El pasado viernes 2 se cumplió un mes de la detención de la precandidata presidencial Cristina Chamorro por parte de la justicia de Nicaragua, acusada de lavado de dinero y gestión abusiva. Luego de esta detención se realizarón 19 más, en las que se arrestó a otros seis precandidatos presidenciales opositores a Ortega, actual presidente de Nicaragua. La mayoría de estos fueron acusados de realizar actos que menoscababan la soberanía del país, penados como “Traición a la Patria” por la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Paz, sancionada en diciembre de 2020, por la cual quedan inhabilitados a presentarse a elecciones.
Esto incentivó a que la ola de protestas que se viene dando desde abril creciese, de las cuales las últimas fueron reprimidas por el régimen orteguista. La tensión política, entonces, se incrementa con un oficialismo que acusa de golpismo a la oposición mientras desde la oposición cuestionan que el gobierno incurrió en delitos de lesa humanidad.
A raíz de esto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena el arresto, acoso y restricciones a los partidos políticos, medios de comunicación y precandidatos presidenciales y pide su inmediata liberación. Además, reclaman reformas electorales para garantizar la transparencia de los futuros comicios de noviembre. La resolución fue acompañada por la mayoría de países (26 exactamente), mientras que Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra. Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México, por su parte, se abstuvieron.
Ante esto, el gobierno de Ortega acusó a esta resolución de injerencista. El Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, había afirmado ya antes en una entrevista que las relaciones con otros países deben darse con “cero injerencia en las políticas internas de Nicaragua”. En esa línea, entienden que se está cuestionando la aplicación de la ley en su país. El mismo presidente Daniel Ortega dijo que no se están juzgando políticos o candidatos, sino criminales que “han atentado contra el país” (en virtud de la ley antes citada).
