Con el objetivo en las elecciones legislativas y el voto de clase media en la mira, el oficialismo le dio media sanción en Diputados al proyecto de ley de “zona fría”.

El pasado 10 de junio la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que busca prorrogar y ampliar el fideicomiso que subsidia el consumo residencial de gas en distintas zonas del país, más conocido como ley de “zona fría”. Dicho fideicomiso fue creado en el año 2002 con el objetivo de subsidiar la tarifa de gas de las provincias ubicadas en la Región Patagónica y el departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza. Estas zonas, dadas sus bajas temperaturas, hacen un uso intensivo del recurso para calefaccionarse. En medio de festejos -que incluyeron hasta un revoleo de frazada- y alusiones a la justicia social, el oficialismo votó la prorrogación y ampliación del beneficio. Sin embargo, el proyecto, que ahora trata el Senado, presenta varias inconsistencias y genera dudas acerca de su intencionalidad política.

El subsidio afecta actualmente a 850.000 usuarios y, de convertirse en ley el proyecto, el número pasará a 4.000.000. Es decir, se trata de un aumento que ronda el 370% y que aplica descuentos en las tarifas de 30 o 50%, según el caso. Las dudas arrancan aquí. Por un lado, fueron incluidas en el proyecto zonas, como la mitad de la Provincia de Buenos Aires, que son consideradas, según el mismo soporte técnico en el que se apoyan los auspiciantes de la ley, como cálidas o templadas cálidas. Por otro lado, el proyecto no establece criterios que discriminen entre quien hace un uso racional y acorde del gas y quien lo derrocha, sino que subsidia todo consumo por igual, desincentivando al usuario a utilizar solo lo necesario, así como a mejorar el aislamiento de la vivienda. A su vez, el texto tampoco distingue entre el consumo realizado en la temporada fría del realizado en la temporada cálida, lo cual quizás tenga sentido en Tierra del Fuego, pero que parece poco razonable para la región bonaerense o jujeña. En esta misma línea, el subsidio establece categorías claras sobre quiénes serán los beneficiarios del descuento del 50% en las tarifas (como por ejemplo aquellas personas que perciban la AUH), pero no así con los favorecidos por el 30%. En otras palabras, la persona más rica y la más pobre tendrá su consumo de gas subsidiado, al menos, en un 30%. Por supuesto, el proyecto establece un mecanismo por el que uno puede renunciar voluntariamente al beneficio. Las probabilidades de que esto suceda las dejo al criterio del lector.

Sumado a esto, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a ampliar las regiones beneficiadas, librando a la discrecionalidad y conveniencia de la presidencia la asignación del descuento.

Finalmente, llegamos al financiamiento. El fideicomiso se sustenta actualmente con la aplicación de un recargo del 4,6% sobre las facturas de todo el resto de los consumidores de gas del país sin distinción de uso o finalidad del mismo. Al agregarse más de 3.000.000 de usuarios nuevos, y reducirse lógicamente el universo de aportantes, se plantean serias dudas sobre su viabilidad económica. De acuerdo a los autores del proyecto, el incremento se financiará aumentando un punto porcentual el recargo sobre las facturas sumado a aportes del Tesoro Nacional. ¿De dónde sacará el Estado estos recursos? Principalmente, a través de dos vías: mayor carga impositiva o emisión. La primera, en el contexto de baja recaudación, parece poco factible. La segunda ya es moneda común. En ambos casos, el subsidio terminará siendo financiado por las zonas más pobres del país. Resulta interesante al respeto observar el siguiente mapa.

Zonas beneficiadas por la nueva ley vs pobreza crónica por departamentos

De convertirse en ley tras su paso por el Senado de la Nación no solo se subsidiará a algunas de las zonas más pudientes del país, sino que también estará a cargo de los sectores más desfavorecidos. Por supuesto, la inflación resultante de la emisión repercutirá de igual manera en todo el territorio. Pese a esto, es claro que tendrá más impacto ver que la factura de gas se redujo en un 30% que tomar dimensión de que el poder adquisitivo cayó en igual o mayor medida. La inflación más optimista, la fijada por el Gobierno en el presupuesto nacional, es del 29% anual; la más pesimista, de entes privados, señala que rondará los 46 puntos porcentuales. Incluso en el mejor de lo casos, lo cual parece poco probable por el ritmo llevado hasta ahora, los ciudadanos perderán casi un 30% del poder adquisitivo de su moneda. En otras palabras, los pobres serán más pobres y además deberán subsidiar a los ricos. Como fundamento del proyecto se aseguró que éste “iguala en derechos a usuarios en cuanto a su asequibilidad”, “comenzando un camino de equidad y de igualdad” [2] . Sin embargo, sumando a lo antes expuesto sobre el financiamiento del subsidio, sabemos que esto no es así. El segundo mapa nos ilustra al respecto.

Provincias argentinas según porcentaje de los hogares que utilizan gas en garrafa

Las regiones más pobres del país cuentan con una escasa conexión a la red de gas, teniendo que utilizar, principalmente, gas en garrafa, con costos más elevados, menor calidad en su uso y mayor riesgo en su seguridad.

En base a lo desarrollado anteriormente, es posible afirmar que esta ley se enmarca, más bien, en una necesidad electoral. La politóloga Victoria Murillo (2017) afirma que el valor del sello peronista se sostiene en la lealtad de su electorado «core», el cual “se compone principalmente de los trabajadores formales y los pobres informales o precarizados” (p. 205). Estos sectores mantienen una lealtad hacia el partido justicialista, con un fuerte sentido de pertenencia. En cuestiones electorales, este sector está asegurado. En un año electoral, entonces, es más estratégico destinar los siempre escasos recursos hacia otro lado. En este sentido, el votante de clase media es el más fluctuante y es, sin duda, a quien apunta la ley. Este sector es clave no solo para definir la elección, sino para la unidad del peronismo. La clase media es la primera en virar hacia otras alternativas cuando se siente desilusionada con el gobierno. Este viraje puede darse hacia una fuerza opositora, como Juntos por el Cambio, o hacia una versión distinta del peronismo. La división del peronismo es una variable necesaria para que la oposición pueda ganar las elecciones, así lo han demostrado los últimos comicios. La victoria de María Eugenia Vidal para la gobernación bonaerense en 2015 y el triunfo de Estaban Bullrich en la elección senatorial de 2017 por la misma provincia se explican en gran parte por la división del peronismo. En efecto, el 17% de los votos que se llevó la “Alianza UNA” y el 11% que obtuvo “1PAIS” con Sergio Massa a la cabeza en 2015 y 2017 respectivamente, fueron en gran medida la razón del triunfo de la alianza Juntos por el Cambio. Esta ley, entonces, apunta principalmente a contener este sector y evitar que el descontento social derive votos hacia la oposición y, o hacia un candidato disidente dentro del peronismo.

[1] https://www.cippec.org/especial/mapa-de-la-pobreza-cronica/

[2] Declaraciones de las diputadas María Liliana Schwindt y Marisa Lourdes Uceda, respectivamente, tomadas de la versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2021.

Bibliografía

Murillo, M. V. “La democracia argentina, entre vaivenes e incrementalismo” en Revista SAAP  Vol. 11, Nº 2, noviembre 2017.