El conflicto etiope entre el gobierno actual, liderado desde abril de 2018 por el Primer Ministro Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019 y líder del actual Partido de la Prosperidad y entre el  Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF),  se encuentra actualmente en uno de sus momentos de mayor tensión. 

Para contextualizarnos un poco hablemos del país Etiopía: es el vigésimo país más extenso del mundo, cuenta con casi noventa y nueve millones de habitantes y su sistema político es parlamentario. Su economía está en gran parte basada en la agricultura, teniendo como elemento estrella al café, el cual es exportado en todo el mundo. En la actualidad Etiopía está dividida en doce regiones pero la que nos resuena en este momento es la región de Tigray, o también conocida como Tigré.

Ahora bien, siempre para entender un conflicto que sucede en el presente, es importante comprender lo que sucedió en el pasado. ¿Cuál es el origen de las tensiones con Tigray? En Etiopía gobernó por 30 años el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) el cual en 2019 se disolvió y pasó a llamarse Partido de la Prosperidad, el EPRDF estuvo formado por los cuatro principales partidos étnicos del país: el Movimiento Democrático Nacional Amhara, la Organización Democrática Popular Oromo, el Movimiento Democrático Popular del Sur de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF). Abiy Ahmed es el primer miembro del pueblo Oromo en ocupar el cargo. 

Cuando en noviembre del 2019 Ahmed decide disolver el EPRDF, creando así el Partido de la Prosperidad, es cuando las tensiones comenzaron a crecer. El objetivo de la disolución de este partido era poner menos importancia a la etnia a la hora de hacer política, para poder desarrollar una unión política colocando el foco de atención en la unidad nacional. El TPLF no estuvo para nada de acuerdo con la disolución y unión en el Partido de la Prosperidad, por lo que rechazó las medidas y en consecuencia la tensión aumentó. 

Es importante tener en cuenta que, en sus bases ideológicas, el TPLF busca la secesión de Tigray de Etiopía y construir una república comunista. Por el contrario, el Partido de la Prosperidad apela al nacionalismo etíope, al liberalismo económico y al federalismo. Por ende, la llegada de Ahmed al poder mostró un gran debilitamiento del TPLF y un alejamiento de su principal objetivo: la liberación de Tigray. 

La constitución de 1994 de Etiopía, afirma claramente que cada región del país tiene derecho a la autodeterminación, pero en la práctica esto no fue así. Ya que los gobiernos de cada región estaban sumamente influenciados y presionados por el gobierno, y partido mandatario, a nivel nacional.  Con la disolución del EPRDF cada vez fue más lejana la idea de poder llevar a cabo correctamente el principio de autodeterminación regido por la constitución, esto llevó a grandes tensiones entre el TPLF y el resto de los partidos que conformaban al  EPRDF. La relación entre ambas no solo se deterioraba progresivamente, sino que la violencia aumentaba notablemente. 

El punto álgido de estas tensiones fue cuando en agosto del 2020, las elecciones nacionales fueron pospuestas a causa de la pandemia de Coronavirus que azotó en todo el mundo durante ese año. El TPLF se opuso a esta medida, ya que las elecciones significaban una nueva oportunidad de volver a tener las riendas del poder nacional. A modo de protesta, los legisladores de Tigray se retiraron del parlamento nacional y declararon que luego del 5 de octubre del 2020, fecha en la cual expiraría el mandato original del Primer Ministro Ahmed, dejarían de reconocerlo como tal. 

Las acciones acerca de la conducción monopolizada por parte del gobierno, cuando la promesa era la de una conducción multipartidista, fueron notables ya que desde la capital del país, Addis Abeba decidió desviar los fondos que iban para la región de Tigray. El TPLF argumentó que esto era un acto de suma exclusión a la región y que el 4 de noviembre cuando supuestamente se realice la transferencia presupuestaria que debió entrar en vigor mucho antes, la guerra iba a ser declarada. A su vez, cuando el TPLF y el Ejército de Liberación Oromo (OLA) se unieron contra el gobierno central, las redes sociales estallaron de discursos de odio y violencia interétnica. El reclamo imperioso de Tigray por hacer valer su derecho de autodeterminación y el discurso (y a veces acción) del gobierno por querer desarrollar una nación multipartidista que no coloque en un rol central a la etnia, chocaron constantemente y las consecuencias de los reclamos y protestas fueron devastadoras: miles de personas han muerto y más de 1.7 millones de personas fueron desplazadas, 350.000 personas en el país viven en la peor hambruna posible.

En lo que respecta a la respuesta internacional frente a este conflicto, Amnistía Internacional la califica como sumamente tibia e insuficiente. Etiopía atraviesa una ola de violación a los derechos humanos y al derecho internacional y Naciones Unidas estuvo sin accionar frente a esta situación por un gran tiempo. Amnistía Internacional intentó entrar a Tigray, pero el gobierno etíope le denegó la entrada. Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y  Austral, reclama que los gobiernos de la región apenas han hecho algo para pronunciarse en contra del conflicto y ayudar a mejorar la situación del país. 

Cuando el 4 noviembre de 2020 la guerra fue declarada y el conflicto completamente desatado, el gobierno declaró al país en Estado de Excepción, permitiendo que las autoridades detengan a cualquier persona que resulte “sospechosa” sin realizar una orden judicial anteriormente. También el Estado de Excepción ataca las formas de comunicación: permite la suspensión o cancelación de las licencias de ONGs y medios de comunicación si se sospecha que aportan información a “organizaciones terroristas”. Las autoridades del gobierno han llamado abiertamente a la sociedad civil para tomar las armas a modo de rechazo del discurso del TPLF. La libertad en Etiopía cada vez se ve más restringida.

El pasado miércoles 24 de noviembre, la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alemania, Francia y Estados Unidos instaron a sus ciudadanos a abandonar Etiopía en respuesta a la terrible violencia y tensión que se vive en el país. EEUU sostuvo decisivamente que este conflicto no terminará por la vía militar que implica mayor violencia, sino que la diplomacia es la primera y última opción que terminará dando un cierre final. El enviado especial estadounidense declaró que las posibilidades de llegar a un acuerdo diplomático entre el gobierno y el TPLF están en aumento.

A principios del mes de noviembre, el gobierno declaró a Etiopía en estado de emergencia luego de que miembros del TPLF confirmaran haber capturado ciudades estratégicas cercanas a la capital del país. Esta medida tiene una duración de seis meses, permite controles de carretera, toques de queda y la toma del poder militar. 

El conflicto en Etiopía no queda únicamente en un terreno político, ya que la lucha por el poder termina siendo una violación insondable de los derechos humanos y del derecho internacional. Es pertinente una respuesta clara y sólida de la comunidad internacional y, sobre todo, de sus países vecinos y de las potencias mundiales con un gran poder a través de su accionar.