Desde mediados de julio, Irán se encuentra sumergido en una oleada de protestas provocadas por la escasez de agua potable en algunas regiones al suroeste del país debido a la presencia de la mayor sequía registrada en los últimos cincuenta años. 

Distintas localidades como Izeh, Shadegan, Ahvaz, Susangerd y Mahshahr, registraron manifestaciones por no solo falta de agua potable, sino también por cortes de electricidad, corrupción política y por falta de insumos por la condición generada por el Covid-19. 

Estas manifestaciones comenzaron el 15 de julio de este mismo año en Juzestán y hasta el 26 de julio se llevaron alrededor de diez víctimas mortales y alrededor de cien detenidos. 

Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas, según lo que muestran los distintos videos que circulan por diversos medios de comunicación. Sin embargo, desde las autoridades iraníes, las represiones ocasionadas son de “gran importancia” para poder poner fin a los “desestabilizadores” que buscan poner fin al gobierno de Hasán Rohani. 

Distintas entidades internacionales como Amnistía Internacional acusan que las autoridades iraníes están utilizando “municiones reales y perdigones” para suprimir estas manifestaciones. La directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy, manifestó que “El uso de munición real contra manifestantes desarmados que no constituyen un daño inminente para la vida es una violación horrenda por las autoridades de su obligación de proteger la vida. En Irán, los manifestantes que salen a la calle a expresar agravios económicos y políticos legítimos son recibidos con una avalancha de disparos, gas lacrimógeno y detenciones”.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también apuntó contra el gobierno iraní, acusándolos de ejercer una brutal represión a aquellos que se manifestaban. La respuesta a los dichos de Michelle Bachelet por parte de las autoridades residentes en Teherán se redujeron a que las acusaciones estaban basadas en mentiras y con una “mirada errónea” sobre el actuar del gobierno frente a las manifestaciones.