y a Cristina. Siendo el Ministerio de Economía el eje central de la interna, quedará saber si la nueva conducción de Batakis podrá solventar la grieta frentetodista o ensancharla, pero el futuro no es exactamente luminoso para la coalición con esta nueva Ministra recibiendo el visto bueno del Fondo y sosteniendo una línea de ajuste más explícita que su predecesor. Este nuevo tramo de la coalición parece prometer a sus socios a una pregunta obligada: ¿cuánto más puede doler esta unidad?

Referencias bibliográficas

Adrianzén, C. A. (2014). Una Obra para Varios Elencos: Apuntes sobre la Estabilidad del Neoliberalismo en el Perú. Nueva Sociedad No 254, 100-111.

Casullo, M. E., & Ramírez, I. (2021). Anatomía de la Polarización Política Argentina. En L. A. Quevedo, & I. Ramírez, Polarizados (págs. 35-68). Buenos Aires: Capital Intelectual.

Cruz, F. (2021). Cuando la Grieta derrama desde arriba. Bicoalicionismo y Competencia Política Polarizada en Argentina. En L. A. Quevedo, & I. Ramírez, Polarizados (págs. 103-134). Buenos Aires: Capital Intelectual.

Cruz, F. y Varetto, C. (2019). Crónica de un cambio anunciado. Las elecciones de 2017 en Chile frente al cambio de SIstema Electoral. Estudios Políticos No 54, 3-32.

Morales Quiroga, M. (2020). Estallido Social en Chile 2019: Participación, Representación, Confianza Institucional y Escándalos Públicos. Análisis Político No 98, 2-25.

Sartori, G. (1976). Partidos y Sistema de Partidos. Madrid: Alianza.

Tironi, E. (1998). El Régimen Autoritario. Para una Sociología de Pinochet. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.

Torre, J. C. (1998). El Proceso Político de las Reformas Económicas en América Latina. Buenos Aires: Paidós.Tsebelis, G. (1998). La Toma de Decisiones en los Sistemas Políticos. En S. Saleigh, & M. Tomassi, La Nueva Economía Política: Racionalidad e Instituciones (págs. 289-339). Buenos Aires: Eudeba.

Escrito por

Nacido en Caracas, Venezuela. Estudio Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Interesado en Política Latinoamericana, Poder Judicial y Fuerzas Armadas.

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