El Salvador, el territorio más pequeño del Triángulo Norte, con apenas 6.4 millones de habitantes, se ha convertido en un nuevo campo de batalla de la geopolítica mundial. Posee una economía dolarizada desde el 2001 y Estados Unidos se ha mantenido a lo largo del tiempo como su principal socio comercial, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones. Sin embargo, desde la asunción de Joe Biden, las relaciones entre ambos países se han tensionado. Por otra parte, la reciente promulgación de un convenio de cooperación económica y técnica entre el país centroamericano y la República Popular de China reafirma lo que muchos analistas ya preveían: la ruptura que representa Bukele se da tanto a nivel doméstico como en política exterior y podría significar un cambio de bando. Un tira y afloje político y económico, atravesado por ideologías, valores e intereses, determinará si El Salvador se convertirá en un enclave chino en el patio trasero estadounidense.

El martes 18 de mayo, y en menos de 24 horas, la Asamblea Legislativa de El Salvador dio ingreso al expediente que contenía el convenio de cooperación con China y convocó a la Comisión de Relaciones Exteriores a reunirse. La comisión emitió dictamen favorable del expediente, que volvió al pleno para su aprobación y siguió su camino al Poder Ejecutivo, quien lo promulgó a través del Diario Oficial. Todo gracias a la mayoría calificada que el oficialismo, Nuevas Ideas, posee en el órgano legislativo tras su aplastante victoria en las elecciones del 28 de febrero de 2021. 

La Asamblea, desde la asunción de los nuevos diputados el 1 de mayo, ha demostrado que no se presta como espacio para la discusión y negociación política, sino que, en palabras del propio Bukele, “no negociaremos con ellos (la oposición), pero no por soberbia o por prepotencia, sino porque ese fue el mandato del pueblo salvadoreño: no negociar con los mismo de siempre”. Es por esto que las voces disidentes, como fue el caso de la diputada Marcela Villatoro del partido ARENA, fueron desestimadas durante la discusión. Aún cuando sus pedidos versaban sobre la lectura del contenido del expediente o la revisión de las disposiciones referidas a la no aplicabilidad de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

¿Qué contiene exactamente el convenio? Se trata de una inversión no reembolsable por parte del gobierno chino por un valor de $500 millones de dólares para llevar a cabo proyectos completos de construcción en los sectores de bienestar social, que incluye aspectos como la infraestructura pública, agua y saneamiento, energía y salud, entre otros, de mutuo interés. China queda a cargo de la investigación, el diseño, la construcción y la entrega del proyecto en forma de “llave en mano”, ofreciendo los materiales productivos, productos técnicos o equipos individuales, con los servicios técnicos que sean necesarios. El Salvador, por su parte, sólo debe facilitar su trabajo. 

El diputado Ernesto Castro (Nuevas Ideas), presidente del órgano legislativo, celebró la aprobación del convenio argumentando que “el gobierno de China no nos está poniendo ninguna condición, no hay tratos bajo la mesa, todo es transparente, como reitero, es el resultado del gran trabajo que el presidente Nayib Bukele realizó durante su gira” -haciendo referencia a la gira presidencial de Bukele a Asia en 2019-. Declaraciones similares surgieron del diputado Caleb Navarro (Nuevas Ideas), quien hizo alusión explícita a la tensión que dicho convenio representaba para la relación del país con Estados Unidos: “Aquí no se trata de tergiversar o de venir a confundir a la población. Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro principal socio comercial, pero ahora también estamos abriéndonos al mundo para ampliar nuestras relaciones diplomáticas”.

Pero la reacción desde el gigante del norte no fue tan comprensiva. Julie Chung, Subsecretaria en funciones de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., respondió al tweet de Bukele que hacía referencia a las bondades del convenio diciendo: “Señor presidente, nada de China viene sin condiciones.”

Este no es el primer comentario de advertencia que Bukele recibe. Tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del Fiscal General durante la instalación de la nueva Asamblea el pasado 1 de mayo, Estados Unidos fue una de las voces más críticas de las acciones emprendidas por el oficialismo. La propia vicepresidenta Kamala Harris instó, en diversas oportunidades, a un retorno del orden democrático y a garantizar la separación de poderes. Congresistas estadounidenses como Norma Torres, Albio Sires, Patrick Leahy y Bob Menéndez también manifestaron su preocupación por la situación en El Salvador y demandaron que el gobierno de Joe Biden condicione la ayuda económica y el financiamiento internacional al respeto por los principios democráticos.

Además de la reprobación pública y de los comunicados emitidos, el 21 de mayo tuvo lugar la primera muestra concreta de retiro de apoyo económico: la agencia USAID emitió un comunicado a través del cual anunció que, debido a su preocupación por el avance sobre el Poder Judicial, habían tomado la decisión de reorientar la asistencia financiera que se le brinda a estas instituciones, a la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). De acuerdo con el texto publicado, el dinero será destinado a “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”.

Ante este hecho, el presidente Nayib Bukele escribió en Twitter: “Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil). *El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado. Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades.” 

¿El contexto de su respuesta? El gobierno de Bukele se encuentra actualmente impulsando, a través de una “Comisión Especial para Investigar el Destino Final de los Fondos que la Asamblea Legislativa ha Aprobado para Organizaciones, Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro” creada al interior de la Asamblea, la investigación de organizaciones que han recibido fondos públicos. Si bien no se ha hecho público el listado con el que trabajará la Comisión Especial, diversos tweets publicados por funcionarios y diputados como Elisa Rosales o Walter Aleman sugieren que podría incluir a organizaciones como Acción Ciudadana, ANEP, CEJ, Cristosal, Fudecen, Fudecso, Funde y Fusades, entre otras.

Mientras el Estados Unidos de Biden busca mantener la defensa y promoción de la democracia como uno de los pilares de su relación bilateral con El Salvador, la República Popular de China toma ventaja del vacío de poder que se deja en los actos de rebeldía que protagoniza Bukele. Sus avances sobre América Latina no son nuevos y han sido ampliamente estudiados por la literatura; sin embargo, factores como la pandemia del COVID-19 han arrojado nueva luz sobre las formas que puede adquirir su creciente influencia en el continente. 

El 18 de mayo, el Ministerio de Salud (MINSAL) de El Salvador publicó una nota de prensa en la que daba cuenta de la recepción del cuarto lote de vacunas provenientes de China. “Agradecemos el apoyo del Gobierno de la República Popular de China y su presidente Xi Jinping, ya que nos permite tener más herramientas para garantizar la seguridad de la población salvadoreña”, expresó Francisco Alabí, titular de la cartera de salud, al tiempo que la embajadora china, Ou Jianhong, felicitaba al país por ser referente en su manejo de la pandemia.

El gobierno de Xi Jinping, a diferencia del de Biden, no guía su relación bilateral con El Salvador en términos de principios democráticos, separación de poderes o respeto por los derechos humanos. No fue uno de los múltiples actores de la comunidad internacional que se pronunció en contra de las destituciones que tuvieron lugar el 1 de mayo en la Asamblea. Y fue estratégico al posicionarse como el principal proveedor de las dosis contra el COVID-19 que el país está administrando para inmunizar a su población en un contexto en el que Estados Unidos, hasta el momento, no ha sabido capitalizar de forma temprana el poder de las negociaciones y donaciones de vacunas como instrumento de la diplomacia.

Las relaciones entre China y El Salvador son aún jóvenes: el país centroamericano decidió cortar lazos con Taiwán y establecerlos con China en 2018. Aunque fue recibido inicialmente con reticencia por parte de la población, el comercio con China superó los números que se veían con Taiwán. En este sentido, China se mantiene últimamente como la segunda fuente de importaciones, según datos del Banco Central de Reserva. “Las relaciones entre China y El Salvador son de Estado a Estado, superan lo ideológico y los intereses partidarios, para enfocarse en los intereses fundamentales y de largo plazo de ambos países y sus pueblos”, señaló la embajadora Ou. Y la escasa trayectoria entre ambos sólo amplía las posibilidades de trabajo conjunto en el futuro cercano.

El caso salvadoreño se vuelve así un fenómeno de sumo interés para analizar la pelea de poder mundial: Estados Unidos, bajo un gobierno demócrata, pareciera estar perdiendo terreno en su propio patio trasero frente a una China que dice desconocer de ideologías e intereses partidarios, y que supo, en la pandemia del COVID-19, renacer -después de un inicio tumultuoso- para ratificar su posición como un jugador central en el mundo de la pospandemia. Frente a los avances de Bukele sobre las instituciones democráticas y el espacio cívico, y su acercamiento cada vez mayor con el rival de su socio histórico, resta ver qué otras medidas concretas de mayor envergadura podría aplicar Estados Unidos para no perder su influencia en la subregión centroamericana.