SOBERANÍA HÍDRICA Y DERECHOS HUMANOS: EL CASO DEL RÍO ATUEL

Disputa entre Mendoza y La Pampa

 La historia de la disputa por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa tiene un recorrido extenso. Si bien podemos situar los comienzos de la acción antrópica sobre las aguas del Atuel durante el primer gobierno de Yrigoyen, fue más precisamente en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil, donde comienza la situación que aún hoy en día no tiene una resolución.

Breve recorrido histórico

   La historia de nuestro país, y de nuestra región latinoamericana en general, estuvo signada desde finales del siglo XIX, de la mano de la conformación de los Estados nacionales, por su incorporación al mercado mundial como productores de materias primas. En este sentido, intereses privados comenzaron un proceso de mercantilización de los recursos y de la tierra que configuró el modelo de desarrollo que ha marcado, con vaivenes, el curso de los acontecimientos en materia política, social y económica, en la gran mayoría de los casos, con apoyo del poder del Estado. Por lo tanto, algunos territorios y actividades se vieron beneficiados por su producción a escala para la exportación, mientras que otros se eliminaron o fueron dejados de lado. En este sentido, no es extraño que un territorio como el oeste pampeano, que hasta mediados del siglo XX se había caracterizado por un tipo de economía social, ligada a la agricultura familiar, fuese dejado de lado, explotando otras zonas más rentables. 

   Incluso los gobiernos posneoliberales, de la llamada marea rosa latinoamericana, han continuado, y en algunos casos (como el ecuatoriano) profundizado, el modelo extractivista y neoextractivista. Este último concepto abarca actividades que van más allá de las consideradas como extractivistas, y tienen que ver con la expansión de la frontera petrolera, la megaminería o la construcción de grandes represas hidroeléctricas, entre otras actividades (Pérez, 2019). Para no ser injustos, es importante reconocer que desarmar una estructura productiva y económica de unos ciento cincuenta años no es tarea para una década, y el tratamiento de este tema puede motivar artículos o investigaciones posteriores. 

   Haciendo un poco de historia, como ya se apuntó anteriormente, la represa El Nihuil, construida durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, es una represa hidroeléctrica ubicada sobre el curso del río Atuel en el departamento de San Rafael, Mendoza, a 85 kilómetros de la ciudad homónima. El embalse formado y el agua que allí se almacena, conocido como Cañón del Atuel, es utilizado tanto para la generación de energía hidroeléctrica, como para el riego de los cultivos y para actividades turísticas. A partir del año de su construcción, la represa bloqueó el curso normal del río, lo que produjo que su ingreso al territorio pampeano fuese interrumpido. Durante los primeros 25 años de funcionamiento de El Nihuil, no entró una gota de agua a La Pampa. Es importante recordar que la actual provincia de La Pampa en 1947 era territorio nacional, por lo que no tenía el mismo estatus legal que Mendoza, lo que no le permitió disputar en igualdad de condiciones legales su soberanía sobre el río. En su momento, el presidente Perón firmó la resolución 50, donde se estipulaba un curso mínimo de agua para el consumo humano y animal. Sin embargo, un tribunal mendocino, que lógicamente no tenía competencia en la causa, anuló la medida y el gobierno nacional no apeló.

   Desde ese momento, la lucha en La Pampa, reconocida como provincia en 1952, por la soberanía sobre sus recursos hídricos nunca se detuvo. En 1973, el decreto 16/60 establecía que las regalías de la represa debían ser compartidas a la mitad entre ambas provincias, pero nuevamente la provincia cordillerana rechazó la iniciativa y nunca se puso en práctica, por lo que, a raíz de las protestas, nació lo que hoy se conoce como “Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos” en toda la provincia.

   Luego de varias instancias de negociación, donde hubo incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2008 se firmó el Convenio Macro entre ambos gobernadores de aquel entonces y donde el Estado Nacional ofició de mediador. Nuevamente, las trabas puestas por Mendoza llevaron a que La Pampa se presente a la Corte Suprema, donde en julio de 2020 se fijó, mediante un fallo, un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo para que ingrese a La Pampa, dejando a las provincias la libertad de llegar a acuerdos para llevar a cabo las obras de infraestructuras necesarias para que esto se cumpla.

Consecuencias socioeconómicas y ambientales 

   El oeste de la provincia de La Pampa, al día de hoy, se podría denominar como un desierto antrópico. La mano del hombre, en pos de un aprovechamiento de los recursos al servicio de la agricultura, el turismo y la minería, ha afectado a unas 300.000 hectáreas en suelo pampeano, vulnerando, además del ecosistema, a las poblaciones que aún se mantienen habitando la zona, entre ellas muchas comunidades indígenas. Pero esto no solo en La Pampa. En diciembre de 2019, alcanzaron repercusión nacional las protestas contra el gobierno de Rodolfo Suárez por una ley que habilitaba la contaminación de los ríos para su uso por las empresas mineras, donde también comunidades indígenas mendocinas como Santos Morales y Ñancuñan se manifestaron en contra de la apropiación y contaminación de los ríos. Es necesario apuntar que la zona sur de Mendoza, que queda por fuera de las extensiones que se alcanzan a regar con el agua del río, es un territorio muy árido, y muchos pequeños pueblos rurales tienen altos índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. En un informe del Conicet, donde se elaboró un índice de calidad de vida en todo el país, se puede apreciar cómo, a medida que se uno se aleja de los centros urbanos de Malargüe, General Alvear y San Rafael, en el sur mendocino, la calidad de vida baja abruptamente (Conicet, 2019). En ese sentido, la investigadora María Grosso Cepparo (2013) afirma que “Al ser el agua un recurso limitado y altamente valorado en las tierras secas, el monopolio que han tejido para sí los grupos sociales asentados en los oasis, ha condenado a otros grupos y otros territorios a quedar excluidos de tales beneficios”. Ahora, ¿El uso del agua que embalsa Mendoza lleva a una mayor equidad social y a mejores condiciones de vida de los mendocinos? ¿Quién aprovecha ese recurso, tan escaso en la zona?

   A partir del corte del río, el lento pero continuo crecimiento poblacional que se venía experimentando en el oeste pampeano, comenzó su curva descendente continuando hasta nuestros días. Si consideramos el territorio de la provincia haciendo un corte vertical desde la capital provincial Santa Rosa, encontramos que hacia el oeste habita aproximadamente el 12% de la población, siendo alrededor del 70% del territorio. Zonas históricamente habitadas por comunidades indígenas han visto vulnerada su tierra, primero con la conocida “Conquista del Desierto” y luego con la apropiación de los recursos de la tierra, ya que el ecosistema del lugar ha cambiado por completo luego de más de setenta años, donde los recursos hídricos han sido negados. En un estudio de la Universidad Nacional de La Pampa sobre el impacto social que tuvo y tiene el corte del río, se argumenta que: “[existieron] procesos de cambio socioespaciales y culturales que produjeron el nuevo hábitat a partir de la falta de agua. Estos van desde la relocalización de puestos, la menor disponibilidad de recursos del monte, la mortandad de ganado, el mencionado éxodo de población, hasta el abandono de huertas familiares, invasión de especies exóticas y los cortes e interrupciones de caminos en períodos de sueltas” (UNLPAM, 2017). Sueltas se les llama cuando, principalmente en épocas de deshielo, el cauce del río obliga a Mendoza a abrir la represa por la gran cantidad de agua que viene desde las montañas, e inunda muchas veces las zonas por donde antes corría normalmente el río. Hasta en el imaginario social la “cultura del río” comienza a perderse y varias generaciones no conocen lo que es el agua corriendo libremente por su cauce. 

   Desde La Pampa se argumenta que Mendoza hace un uso ineficiente del agua que almacena para riego. En 2016, el secretario de recursos hídricos de la provincia dijo: “En Mendoza, el riego tiene una eficiencia del 28 por ciento, demostrando que deberían tener una política hídrica de mayor cuidado del agua del Atuel, ya que al aumentar esa eficiencia crecería el agua disponible que se podría compartir con La Pampa”. Del otro lado, los cuyanos argumentan que, aunque hicieron inversiones para mejorar el riego, no les alcanza el agua para su sistema, y que ceder esos recursos pondría en grave riesgo su economía. Además, se refugian el fallo de la Corte Suprema de 1987, que estipulaba que Mendoza debía dejar correr agua hacia el sur una vez que se  alcanzase a regar 75.000 hectáreas. Hoy, según dicen las autoridades, no estarían llegando a 35.000. 

   Las razones de Mendoza para no modificar el statu quo son claras. El acaparamiento del río le permite utilizar el agua para riego, principalmente en épocas de sequías, entre otros usos. El propio subdelegado de Aguas del Atuel de Mendoza declaró que: “El problema de fondo es la oferta de agua, que sigue siendo escasa para atender lo que atendemos. Sacarle al oasis cultivado del Atuel para atender otra problemática generaría otro conflicto más interno”. Ahora bien, aunque prevalezca la dispuesta entre Mendoza y La Pampa, la realidad es que la llamada cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó está formada por más ríos que el Atuel. Tanto el Desaguadero, que es el brazo principal de la cuenca, como sus afluentes más importantes, llegan con poca agua a La Pampa, tanto por la propia sequía de la región como también por la utilización del agua para promover fines económicos. En este sentido, podemos decir que el sector septentrional occidental de la cuenca y los territorios que ella abarca (principalmente en San Juan su uso para la minería, el Gran Mendoza y el oasis sur mendocino) se desarrollaron en detrimento de la parte meridional oriental de la misma. 

¿Cómo continúa?

   En La Pampa, diversas agrupaciones de la sociedad civil, como la Fundación Chadileuvú, organizan actividades, encuentros, debates y publicaciones sobre la “memoria del río”, junto con otros espacios culturales. Se puede decir que es uno de los temas en los que existe mayor consenso a nivel político partidario e ideológico, en un contexto de polarización como el que se vive. Del lado pampeano, el Atuel es un río robado, y la lucha por su soberanía es una política de Estado. Del lado mendocino, por su parte, se refugian en la necesidad que tienen, para sustentar económicamente su actividad, de la utilización de los recursos hídricos, sin hacer mucho hincapié en la historia. No debemos olvidar que la zona de la que hablamos está atravesada por la llamada Diagonal Árida de América del Sur; tanto en Mendoza como en el oeste de La Pampa las precipitaciones anuales rondan los 300 mm anuales, estableciendo así el clásico fenómeno de la sábana corta. 

   Actualmente, la discusión sobre los recursos hídricos entre ambas provincias ha generado un nuevo foco de disputa, que en los últimos años comenzó a circular con más fuerza: el proyecto de Portezuelo del Viento. Tal iniciativa tiene que ver con la creación de otra represa hidroeléctrica, esta vez en el río Grande, afluente del río Colorado, ubicado en el sur mendocino, en el departamento de Malargüe. Desde la provincia cuyana es conocida comúnmente como “la obra del siglo”, mientras que los pampeanos temen que la historia se repita, antes como tragedia y ahora como farsa. En este punto, la provincia central “ganó una batalla” el año pasado cuando los miembros integrantes del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, del que participan las cinco provincias que integran la cuenca, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires) estipularon que antes del comienzo de la obra, debería llevarse a cabo una evaluación sobre el impacto ambiental que tendría la represa. Según los avances de esta cuestión, donde la cartera dirigida por Wado de Pedro ha tenido un rol activo como mediador, puede tener incidencia en cómo se termine resolviendo, de una vez por todas, la disputa histórica por el río Atuel.

Reflexiones finales

   La profundización del modelo extractivista y neoextractivista genera mayor desigualdad (por la concentración del capital), mayor contaminación (por el lobby minero que estuvo a punto de lograr aprobar la técnica del fracking en el Cañón del Atuel, y solo se dio marcha atrás por el gran rechazo y movilización popular) y menor soberanía. Como país, más allá de este caso en particular, vivimos hace tiempo un proceso de expulsión de las poblaciones rurales, tanto por la falta de trabajo como por la contaminación, principalmente con agrotóxicos a la que son expuestos. Llevados hacia las ciudades, continúan alimentando los grandes cordones urbanísticos alrededor de los grandes centros de población, donde el acceso a la vivienda es cada vez más dificultoso. Así, es imperioso comenzar a pensar un plan de descentralización de las grandes ciudades que de posibilidades reales de desarrollo y de calidad de vida por fuera de los grandes conglomerados.  

   Para finalizar, es interesante reflexionar sobre el lugar de las represas hidroeléctricas en el modelo de desarrollo que se plantee a futuro. Numerosas entidades ya han advertido los problemas que traen estas obras, desde un sentido económico (normalmente, la inversión inicial tarda muchos años en generar frutos, dado que son enormes los gastos que requieren), ambiental (alteración de la flora y fauna de los territorios, contribución al cambio climático) como social y cultural (violación de derecho al agua, inundación o sequía en territorios sagrados para pueblos indígenas, desplazamiento forzado de poblaciones). En un trabajo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente se argumenta que: “Los desplazamientos forzados destruyen vínculos sociales y vulneran seriamente los derechos humanos de las poblaciones afectadas, particularmente el derecho a la libre circulación, a la propiedad, a la vivienda y a la indemnización adecuada” (Ortúzar, Riano, et. al., 2017) Durante todo el siglo XX vendida como una tecnología limpia, de energías renovables, su implementación ha generado grandes desigualdades y no han demostrado ser la clase de tecnología necesaria para la imperante transición ecológica. En contraposición, la energía tanto eólica como solar, que han bajado sus costos en el último tiempo, son opciones más verdes y con menos contraindicaciones que las represas hidroeléctricas. 

   En el caso estrictamente del oeste pampeano, de resolverse favorablemente para la provincia patagónica, volviendo el río a correr por su cauce natural, esto representaría una victoria más en términos simbólicos que prácticos, ya que la recuperación en términos ambientales y socioeconómicos no parece posible siquiera en el mediano plazo. Sin embargo, tomando su caso como ejemplo, debemos reflexionar qué es lo que buscamos cuando buscamos una transición ecológica, que cierre, como la economía, con la gente adentro. El rol del Estado y la presión de la sociedad civil serán claves en las transformaciones que se deban afrontar de aquí en adelante.

Para leer más sobre el tema:

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (2019). Índice de calidad de vida. Recuperado de https://icv.conicet.gov.ar/

Grosso Cepparo, Maria Virginia (2013); Vivir sin agua. Estrategias frente a la escasez en las tierras secas no irrigadas de Lavalle, Mendoza; Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA; Entramados y Perspectivas; 3; 3; 6-2013; 13-38. Recuperado de http://hdl.handle.net/11336/1192

Ortúzar Florencia; Riaño, Astrid Puentes; et. al. (2017). Grandes represas: Energía del pasado ni limpia ni sostenible. Informe ambiental anual 2017. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Recuperado de articulo_riano_ortuzar_ribeiro_0.pdf (aida-americas.org) 

Pérez, Gustavo Gastón (2019). El proceso extractivista y los paradigmas de desarrollo. Un abordaje inicial al caso de la apropiación de las aguas del río Atuel. Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas, Año XVI, Volumen 16. Recuperado de https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anuario/article/view/4209/5614

Universidad Nacional de La Pampa (2017): Estudios sobre el impacto sociocultural del corte del Atuel en el oeste pampeano. Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Recuperado de http://www.unlpam.edu.ar/comunicacion/comunicaciondivugacion/estudios-sobre-el-impacto-sociocultural-del-corte-del-atuel-en-el-oeste-pampeano

Escrito por

Soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Interesado en política latinoamericana y procesos de emancipación regionales.

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